No, no y no. El ala socialista del Ejecutivo mantiene su posición respecto a la exención del IVA para los pequeños autónomos, la llave que teóricamente le podría abrir la puerta a la aprobación de la prórroga de los alquileres. Es la que le pide Junts, y Sumar presiona a sus socios para que ceda a esa exigencia, porque es la única vía posible para convencer a los posconvergentes. Para los socialistas, el llamado IVA franquiciado —liberar a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año de repercutir el impuesto— es una demanda "inasumible" y, además, es una materia que no debe mezclarse con la vivienda. La extensión de los contratos de arrendamiento es la medida por la que lleva empujando Sumar desde hace casi un año, que arrancó a la Moncloa en la negociación del decreto ley de respuesta a la guerra de Irán y que tumbó el Congreso el pasado 28 de abril con los votos de PP, Junts y Vox.
Ya lo habían advertido desde el círculo del presidente del Gobierno la semana pasada, y también había enfriado expectativas el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, pero este martes se expresó de manera rotunda el titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, en la que presentó el Plan Anual Normativo (PAN) para 2026.
El ministro recuerda que ya el Gobierno hizo su "trabajo" al remitir a las Cortes su proyecto de transposición de la directiva conocida como DAC 8, ahora "en tramitación parlamentaria"
Bolaños recordó, frente a Junts, que la transposición de la directiva europea del IVA franquiciado —la 2020/285— se integró en un proyecto de ley que llevaba al ordenamiento español la normativa UE conocida como DAC8 y que se envió al Congreso en junio de 2025. El Ejecutivo hizo por tanto su "trabajo", que era aprobar ese proyecto de ley ahora "en tramitación parlamentaria".
El ministro recordó que en la directiva europea "no hay ninguna obligación de acordar un determinado importe de facturación para evitar o eximir de tributación a los autónomos". Es decir, que no obliga a los Estados a imponer un umbral inferior a los 85.000 euros por debajo del cual los trabajadores por cuenta propia quedan liberados de la obligación de cobrar o declarar el IVA (y de deducirse gastos también). La propia Bruselas reconoció en marzo, cuando llevó a España a los tribunales por no haber adoptado el marco europeo, que esa parte del texto era opcional para los Estados miembros. La directiva, siguió el titular de la Presidencia, "regula en términos generales lo que tiene que ser la tributación de autónomos y otras figuras". Es decir, que lo que sí debe permitirse es que las empresas registradas en España puedan beneficiarse del régimen de franquicia que existe en el resto de países europeos.
Hay que trabajar ley por ley, proyecto por proyecto, y no podemos establecer acuerdos absolutamente generales que tienen que ver con todo tipo de normas para aprobar otras leyes muy concretas"
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Además, Bolaños, como había hecho su compañero España, insistió en que hay que "hablar de cada norma". "Hay que trabajar ley por ley, proyecto por proyecto, y no podemos establecer acuerdos absolutamente generales que tienen que ver con todo tipo de normas para aprobar otras leyes muy concretas. Una cosa son las políticas en materia de vivienda, otra cosa es la transposición definitiva de la DAC 8, de lo que venimos denominando el IVA franquiciado, aunque no tiene nada que ver con la directiva, y cuestión distinta es que nos sentemos con los grupos para buscar puntos de equilibrio para ver hasta dónde podemos avanzar en cada materia", remachó.
La Moncloa, por tanto, no quiere mezclar negociaciones, pese a que en otras ocasiones sí lo ha hecho. Es un aviso a Junts, pero también a Sumar, que ha seguido presionando a los socialistas en los últimos días, tras la derrota del decreto ley de prórroga de los alquileres, para que se sienten con los posconvergentes y abran vías de diálogo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió el IVA franquiciado como una medida de "justicia social" que podría ajustarse y tal vez rebajarse, pero que había que asumir. Pero el área económica del Ejecutivo y el equipo de confianza de Sánchez insisten en que no es posible. Primero, porque la directiva no obliga a ello y dos, porque trasladar esa exención a España supondría una importante merma de recaudación.
Sumar está presionando a los socialistas para que admita el IVA franquiciado y así convencer a Junts para que apoye la extensión de los alquileres. Pero Hacienda alerta de la complejidad y de los ingresos
Hacienda esgrime, además, que aquí ya existe desde hace años un régimen específico para los autónomos con menores ingresos, que es el simplificado del IVA y el de módulos, por el que se calcula el IVA (y el IRPF) de forma estimada —teniendo en cuenta variables como metros del local, número de trabajadores, consumo eléctrico...—, sin por tanto computar los ingresos reales. Un sistema, defiende Hacienda, que descarga de burocracia a los pequeños autónomos. Casar este régimen con el del IVA franquiciado sería técnicamente "complicado" y no tendría "mucha lógica", según apuntaban en los últimos días en el departamento de España.
