Los rescates que el Gobierno aprobó en 2020 y 2021 para las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra —de 475 y 53 millones de euros, respectivamente— no han dejado de generar quebraderos de cabeza al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La judicialización del segundo y las dudas crecientes sobre el primero amenazan con convertirse en un nuevo foco de desgaste político en una legislatura ya tensionada por numerosos escándalos. Esta semana, Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, matriz de Air Europa, compareció como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio del denominado 'caso mascarillas'. Su testimonio era uno de los más esperados.
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La Fiscalía sostiene que el exministro de Transportes José Luis Ábalos actuó de forma deliberada en favor de los intereses del empresario Víctor de Aldama, entonces asesor de la aerolínea, y que posteriormente fue recompensado por ello. En concreto, le atribuye haber promovido, a instancias de Aldama, la publicación de una nota de prensa del Ministerio el 8 de agosto de 2020 que "anticipaba la posición favorable" del Gobierno respecto al rescate, finalmente aprobado en noviembre de ese mismo año.

Hidalgo rechazó de plano ese relato. Ante los magistrados de la Sala de lo Penal, con rostro hierático e impasible, aseguró este martes que nunca tuvo constancia de dicha nota, que según sostuvo ni se produjo ni fue solicitada por la compañía. El único respaldo institucional del que dispuso Air Europa, explicó, fue un comunicado remitido el 9 de septiembre por la SEPI, que les permitió acreditar ante sus acreedores que el proceso de rescate estaba en marcha.

El exdirectivo también negó cualquier contraprestación económica. Rechazó haber abonado 500.000 euros a Ábalos o a su entonces asesor Koldo García, y aseguró desconocer por completo el supuesto alojamiento vacacional en Marbella para el exministro que el fiscal sitúa como una posible mordida vinculada a las gestiones desde Transportes en favor del rescate.

Sí admitió, en cambio, que Aldama formó parte de la estructura de la compañía durante cerca de dos años como un "canal de comunicación" con distintos ministerios, y que en un principio fue contratado para recuperar el dinero que Venezuela debía a Air Europa. "Era un canal transmisor, simplemente", precisó Hidalgo, subrayando que toda la documentación se tramitaba formalmente a través de la aerolínea. También reconoció que en alguna ocasión acudió con él a reuniones con miembros del Gobierno, concretamente en las carteras de Transportes y de Economía.

Ese extremo enlaza con el testimonio que había prestado unos minutos antes Ana María Aranda, exsecretaria de Ábalos, quien situó a Hidalgo en al menos dos reuniones celebradas en el Ministerio junto a Aldama. Esta cuestión fue explotada políticamente en el Senado el jueves, donde el exCEO de Globalia compareció dos días después de testificar en el Supremo en una de las comisiones de investigación impulsadas por el Partido Popular.

En la Cámara Alta, el senador Alejo Miranda le acusó de haber faltado a la verdad, al sostener que en la Audiencia Nacional, en septiembre de 2024, negó haberse reunido con Ábalos, mientras que en el juicio admitió esos encuentros tras la declaración de la exsecretaria. Hidalgo, que optó por acogerse a su derecho a no responder al resto de preguntas, sí intervino en ese momento para rechazar esta acusación. Aseguró que se estaban sacando sus palabras de contexto y distinguió entre las reuniones relativas a los vuelos de material sanitario, sobre las que fue interrogado en la Audiencia Nacional, y las mantenidas posteriormente para abordar el rescate. "Si pone los cortes que le interesan, me está acusando de un delito", reprochó al senador, visiblemente molesto.

En su declaración ante el Supremo, Hidalgo subrayó además la urgencia financiera que atravesaba el grupo en aquel momento. Según explicó, Globalia solo había recibido 140 millones de euros al inicio de la pandemia, frente a los cerca de mil millones que percibieron otros competidores, como Iberia, lo que provocaba que "la sangría de caja" fuese "muy importante". Pese a ello, defendió que el rescate, al que se refirió siempre como "el préstamo", se concedió en condiciones especialmente exigentes, incluso "sibilinas", que terminaron "estrangulando a la compañía".

Entre otras exigencias, destacó que se contemplaba la salida del consejero delegado, cargo que él ocupaba entonces. "Es el préstamo con peores condiciones que se ha dado, no solo en España, sino en el mundo entero, y que por cierto hemos devuelto con un año de antelación y 140 millones de intereses", afirmó. También rechazó de forma expresa que Begoña Gómez influyera en la concesión de las ayudas.

La sombra de Begoña Gómez

La figura de Gómez y su supuesto papel en el rescate ha sobrevolado la operación para salvar a Air Europa desde que se hizo público que la esposa de Pedro Sánchez coincidió en septiembre de 2019 con Aldama e Hidalgo en un hotel de San Petersburgo, donde se celebraba un evento de la Organización Mundial del Turismo (OMT), y que en el verano de 2020 se reunió en dos ocasiones con ellos en la sede de Globalia, en unas fechas en las que se estaban llevando a cabo las negociaciones para el rescate. Cuando declaró en la Audiencia Nacional en septiembre de 2024, Hidalgo dijo que no recordaba esas encuentros.

La relación profesional entre Begoña Gómez y Globalia se fraguó a través de Wakalua, una filial tecnológica creada específicamente para colaborar con la OMT. En enero de 2020, esta entidad firmó un acuerdo de patrocinio con el IE Africa Center, dirigido por la esposa del presidente, comprometiéndose a financiar proyectos y eventos internacionales. Este vínculo comercial situó a Gómez en un entorno de intereses compartidos con la cúpula de una de las mayores empresas estratégicas del país justo antes de la crisis sanitaria. Posteriormente, distintas informaciones pusieron de relieve que Wakalua no solo actuó como puente financiero, sino que mantenía estrechos lazos con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien también colaboró en la cátedra universitaria de Gómez.

