Pedro Sánchez recorre el mismo camino que años anteriores. Cuando se acerca la fecha que él mismo se había marcado como tope para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, lanza el balón hacia delante. Lo aleja más. Hasta ahora, el Gobierno se daba hasta el 31 de marzo, final del primer trimestre del año, para aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de ley de cuentas públicas. Pero todo apunta a que se saltará ese tope. Que el texto no llegará a tiempo. En esta ocasión, porque la "prioridad" del Ejecutivo es sacar adelante el primer "plan de respuesta integral" a la guerra en Irán. No hay, de momento, nuevo deadline, nuevo horizonte para unos nuevos PGE, los primeros en ser redactados en esta legislatura, que no obstante hoy por hoy tendrían imposible aprobación. El presidente aparcaba sus intenciones el mismo día en que Salvador Illa se veía obligado a retirar sus propias cuentas de la Generalitat tras un acuerdo con ERC para darse ambos más tiempo para negociar. En Madrid y Barcelona se producía un gesto similar, de pausa presupuestaria, aunque por razones y contextos diferentes. Y con consecuencias diferentes.
Sánchez comenzó el curso político, tras una despedida durísima antes del verano por la imputación y encarcelamiento provisional de su número tres en el PSOE, Santos Cerdán, con el compromiso de que esta vez sí su Gobierno presentaría los Presupuestos, aun a riesgo de que se los tumbara el Congreso. Más tarde, apuntó que llegarían a la Cámara para diciembre, pero en el camino se cruzaron las elecciones adelantadas en Extremadura. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, recalculó su hoja de ruta: se presentaría el proyecto de ley "en el primer trimestre" de 2026. Y era el objetivo sostenido hasta este mismo miércoles.
El Gabinete lanzó varias señales durante el día. Primero fue la propia Montero en la sesión de control en el Congreso. El secretario general del PP, Miguel Tellado, le afeó que el Ejecutivo hubiera incumplido tres veces el mandato constitucional de llevar las cuentas a la Cámara. Porque lo cierto es que los PGE que están en vigor son los de 2023, aprobados en 2022 por el anterior Gobierno de coalición —de PSOE y Unidas Podemos— y otra composición del hemiciclo, y prorrogados en 2024, 2025 y 2026. "Seguimos trabajando para traer unos Presupuestos durante este año", respondió la vicepresidenta, para defender que la prórroga de las cuentas es "plenamente constitucional" porque permite presentar iniciativas políticas y armar respuestas como el inminente decreto ley de respuesta a la guerra de Irán. Durante este año, dijo Montero. Ahí estaba el matiz. Ya no había un compromiso de fecha cerrada por parte del Ejecutivo. "Lo prioritario, lo urgente", adujo después la vicepresidenta en declaraciones a los periodistas, es la confección del paquete de medidas para mitigar el impacto de la escalada bélica en Oriente Próximo.
Montero había dado una primera pista cuando, preguntada por Tellado, aseguró que seguiría trabajando para presentar los Presupuestos "durante este año". No había ya 'deadline'
Más tarde, y durante la rueda de prensa con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras su reunión en la Moncloa, el propio Sánchez dejó en el aire el umbral del 31 de marzo. Cuando los periodistas le preguntaron si seguía manteniendo su intención de presentar el proyecto de PGE antes de que acabe marzo, el presidente dio una larga cambiada. No lo aclaró, pero desde luego no reafirmó su compromiso. Señaló que ahora mismo está "gestionando una de las mayores crisis" que ha tenido que afrontar en sus casi ocho años de mandato, y que tenía que volcar todos sus esfuerzos en ella.
"Creo que es importante que los ciudadanos españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo, que sufre Europa, y las consecuencias que estamos viviendo en términos no solamente de muertes de personas civiles o el desplazamiento de millones de personas en Oriente Medio, sino también del impacto socioeconómico que va a tener sobre nuestros hogares". Sánchez insistió en que su Ejecutivo "no avala esta guerra", pero sí pondrá "todos los instrumentos del Estado" para "proteger" a ciudadanos y empresas. "Y es lo que vamos a hacer", cerró.