Qué dice el PAN 2026
Bolaños compareció este martes en la Moncloa porque el Consejo de Ministros aprobó tanto el Plan Anual Normativo (PAN) de 2026 como el informe de ejecución del anterior. Para este año, el Gobierno prevé aprobar un total de 179 propuestas normativas, de las cuales 10 serían leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos —que no necesitan de refrendo parlamentario—. Son 20 menos que las planteadas para 2025: aquel plan recogía 199 propuestas normativas en total, de las cuales 16 eran leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos. De los 179 textos programados para 2026, 61 (el 34,08%) son iniciativas normativas que incorporan al ordenamiento jurídico interno el Derecho de la Unión Europea.
El titular de la Presidencia insiste en que el Gobierno sí quiere llevar al Congreso los Presupuestos del Estado de 2026, pero "ahora no es el momento", por la incertidumbre exterior
Entre las leyes previstas para este año figura, lógicamente, la de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero lo cierto es que el Ejecutivo, en lo que va de legislatura, no ha presentado ni un solo proyecto de cuentas públicas, y las que están en vigor son las de 2023, aprobadas en el pasado mandato. Bolaños especificó que el compromiso del Gobierno es llevar al Congreso los Presupuestos de 2026, pese a que ya a estas alturas —mayo— es casi imposible que pueda suceder, porque a partir de junio es cuando debe comenzar la rueda para la elaboración de los del siguiente año.
El ministro explicó que el Ejecutivo mantiene la "voluntad política" de enviar los PGE a la Cámara, pero "ahora no es el momento", por la enorme "incertidumbre" generada por los conflictos internacionales, singularmente la guerra de Irán, lo que hace "muy difícil" diseñar un cuadro macroeconómico "preciso". "Pero esta situación pasará", indicó, reafirmándose en la intención del Gobierno. Eso sí, reiteró que las cuentas vigentes son "muy buenas", han permitido acomodar la llegada de fondos europeos y han permitido que la economía española crezca muy encima de la media de la eurozona y que ahora haya ya más de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social.
El ministro rebatió, como ha hecho en otras ocasiones, que exista una "obligación constitucional" del Ejecutivo de remitir unos Presupuestos a la Cámara baja, como prescribe el artículo 134.3 de la Carta Magna —"El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior"—. Se remitió a un debate académico celebrado recientemente en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, institución dependiente orgánicamente de su ministerio, que concluyó que habría que hablar más bien de una "obligación política".
Entre las leyes recogidas en el plan, figura la de financiación autonómica, la de violencia vicaria y la de lucha contra la trata. La abolición de la prostitución se tramitaría como proposición de ley
Otras leyes que recoge el PAN 2026 son la de financiación autonómica, la de contratos de crédito al consumo o la de digitalización y modernización del sistema financiero. En el marco del Plan de acción por la democracia, destacan la ley de integridad del sector público —uno de los ejes centrales del programa de regeneración democrática del Ejecutivo— o la de publicidad del sector público.
En igualdad, resaltan las leyes contra la violencia vicaria y contra la trata, esta última una promesa que se arrastra desde hace varios años. El Gobierno no incluye en este campo la abolición de la prostitución porque es un compromiso del Grupo Socialista, adujo Bolaños, y se tramitará como proposición de ley. En realidad, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había avanzado, en otoño pasado, que lo iba a intentar articular como proyecto de ley, porque ya los socialistas habían tramitado esta iniciativa como proposición en dos ocasiones y en ambas cayó. Pero la dificultad para que salga del Gobierno es que parte de Sumar no apoya el veto a la prostitución y prefiere el regulacionismo.
En el área económica figuran las leyes de democracia en la empresa, de prevención de riesgos laborales o de mejora de las condiciones de trabajo en las plataformas. En Justicia, faltan la de asistencia jurídica gratuita o la de protección del derecho al honor. Y además el Ejecutivo prevé aprobar las leyes de juventud y derechos de las generaciones futuras, la de medicamentos y productos sanitarios o la ley de inteligencia artificial.
"Suma y sigue. Seguimos trabajando para garantizar y ampliar el Estado de derecho, para fortalecer el crecimiento económico y para que la posición de España en el panorama internacional sea reconocible" por su defensa del ordenamiento jurídico "y de los derechos humanos", sentenció Bolaños. Y apostilló: "La legislatura suma y sigue". Traducción: que no habrá elecciones (o no se prevén) a lo largo de 2026. Serán, como siempre dijo Sánchez, en 2027.
Pero una cosa es que el Gobierno apruebe un proyecto de ley y lo envíe al Congreso y otra muy distinta que supere la tramitación parlamentaria y finalmente esté en vigor. Porque el Ejecutivo se atasca en el Parlamento. Indudablemente. Por su fragilidad de apoyos.
