El Gobierno ve "ventanas de oportunidad" para negociar con Junts la prórroga de los contratos de alquiler, la medida decaída el martes en el Congreso tras algo más de un mes en vigor. Lo decía la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y sí, las hay, los posconvergentes se abren a hablar. Pero sus condiciones no son nada fáciles de aceptar para el Ejecutivo. Porque, por un lado, exigen que se asuman sus propuestas en materia de vivienda —básicamente, rebajas fiscales— y, además, que se aplique el llamado IVA franquiciado para los pequeños autónomos —que los que facturen menos de 85.000 euros al año no tengan que repercutirse el IVA—. La formación de Carles Puigdemont demanda ambas cuestiones. Y este matiz es importante. Porque tiene claro que no basta con que la coalición recoja sus peticiones de vivienda: las ventajas tributarias para los autónomos con menores ingresos es condición imprescindible. De lo contrario, aseguran en el grupo parlamentario en Madrid, "no hay recorrido".
Horas después de que fuera tumbado en la Cámara baja, por el voto de Junts, PP y Vox, el real decreto ley de prórroga de los contratos de arrendamiento que venzan antes del 31 de diciembre de 2027 y de limitación de las subidas del alquiler al 2%, la pregunta era obvia: ¿qué se puede hacer ahora?, ¿cómo ayudar a esos 2,6 millones de personas, según los cálculos de Sumar, a los que afectaba la medida?
Bustinduy señala que su intención es llevar "cuanto antes" una medida similar al decreto caído y para ello quiere "retomar" las negociaciones con Junts y PNV: cree que el acuerdo es posible
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el que ha abanderado la defensa del texto, confirmó que su intención es llevar "cuanto antes" una medida similar, aunque dependerá, reconoció, de la "voluntad política de todos los actores". Está dispuesto a "retomar" las negociaciones con Junts —que votó en contra— y PNV —que se abstuvo— para lograr su apoyo. Las demandas de los posconvergentes, apuntó en una entrevista en RNE, "no hacen inviable un acuerdo en absoluto", puesto que muchas son "matizaciones" y cuestiones "perfectamente negociables". Un ejemplo, dijo, es precisamente el IVA franquiciado, que ya fue objeto de un "preacuerdo" con el Gobierno. Y es cierto, porque la formación de Puigdemont dio su apoyo al decreto de medidas de respuesta a la guerra de Irán a cambio del respaldo de los socialistas a la proposición no de ley en la que pedían al Ejecutivo que aplicara la exención del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.
Sumar, agregó Bustinduy, también cree posible negociar bonificaciones fiscales para los caseros, la regulación del alquiler de temporada o la restricción de la compra especulativa de vivienda. "Vamos a trabajar desde hoy para volver a traer esta medida", señalaba poco después, en los pasillos del Congreso, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. Su formación, insistió, es "el partido del derecho a la vivienda".
Los socialistas tienen claro que no se puede volver a llevar otro texto a la Cámara baja que no cuente con los apoyos amarrados. Lo dijo con claridad la ministra de Vivienda, en claro rechazo a la tesis de Sumar: "No desecho la idea del real decreto ley, pero lo que hay que garantizar es que ese real decreto ley vaya a ser convalidado en el Congreso". Fuentes del Gobierno explicaban que no es posible, como quiere Sumar (y otros grupos como ERC), ir aprobando sucesivamente, mes a mes, decretos de prórroga de los alquileres que fueran tumbados por la Cámara pero que tuvieran como fin ir manteniendo viva la medida. "Esto no son órdenes ejecutivas como las que tiene Donald Trump", señalaban fuentes próximas a Rodríguez, que añadían otra razón: un decreto ley exige urgencia y excepcionalidad, circunstancias que no siempre concurren.
Junts plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o de hipoteca de una vivienda habitual, con un tope máximo anual de 11.630 euros por contribuyente, o incentivos para la renovación
Los dos socios de coalición son conscientes de que el escollo se llama Junts. Y los de Puigdemont ponen por delante, para negociar la extensión de los contratos de arrendamiento, que el Ejecutivo acepte las medidas contenidas en la proposición no de ley que registraron el pasado 15 de abril en el Congreso. La formación independentista plantea una batería de rebajas fiscales. Por ejemplo, una dedución del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, con un tope máximo anual de 11.630 euros por contribuyente. También propone añadir un nuevo artículo 1.535 bis en el Código Civil para "proteger a las personas con hipoteca sobre su vivienda habitual, especialmente los más vulnerables económicamente". Esta previsión está dirigida a las personas mayores, para que puedan cancelar su deuda por el mismo precio por el que el banco haya vendido la hipoteca a un tercero y se considere que es su vivienda habitual, aunque ingrese en una residencia. El objetivo es evitar que se les penalice si deciden venderla, que no se la considere como una segunda vivienda. Se incluyen asimismo incentivos para la rehabilitación y renovación de casas.