El Ejecutivo aduce que está "centrado" en el conflicto en Oriente Próximo: viernes 20, paquete de medidas; miércoles 25, comparecencia del presidente; jueves 26, debate y convalidación
Fuentes del Ejecutivo apuntaban que ahora es bastante más complicado que pueda salir adelante el proyecto de ley, porque el Gobierno está "centrado" en la guerra de Irán, en monitorizar los efectos negativos y en la precisión de la respuesta. El calendario no rema a favor: el Consejo de Ministros se reunirá este viernes de manera extraordinaria para dar luz verde al real decreto ley de medidas —un texto precedido por las fuertes tensiones entre PSOE y Sumar—; el próximo miércoles, 25 de marzo, el presidente del Gobierno comparecerá en el Congreso para dar cuenta de su posición sobre el conflicto en Oriente Próximo y al día siguiente, jueves 26, la Cámara baja someterá a debate y votación el propio decreto. Los socialistas esperan que no se tropiece con obstáculos y que por tanto Junts pueda apoyarlo. De ahí que casi con toda seguridad no contendrá medidas de vivienda, como le exigen sus socios, porque sería la excusa a la que podrían agarrarse los posconvergentes para echar abajo todo el texto. "No se la juegue esta vez", le había advertido a Sánchez este miércoles en la sesión de control la portavoz del PNV, Maribel Vaquero.
¿Los presentará Montero?
Al alejarse la ventana de presentación de los Presupuestos, ya es cada vez más probable que quien no llegará ni a defenderlos en Consejo de Ministros es la propia Montero. Todo dependerá de cuándo convoque Juanma Moreno las elecciones en Andalucía. La sensación que tienen en la cúpula del PSOE andaluz, que dirige la propia vicepresidenta primera, es que gana enteros la posibilidad del domingo 31 de mayo, y en ese caso el jefe de la Junta tendría que firmar el decreto de convocatoria de los comicios 54 días antes. Esto es, el 6 de abril, lunes de Pascua, para que saliera publicado y entrara en vigor al día siguiente.
La opción del domingo 7 de junio parece completamente descartada, porque coincide con la visita del papa León XIV a España. El Pontífice no pisará Sevilla, pero se calcula que buena parte de la feligresía católica andaluza puede desplazarse hasta las ciudades en las que sí estará —del 6 al 9, en Madrid, del 9 al 11, en Barcelona, y del 11 al 12, en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife—. La siguiente ventana posible, por tanto, sería el 14 de junio, para lo que Moreno tendría que convocar las elecciones el 20 de abril. Si prefiere más tarde, el domingo 21, tendría que suscribir el decreto el 27 de abril. La última alternativa, más improbable, por lo tardía, sería el 28 de junio, y en ese caso el Parlamento andaluz se disolvería el 4 de mayo. Es decir, que a Montero le quedarían en el Gobierno apenas unas semanas. Como máximo, mes y medio. Ella ya ha dejado claro que abandonará el Gabinete en cuanto Moreno convoque los comicios, aunque sí permanecerá en Madrid como diputada en el Congreso hasta que tome posesión de su acta como parlamentaria andaluza.
Se apaga la posibilidad de que la vicepresidenta presente sus últimos PGE, porque Moreno podría convocar los comicios el 6 de abril para que tengan lugar el 31 de mayo. Tope, el 4 de mayo
Se apaga, por tanto, la posibilidad de que la ministra de Hacienda desde 2018 presente sus últimos PGE, que serían a su vez los primeros de esta legislatura. Desde el entorno de la vicepresidenta ya venían quitando hierro en las últimas semanas a esa posibilidad: ella cree que ha podido culminar dos carpetas muy complicadas, cerrando sendos acuerdos con ERC. Por una parte, la quita de la deuda autonómica —proyecto que ya está en el Congreso, pero que aún no ha pasado por el debate de totalidad—, y por otro la reforma del modelo de financiación, que ya fue objeto de discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado enero pero que, en teoría, no estará listo para llevar a la Cámara baja hasta junio. La condonación de la deuda sí tendría más posibilidades de salir adelante porque Junts ha ido levantando objeciones. El cambio del sistema de financiación autonómica tiene, en cambio, casi garantizado el naufragio por el rechazo de los posconvergentes.
Los Presupuestos han sido una misión imposible para el Gobierno desde el comienzo de legislatura. Siempre por la misma razón: el altísimo precio de los independentistas, especialmente Junts, y de Podemos, con intereses contrapuestos. El Ejecutivo ya desistió de presentarlos en 2024 por el anticipo electoral en Cataluña. Después, prometió llevar las cuentas al Congreso en el primer trimestre de 2025, pero de nuevo no cumplió y el texto nunca llegó a salir del cajón de Hacienda. Pero el jefe del Ejecutivo sí se comprometió firmemente a que esta vez sí enviaría los PGE a la Cámara baja, aunque no concitara los apoyos suficientes. En 1995 y 2019, en ambas ocasiones con presidente socialista —Felipe González y el propio Sánchez—, un rechazo del Parlamentario al proyecto condujo al adelanto de las generales. Sánchez se ha hartado de repetir que aunque le devolvieran el texto no movería las elecciones: estas llegarán en julio de 2027. El jefe del PSOE está determinado a agotar legislatura aun sin tener unos nuevos PGE en cuatro años.
