¿El exilio republicano, crimen contra la humanidad? Dos nietas de un militante de CNT-FAI se querellan contra el franquismo

Las hermanas Sonia Isabel y Silvia Garófalo Robles han presentado una querella criminal por el exilio forzado de su abuelo, Luis Robles Francisco, durante la Guerra Civil, en lo que consideran un caso constitutivo de crimen contra la humanidad. Se trata, según sus promotoras, de la primera acción judicial en España que aborda específicamente el exilio republicano como forma de deportación o desplazamiento forzado.

La querella se ha registrado en los Juzgados de Instancia de Barcelona y se dirige contra los militares que participaron en el levantamiento del 18 de julio de 1936, así como contra los responsables del aparato estatal durante la dictadura franquista. También incluye a quienes formaron parte del tribunal militar que procesó a Robles por un delito de “auxilio a la rebelión”.

Luis Robles Francisco, obrero de la construcción y militante de la CNT-FAI, residía en Barcelona junto a su esposa cuando el avance de las tropas sublevadas y la represión posterior le obligaron a huir a Francia en febrero de 1939, junto a decenas de miles de personas. Su familia perdió entonces el negocio de tapicería que regentaba en la Rambla barcelonesa.

Exiliado en Argentina

Ya en territorio francés, fue internado en los campos de refugiados de Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien y Le Vernet, donde, según la querella, padeció condiciones de hacinamiento, escasez y falta de asistencia sanitaria. Durante la Segunda Guerra Mundial fue incorporado de forma forzada a trabajos para la Organización Todt, vinculada al régimen nazi, de la que logró escapar antes de integrarse en una unidad de resistencia contra la ocupación alemana en Francia.

Tras el conflicto mundial permaneció en el exilio y en 1952 se trasladó a Argentina, donde fijó su residencia definitiva hasta su fallecimiento en 1984. No regresó a España al haber sido declarado en rebeldía en un proceso militar, lo que, según el relato de los hechos, impedía su retorno en condiciones de seguridad.

La querella sostiene que su expulsión del país se produjo en el marco de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil” y encuadra los hechos en la categoría de crímenes contra la humanidad conforme al derecho internacional.

El caso se enmarca en el contexto del exilio republicano provocado por la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Solo en la fase final del conflicto, tras la caída de Cataluña en 1939, cerca de medio millón de personas cruzaron la frontera hacia Francia. Muchas fueron internadas en campos de concentración y de trabajo, y miles acabaron deportadas a la Alemania nazi durante la ocupación.

Según estimaciones recogidas en la querella, unos 9.000 españoles fueron recluidos en campos de concentración nazis, de los que más de 5.000 murieron antes de la liberación. A estas cifras se suman otras oleadas de exiliados a lo largo del conflicto, que afectaron a cientos de miles de personas.

Esta iniciativa se suma a más de 125 querellas presentadas en España para investigar los crímenes del franquismo. La mayoría han sido archivadas por los tribunales, en un contexto que las organizaciones impulsoras, como CEAQUA, consideran marcado por la persistencia de la impunidad desde la Transición, pero que el ordenamiento jurídico español circunscribe a la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977.