"No tiene recorrido"
Para Junts, se trata de un "plan de choque" con medidas fiscales que ayudan a inquilinos y propietarios, para "facilitar el acceso y el mantenimiento de la vivienda habitual, fomentar el ahorro para la compra, reducir la carga económica asociada al alquiler e incrementar la oferta de vivienda en el mercado, en el marco de una política de vivienda pública sostenida con recursos propios del Estado".
Los de Puigdemont, no obstante, unen sus exigencias en vivienda a otra que no está directamente conectada con ella: el IVA franquiciado. "Para nosotros, es condición sine qua non. No puede ser que el PSOE saque sus medidas y nosotros, que pactamos esto previamente con ellos para su decreto ley por la guerra de Irán, no. Para hablar de la prórroga de alquileres, haría falta que se aceptase nuestro planteamiento en vivienda y el IVA franquiciado. Si no tiene esta cuestión, con el umbral en esos 85.000 euros, no tiene recorrido", apuntaban fuentes de la formación independentista.
España sí debe transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas aquí aplicar el régimen de exención en otros Estados de la UE. No está obligada a implantar la exención de IVA
Junts quiere una transposición, en todos sus términos, de la directiva 2020/285, de tal manera que los autonómos que facturen menos de 85.000 euros queden exentos de cobrar IVA y de declararlo, aunque a cambio tampoco podrían deducirse el IVA de sus gastos. Pero el ala socialista del Ejecutivo subraya que no se comprometió exactamente a eso con los posconvergentes. La transposición de la normativa está en tramitación parlamentaria y se intentará sacar adelante, explican, pero la implantación del IVA franquiciado no. "Es un coste inasumible", advierten fuentes del área económica del Ejecutivo del máximo nivel.
Tanto en Economía como en Hacienda recuerdan que la UE no obligan al acoplamiento de toda la directiva al ordenamiento jurídico español. El Ejecutivo comunitario decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 11 de marzo por no haber traspuesto al Derecho nacional medidas en materia de IVA —la citada 2020/285 y la 2022/542—. España es el único país de los Veintisiete que no ha adaptado su normativa interna y por eso la Comisión pide que haya sanción. El Gobierno de Sánchez ya había notificado que no tenía intención de aplicar la exención del IVA para las pymes (esto es, el IVA franquiciado), ya que la aplicación de esa exención, reconoció la UE, es "opcional para los Estados miembros". Lo que sí que España tiene que transponer son las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en nuestro país aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros. "Esto es necesario", señaló Bruselas entonces, ya que, para que "una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas".
En Hacienda recuerdan de la complejidad de implantar en España el IVA franquiciado. Aquí funciona desde hace años el régimen simplificado y de módulos para los pequeños autónomos
Dicho de forma más simple, España sí debe adaptar su sistema para que las pequeñas empresas puedan acogerse al régimen de IVA franquiciado en operaciones transfronterizas dentro de la UE, pero no está obligada a eximir del IVA a los autonómos por debajo de una facturación determinada en el ámbito nacional. Tampoco tiene por qué fijar el umbral de 85.000 euros. Puede ser menor o incluso no usar el régimen.
Fuentes de Hacienda explican que hay "mucha dificultad" para implementar el sistema en España, porque aquí opera desde hace años un régimen específico para los pequeños autónomos, que es el simplificado de IVA y el de módulos, que "no existe en otros países" y que supone que se calcula el IVA (y el IRPF) de forma estimada (teniendo en cuenta variables como metros del local, número de trabajadores, consumo eléctrico...), sin tener en cuenta los ingresos reales. Compatibilizar el IVA franquiciado y el simplificado sería "complicado" y "no tendría mucha lógica", apuntan.
¿Lo permite el aumento de recaudación?
"Es clave que la UE dice que te puedes acoger al franquiciado, no te obliga a ello", resumen en Economía. El titular de Hacienda, Arcadi España, ya señalaba el martes, antes de la votación del decreto ley, que no hay que "confundir el debate", que una cosa es vivienda y otra autónomos. No detalló más, pero aludía a esas razones. Operativas y de recaudación, porque eximir del IVA a los autónomos con una facturación inferior a los 85.000 euros al año mermaría de recursos las arcas públicas. "¡Pero si en 2025 Hacienda recaudó 116.671 millones de euros más que los 208.685 millones que se ingresaron en 2018 [cuando Sánchez llegó a la Moncloa]!", exclaman en la cúpula parlamentaria de Junts. La diferencia de ingresos tributarios es correcta: el año pasado alcanzaron los 325.356 millones, "pero también hay que tener en cuenta que hay que pagar las medidas por la guerra de Irán, antes por la guerra de Ucrania, la revalorización de las pensiones, las rebajas fiscales a las rentas medias y bajas...", replican desde el departamento de España.
