Las auditoras de Transportes ratifican que la empresa de Aldama conocía la compra de mascarillas antes de publicarse: "Alguien se lo comunicó"

Las inspectoras del Ministerio de Transportes que elaboraron en 2024 la auditoría interna sobre la compra de mascarillas durante la pandemia han ratificado este jueves su informe ante el Tribunal Supremo y han asegurado que la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al comisionista Víctor de Aldama, conocía la operación antes de que se publicara la orden ministerial con la oferta formal. "Era evidente que alguien se lo estaba comunicando", ha afirmado la inspectora Sara Anguita durante su declaración en la novena jornada del juicio del 'caso mascarillas'.

Tanto Anguita como su compañera Ana Balbás fueron las encargadas de la auditoría interna encargada en 2024 por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente. Sus conclusiones cuestionan tanto el origen de la adjudicación a Soluciones de Gestión desde Puertos del Estado y Adif —entidades dependientes del departamento entonces encabezado por José Luis Ábalos— como el incremento del volumen del contrato.

Según han detallado ante el Salón de Plenos, en un principio, los técnicos del Ministerio estimaron las necesidades de material sanitario en cuatro millones de mascarillas para un período de 15 días, en línea con la duración prevista del primer estado de alarma. Esta información la extrajeron de los correos internos entre los trabajadores de Transportes. "Sobre las siete de la tarde del 19 de marzo de 2020 los últimos datos de estimación eran de cuatro millones para 15 días (...) Esto se corrobora al día siguiente cuando en los correos ya no se hace una estimación, sino una confirmación: 'Vamos a comprar cuatro millones'", ha detallado Anguita.

Sin embargo, en apenas 38 minutos, esa previsión se duplicó hasta los ocho millones de unidades, elevando también el importe del contrato de 12 a 24 millones de euros. "La detección de necesidades técnicamente fue de cuatro millones y se ratifica con esa orden firmada", explicó Balbás. El salto posterior, subrayaron, no aparece justificado ni por nuevas estimaciones ni por documentación adicional. "Ni verbal ni por escrito he encontrado otra cosa", insistió Anguita.

Ese cambio constituye uno de los elementos clave que analiza el tribunal, que trata de dilucidar si respondió a una necesidad real o si fue una modificación posterior planeada por Ábalos y su exasesor Koldo García para beneficiar a Soluciones de Gestión. La investigación judicial sugiere la posibilidad de que el exministro o 'mano derecha' hubieran mantenido contactos previos con la empresa en el marco de un presunto "concierto de voluntades" que tenían con Aldama.

En este sentido, Anguita ha asegurado que la oferta de venta de material sanitario de Soluciones llegó a Transportes el 20 de marzo de 2020, un día antes de que se publicara la orden ministerial que recogía la compra de mascarillas. "Cuando me entrevisté con el subsecretario [Jesús Manuel Gómez], le pregunté: 'Es evidente que alguien le está comunicando algo a la empresa, porque si no, ¿cómo lo saben?'. Él me respondió que no lo sabía", ha relatado.

Durante su declaración, las inspectoras ratificaron su trabajo y aclararon el alcance de la auditoría, subrayando que se trataba de una revisión interna, no de una investigación judicial. "Nuestros medios son muy limitados", reconoció Anguita, que explicó que su análisis se basó en documentación oficial, correos corporativos y entrevistas con personal del Ministerio. "No tenemos acceso a correos personales ni a ningún otro medio externo", precisó.

En la misma línea, Balbás recalcó que la selección de entrevistados no respondió a una lista predefinida, sino que fue surgiendo a medida que avanzaba el análisis documental. "No son diligencias previas contra nadie, sino una auditoría sobre la implementación de unas órdenes ministeriales", explicó.

La subdirectora general de Inspección, Belén Roel, quien designó a las inspectoras, defendió también el procedimiento seguido. Según indicó, la asignación del trabajo se realizó en función de la carga y la experiencia de cada técnica, y las directrices fueron las recogidas en la propia orden ministerial que dio origen a la auditoría. Además, recordó que todo el proceso está sujeto a un estricto deber de sigilo.

Una auditoría con "sesgos y apreciaciones subjetivas"

Junto a las inspectoras del Ministerio también compareció una experta en compliance, Lourdes del Amo, contratada por la defensa del exministro José Luis Ábalos para revisar la auditoría encargada por Transportes. En su intervención, Del Amo sostuvo que el informe impulsado por el departamento que dirige Puente presenta "juicios de valor" y "sesgos" que comprometerían su objetividad.

Además, la contraperito ha deslizado dudas sobre el momento en que se llevó a cabo la auditoría, cuatro años después de los hechos: "Se podría haber hecho en 2021 y se hizo coincidiendo con unos sucesos de orden público conocidos por todos". El 'caso Koldo' estalló en febrero de 2024 con la detención del "hombre para todo" del ministro Ábalos. Puente encargó el informe en marzo de 2024.

La experta, que analizó la auditoría desde un punto de vista técnico, ya había apuntado previamente a una posible "falta de transparencia" por la ausencia de determinados anexos en el expediente. No obstante, matizó que esa limitación no le impidió alcanzar las conclusiones de su informe, centrado en evaluar si el trabajo se ajustaba a los estándares técnicos exigibles: "Esos sesgos y apreciaciones subjetivas lo aparta de la metodología requerida".

La disputa sobre la validez de esa auditoría ha protagonizado las últimas jornadas de juicio. Desde el primer momento, tanto Ábalos como Koldo han sostenido que se trató de un documento "sesgado" y con "motivación política", diseñado para desacreditarles en paralelo al procedimiento judicial que ya había arrancado en la Audiencia Nacional. De hecho, el exministro se querelló contra las autoras del informe por presuntos delitos de falsedad documental y falso testimonio.

Ábalos llegó a afirmar que no existía un precedente en el que un ministro hubiera impulsado una investigación interna sobre su propio predecesor del mismo partido, y denunció que el informe tuvo una "trascendencia efectiva" en su imputación, al ser incorporado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en la exposición razonada que elevó al Supremo.