Sánchez defiende que puede agotar legislatura sin unos nuevos PGE. Sostiene que a fin de cuentas los vigentes, los de 2023, son unas cuentas de su Gobierno y permiten crecer y crear empleo
Es más, el presidente y todo su equipo han repetido que los de 2023 son unos Presupuestos perfectamente valiosos, porque han permitido que España siga creciendo por encima de la media europea y creando empleo. Y han subrayado que han sido redactados por el Gobierno progresista y además están dopados por los fondos europeos. "Con estos Presupuestos que tenemos podemos dar respuesta a todas las eventualidades derivadas, por ejemplo, de la crisis por la guerra de Irán, como ocurrió con la crisis de Ucrania —justificaba la semana pasada el propio líder socialista hace una semana en una entrevista en elDiario.es—. Yo tengo ya mis Presupuestos. Es una Administración que tiene unos Presupuestos que están respondiendo a los objetivos que nos hemos marcado durante esta legislatura. Los Presupuestos no dejan de ser un instrumento para alcanzar un fin determinado. Si no obedeciera[n] a esos fines, evidentemente tendría que pensar en otros escenarios, pero no es el caso".
"No es la mejor idea"
Esta era una diferencia con Illa. El president fue investido con los votos de ERC y comunes en agosto de 2024 y, desde entonces, tampoco ha podido aprobar unas cuentas propias. Las que están en vigor, las de 2023, las redactó el Govern anterior, el que presidió el republicano Pere Aragonès. Por eso Illa decidió apretar. El pasado 27 de febrero, su Ejecutivo acordó unos nuevos Presupuestos de 49.162 millones de euros, 9.126 millones más (un aumento del 22,8%) que los de 2023. Tenía el sí de los comunes, pero no el aval de ERC. La formación de Oriol Junqueras presionó para obtener lo que había firmado para la investidura de Illa en 2024: la cesión de la recaudación del IRPF, a lo que el Gobierno de Sánchez se niega totalmente. ERC acabó presentando una enmienda de totalidad. Este viernes, 20 de marzo, se jugaba la suerte del proyecto, en el debate de totalidad. Si los republicanos no cedían, el texto decaía. ¿Habría entonces nuevos comicios? "En momentos inciertos, convocar elecciones no es la mejor idea", había asegurado el president el una entrevista con La Vanguardia el pasado domingo.
Illa y ERC pactan seguir negociando para "aprobar" nuevas cuentas antes de que concluya junio. El Govern acuerda este jueves un suplemento de crédito de 5.000-6.000 M€ con el 'sí' de Junqueras
La única salida posible, en caso de que ERC no reculase, era una retirada del proyecto. Y eso fue lo que se materializó este miércoles. Poco antes de las nueve de la mañana, PSC y Esquerra hicieron público un comunicado conjunto por el que el Govern levantaba su texto del Parlament para dar más tiempo a la negociación. Las dos fuerzas se comprometían a seguir hablando para aprobar unos nuevos Presupuestos "antes de finalizar el actual periodo de sesiones", antes de que acabe junio.
A cambio, y para que la Administración disponga de los "recursos necesarios" para que los servicios públicos sigan funcionando adecuadamente, el Ejecutivo aprueba este jueves un suplemento de crédito de entre 5.000 y 6.000 millones de euros, medida que respaldará ERC en el Parlament. "Es hora de que la responsabilidad vaya más allá de la retórica, es hora de traducir la responsabilidad en hechos y soluciones", avisó el president en una declaración institucional en Palau, en la que reiteró su tesis de que Cataluña "necesita Presupuestos". "Los catalanes nos piden poner lo que nos une, que es mucho, por encima de lo que nos separa", añadió.