En lo que se refiere al rescate, el foco de la controversia reside en las reuniones privadas mantenidas entre Gómez e Hidalgo durante el verano de 2020, en plena negociación del auxilio financiero para Air Europa, que dependía en última instancia del Gobierno que encabezaba su marido. Las sospechas se intensificaron cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desveló en uno de sus informes que Hidalgo, según trasladó Aldama a Koldo, llamó por teléfono el 3 de septiembre a Begoña Gómez.

Aldama advertía entonces de la delicada situación del directivo y de su decisión de recurrir a la esposa del jefe del Ejecutivo para intentar desbloquear el rescate: "Está muy jodido el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña", le comunicó. La UCO vinculó esa llamada con la búsqueda de "vías alternativas" para salvar la compañía. Según los investigadores, Aldama no veía con buenos ojos la intervención de terceros, ya que estaba utilizando su influencia sobre Ábalos y su entorno para mediar en la operación. "Te lo digo como amigo, creo que se va todo a la mierda", advirtió a Koldo, a lo que éste respondió: "No podemos hacer más".

El juez Juan Carlos Peinado trató de investigar el supuesto papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pero la Audiencia Provincial de Madrid le cerró la puerta en varias ocasiones al considerar que no existían indicios suficientes. No obstante, el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid sí ha mandado al banquillo tanto a la mujer de Pedro Sánchez como a Barrabés, en una causa centrada en el presunto tráfico de influencias que cometió Gómez cuando firmó dos cartas de recomendación para el empresario en procedimientos de Red.es, compañía pública que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El rescate de Plus Ultra

Al contrario del rescate de Air Europa, el de Plus Ultra sí está bajo la lupa judicial. Desde el principio se cuestionó tanto el carácter estratégico de la compañía —llegó a operar con un único avión propio— como su solvencia, aunque esas dudas no prosperaron en una primera fase. En 2023, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, acordó el sobreseimiento de la causa al concluir que la aerolínea no había ocultado datos con ánimo de defraudar. La decisión llegó, además, tras constatar que ya no era posible practicar nuevas diligencias, una vez superado el plazo legal de investigación sin que se hubiera acordado prórroga.

Pero la Fiscalía Anticorrupción no dio el asunto por cerrado. A finales de 2025, impulsó junto a la Policía Nacional una operación que supuso un giro radical en el caso y que se saldó con la detención, entre otros, del presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y de su consejero delegado, Roberto Roselli. Según la tesis del Ministerio Público, el foco ya no está únicamente en la legalidad administrativa del rescate, sino en el destino de los fondos.

La investigación apunta a que parte de los 53 millones concedidos en 2021 se habría desviado para devolver préstamos a sociedades vinculadas a una presunta organización criminal con ramificaciones en España, Francia y Suiza. En concreto, los investigadores sostienen que esos fondos tendrían su origen en operaciones de corrupción de gran escala en Venezuela, relacionadas con el programa de alimentos subsidiados CLAP —Comités Locales de Abastecimiento y Producción— y con la comercialización de oro del Banco de ese país.

Es decir, el caso ha dado un salto cualitativo: de un debate sobre si la ayuda cumplía los requisitos para recibir un préstamo de semejante envergadura a la sospecha de un esquema de blanqueo de capitales a gran escala. Ante esa "nueva dimensión", la juez acordó elevar la causa a la Audiencia Nacional, que es ahora el órgano encargado de dirigir la investigación.

La operación tuvo, además, una derivada política inmediata. Entre los detenidos figuraba también el empresario Julio Martínez Martínez, cuya relación con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero salió a la luz tras los arrestos. Ambos mantenían, según explicó el propio exmandatario en el Senado, una relación personal desde hacía años, que incluía encuentros habituales para salir a correr en el entorno de El Pardo, en Madrid.

Una de esas salidas tuvo lugar tres días antes de la detención de Martínez, lo que alimentó las sospechas de un posible "chivatazo", una hipótesis que Zapatero rechazó de plano al calificar de "absolutamente perversa" la interpretación de esas imágenes. Pero ese vínculo no era solo personal. Martínez fundó la consultora Análisis Relevante, que prestaba servicios únicamente a Plus Ultra y con la que el expresidente mantuvo una relación profesional.

En sede parlamentaria, Zapatero reconoció que realizó labores de asesoría para el empresario, por las que percibía en torno a 70.000 euros brutos anuales, facturados como autónomo y con su correspondiente tributación. Además, explicó que ese acuerdo incluía la participación de la empresa de sus hijas en tareas de comunicación y marketing. Con todo, negó haber influido en el rescate y aseguró que nunca abordó esa cuestión ni con Pedro Sánchez ni con José Luis Ábalos.

Las sospechas se centran ahora en esclarecer el destino final de los fondos públicos y si parte de ese dinero pudo acabar directamente en los bolsillos de Zapatero, cuya sintonía con el Ejecutivo socialista es tan notoria como sus vínculos con el Ejecutivo chavista de Venezuela. El secreto de las actuaciones ha hecho que la información se haya conocido a cuentagotas, pero las incógnitas siguen acumulándose. Por ejemplo, 'El Mundo' apuntó a que los investigadores encontraron en uno de los ordenadores de Martínez un contrato que contemplaba una comisión del 1% si lograba culminar con éxito gestiones para que el Gobierno rescatara a Plus Ultra.

En paralelo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que asumió la competencia sobre la causa tras la inhibición de la juez de Madrid, ha acordado prorrogar hasta el 28 de mayo el secreto de las actuaciones, en una investigación que sigue avanzando bajo máxima discreción pero que amenaza con contener información que le explote en las manos al Gobierno.