Si los partidos lo único que tienen que ofrecer a los españoles es mantener su programa de máximos, estamos perdidos. Pido generosidad a todos los grupos: para un acuerdo hay que hacer renuncias"
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda
Las condiciones de Junts, por tanto, son duras. Y por eso este miércoles Rodríguez pidió a los grupos que abandonen sus posiciones de máximos. "Dicen que no aprobarán ninguna otra cosa que no pase por llevar adelante su proposición no de ley [PNL]. No me refiero a ningún partido en concreto, pero si los partidos lo único que tienen que ofrecer a los españoles es mantener su programa de máximos, estamos perdidos. Yo pido generosidad a todos los grupos, porque para conformar un acuerdo hay que hacer renuncias. Y se trata de no pensar en nuestras siglas, sino en la gente que sufre el problema del alquiler. En la gente que está pendiente de si le renuevan o no le renuevan, o que no puede acceder, porque es imposible. Entonces, si nos mantenemos en máximos, no hemos llegado a ningún sitio".
La portavoz de los posconvergentes, Míriam Nogueras, aseguró en sendas entrevistas en Telecinco y Antena 3 que estarían dispuestos a apoyar un decreto de prórroga si se incluyen salvedades a esa extensión —como que el propietario necesite la vivienda o que el inquilino incurra en impagos— y se incorporan las peticiones de su grupo. Junts, dijo, lo que quiere es que "el trabajo se haga bien", y no que se refrenden decretos "jurídicamente defectuosos", que tienen "muchos errores". La formación soberanista considera, por ejemplo, que del texto se escapan los grandes tenedores de vivienda y que el tope de la subida de las rentas no debe ser el 2%, sino el índice de referencia del arrendamiento que el INE actualiza mes a mes y que en marzo se situó en el 2,47% (el IPC fue del 3,2%).
Nogueras dice que están dispuestos a apoyar la prórroga si hay salvedades y se subsanan los "muchos errores" del decreto ley. Y también pone por delante sus medidas en vivienda
"En cualquier caso, un poco de sosiego y reflexionar bien", receta un ministro de mucho peso del ala socialista del Ejecutivo. "Aceptar el IVA franquiciado supone un cambio de modelo, así que paciencia. Hay que dejar que todo se asiente un poco, pero no podemos dar más pasos en falso", añade. El PSOE, por tanto, no quiere asumir el riesgo de otro decreto ley que pueda ser tumbado por el Congreso.
"Margen" pero con "una oferta firme"
Sumar tiene prisa y ha dado garantías a los socios progresistas de la coalición, según estos admiten, de que seguirá insistiendo en este asunto. Y es que entre los magentas hay convicción de que un nuevo decreto podría sacarse adelante de la mano de Junts si se negocia directamente todo antes de que se apruebe en Consejo de Ministros. Lo que no se quiere adelantar es si se podrá atar el acuerdo antes del próximo martes. Reconocen en Sumar que el intento de atraerse a los de Puigdemont no se hizo con profundidad, y que si ahora sí puede conseguir amarrar sus votos. "Vemos margen", acreditan, si se hace "una oferta firme" para incluir esas rebajas fiscales para los autónomos y el IVA franquiciado.
Un poco de sosiego y reflexionar bien. Hay que dejar que todo se asiente un poco, pero no podemos dar más pasos en falso", advierte un ministro de peso del área socialista del Ejecutivo
Para intentarlo, desde Sumar se muestra disposición a emprender en próximas fechas una "nueva ronda" de contactos con los grupos, descartando ya al PP pero centrándose en Junts y el PNV, que terminó por desmarcarse de la mayoría de legislatura con una abstención. Entre los magentas saben que aceptar esas condiciones de Junts pueden desencantar al resto de socios de izquierda, pero insisten en que tomar una vía intermedia es la única solución para poder llegar a un consenso. Asumen que por que se adopten esas bonificaciones fiscales ningún grupo de la izquierda soberanista o Podemos se desmarcará en una nueva votación.
En ese sentido, desde Sumar valoran positivamente el discurso protagonizado por la portavoz de los independentistas en el debate del decreto, Marta Madrenas. En esa intervención, la diputada posconvergente mencionó que el Gobierno "sabía cuáles eran las objeciones y han decidido ignorarlas". "Nos traen el mismo decreto sin haber hecho el trabajo que corresponde", recriminó a Bustinduy. Junts valoró el decreto como "propaganda" y no una iniciativa "rigurosa". Remarcó su deseo de incorporar la desgravación de hipotecas y alquileres, que sea el Estado el que pague las políticas sociales, o que tribute el IRPF en la vivienda habitual de los mayores de 65 años que están en una residencia.
Sumar sabe que aceptar planteamientos de Junts puede no gustar a los socios de izquierda, pero entiende que tomar una vía intermedia es la única solución para llegar a un consenso
La salida todavía se vislumbra lejana. Pero algo parece haber cambiado en el escenario. Lo que es indudable es que la preocupación por la vivienda sí es una materia muy central ya en el debate público. También en el Parlamento.
Te puede interesar