El líder de los republicanos ya no pone la cesión del IRPF como una condición indispensable, sino como "muy importante", pero su partido se abre a valorar "propuestas alternativas" que le plantee el Govern
Socialistas y republicanos, por tanto, pulsan el pause y esperarán hasta junio. La fecha es relevante porque para entonces habrán pasado las elecciones andaluzas y Montero ya tendrá sustituto (o sustituta) en Hacienda. Junqueras ha exigido en todas estas semanas el traspaso del IRPF, demanda a la que Sánchez y Montero ya dijeron que no, pero este miércoles, tras el acuerdo con el Govern, bajó el pistón. La cesión de la recaudación del impuesto de la renta ya no era una condición indispensable para sentarse a negociar con los socialistas. Ahora es, simplemente, una condición "muy importante", pero su partido se abre a valorar "propuestas alternativas" que pueda hacer Illa. ¿Cuáles? El líder independentista deslizó en rueda de prensa en Barcelona que una fórmula plausible puede ser la negociación de más competencias para Cataluña.
Una "salida digna" para el 'president'
Junqueras, jefe de un partido todavía muy dividido y herido tras el descalabro de las autonómicas de 2024, celebró la retirada de las cuentas públicas, un gesto inédito en Cataluña en este punto de la tramitación parlamentaria. ERC, subrayó, "ha hecho lo que dijo que haría, no aprobar unos Presupuestos presentados de forma unilateral por el Govern sin haberlo consensuado".
PSC y ERC alejan, por tanto, el riesgo de un anticipo electoral en Cataluña que no convenía a ninguno de los dos partidos, con una legislatura que todavía no ha llegado a su ecuador y con el peligro de que las urnas arrojen un Parlament aún más difícil de gobernar, en el que las izquierdas no lleguen a los 68 diputados de la mayoría absoluta y en el que tendría mayor presencia la ultraderecha de Vox y de Aliança Catalana. Además, Junqueras no podría ni ser candidato todavía, ya que continúa inhabilitado pues no se le ha aplicado la ley de amnistía. En ERC insisten en que el traspaso del IRPF sigue estando "en el centro", aunque se abren a escuchar alternativas. Y remarcan que no ceden en sus pretensiones, pero que entendían que debían buscar una "salida digna" al president, dado que es él el que retira su proyecto. Junqueras e Illa se habían reunido el martes por la tarde en el Palau de la Generalitat para cerrar el acuerdo anunciado ayer. "La contrapartida no es que nosotros renunciemos al IRPF, sino evitar al Govern un golpe brutal al ver tumbados sus Presupuestos", explican. En ERC señalan que si el PSC convence de que hay propuestas "mejores", dado que esa transferencia está encallada, pues entonces puede llegar el acuerdo. Además, el reloj se pone "a cero" y las negociaciones se reinician, sin que Junqueras tenga que "aceptar un trágala".
El anticipo electoral en Cataluña no convenía a ninguno de los dos partidos, con una legislatura que no ha llegado al ecuador y con el peligro de que las urnas arrojen un Parlament ingobernable
No lo ven igual en la Generalitat. En el entorno del president aseguran que ERC quiere hacer ver que "manda" y que "marca sus tiempos". "Junqueras quiere ganar tiempo para que le levanten la inhabilitación —continúan las mismas fuentes—. Pero hay sectores dentro de su partido que están en contra de él y a favor de un acuerdo, de un acuerdo de izquierdas porque la vía independentista está aparcada y no hay feeling posible con Junts. Y saben que lo del IRPF no va a ser posible ahora y no es algo que dependa de Illa. El president puede presionar, pero quien decide es el Gobierno central, no el PSC. Del IRPF no se ha hablado nada. Habrá que explorar otras cosas en la negociación".
En el Ejecutivo de Sánchez insisten en que no hay "ninguna novedad" respecto al IRPF. Las cosas, por tanto, siguen como estaban: ni Hacienda ni la Moncloa se mueven del no, porque no es una postura de la vicepresidenta, por el peligro de que una cesión más arruine su campaña en las andaluzas, sino una posición "de Gobierno". "No hemos vuelto a tener contacto con ERC sobre este tema, y a nosotros no nos han trasladado nada de que acepten fórmulas que podríamos estudiar, como la cogestión". El Ejecutivo no ha tenido "nada que ver" en la retirada de los Presupuestos por parte de la Generalitat, señaló Montero a los periodistas en el Congreso.
El Ejecutivo central insiste en que no hay "ninguna novedad" respecto al IRPF, y que no se moverá del 'no', aun después de andaluzas. Montero dice que no ha tenido "nada que ver" con la retirada
Dos Presupuestos aparcados. Unos, los del Estado, con muchas dudas y dificultades para poder recabar los apoyos necesarios. Otros, los catalanes, que probablemente sí puedan prosperar, pero más adelante. Cuando se resuelvan las últimas urnas de este intenso semestre electoral: las de Andalucía.
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