El Ejecutivo quita hierro a su debilidad en el Congreso: la estabilidad es "compleja" pero "razonable". Reivindica que se han aprobado 62 iniciativas, más que en otros parlamentos
El titular de Presidencia sacó pecho, no obstante, de lo conseguido en una legislatura "compleja pero razonable". Hasta ahora, se han aprobado 62 iniciativas legislativas: dos reformas de la Constitución —la del artículo 49 y la del 69.3, para poder elegir senador por Formentera, independiente del de Ibiza—, 10 leyes orgánicas, 18 leyes ordinarias y convalidados 32 reales decretos leyes. Bolaños remarcó que las Cortes Generales son el Parlamento que aprueba más leyes desde el inicio de legislatura hasta ahora, con la excepción de Les Corts Valencianes, que se han visto obligadas a aprobar "innumerables" decretos leyes para atender las urgencias por la dana de octubre de 2024. "El Gobierno y las Cortes Generales son los que más leyes aprueban, incluyendo los parlamentos de mayorías absolutas", señaló. Así la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo es "compleja", sí, a la par que "razonable", pero es la que "votaron los ciudadanos" en las generales de julio de 2023. Con esos mimbres, presumió, se ha realizado una tarea "absolutamente hercúlea" para atar apoyos en un Parlamento plural.
La intención del Gabinete, según anticipó Bolaños, es "impulsar" leyes atascadas en el Congreso antes de que concluya este periodo de sesiones, el 30 de junio. Una de ellas, por ejemplo, es la ley de información clasificada, llamada a relevar la franquista ley de secretos oficiales de 1968. Todos los grupos, señaló, convienen en que esa norma preconstitucional es "obsoleta, una antigualla", y ahora el reto es convertir ese consenso en un acuerdo para una nueva norma. Pero hasta ahora los intentos han sido imposibles, y el PNV lleva años empujando para que se apruebe. El titular de la Presidencia no quiso avanzar si está dispuesto el Gobierno a rebajar los plazos para la desclasificación automática de documentos, que a los socios siguen pareciendo muy elevados: el Ejecutivo está dispuesto a "hablar", a sentarse para alcanzar un "acuerdo razonable", que "cumpla con los estándares democráticos mejores del mundo", que adapte la legislación española y que recabe los apoyos necesarios.
El Ejecutivo quiere impulsar la ley de información clasificada, que relevaría a la franquista de secretos oficiales, y también la de condonación de la deuda, ambas paradas en el Congreso
María Jesús Montero, exvicepresidenta primera del Gobierno, se comprometió a llevar la nueva financiación autonómica al Congreso antes de las vacaciones de verano. Ahora ese plazo no es seguro y no lo anticipó Bolaños. El Ejecutivo sí que mandó en diciembre pasado a la Cámara baja el proyecto de ley de condonación de deuda autonómica, y no se ha avanzado todavía nada. Ni siquiera ha pasado por debate de totalidad. El ministro avanzó que espera poder celebrarlo "en un tiempo razonable" y confía en que el texto supere esa prueba. "No obstante, hay que seguir trabajándolo, y una vez que tengamos esos apoyos, pues, podremos seguir avanzando en la tramitación parlamentaria de esa ley", indicó. Aquí lo que falta, como en tantas otras iniciativas, es el respaldo de Junts.
¿Qué pasó con el PAN 2025? Bolaños habló de un grado de cumplimiento "muy alto, del 82%", una cifra "superior" a la que se registró en el plan de 2024. Pero ese porcentaje tiene una doble cara, porque realmente el volumen de normas ya aprobadas por Consejo de Ministros es del 36,18%, y el de aquellas que se encuentran "en tramitación avanzada", de un 46,23%. La suma de ambas cifras es la que da el 82%, un número muy favorable al Ejecutivo. Pero con el que habría que quedarse es con el primero, el 36,18%, porque habla de lo que sí se ha completado ya. En 2025 se aprobaron seis proyectos de ley orgánica, 12 proyectos de ley ordinaria y 54 reales decretos. De todas estas normas, el 32% tiene que ver con la incorporación del Derecho europeo al ordenamiento jurídico español.
El ministro celebra el 82% de ejecución del plan de 2025, aunque solo el 36,18% corresponde a normas aprobadas. El resto, el 46,23%, está "en tramitación avanzada". "Suma y sigue", dice de la legislatura
A todo ello hay que añadir los reales decretos leyes, los que requieren de convalidación parlamentaria y responden a acontecimientos inesperados, como las medidas aprobadas para el refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025, las de respuesta a la amenaza arancelaria de Donald Trump o las de ayudas por las catástrofes. "El grado de ejecución del PAN 2025 es muy positivo y pone de manifiesto la eficacia en la labor de Gobierno que llevamos a cabo en el día a día", incidió el ministro. La legislatura avanza, sí, pero el ritmo de aprobación de iniciativas por las Cortes es mucho más lento que en el pasado mandato de Sánchez, cuando salieron en el BOE 216 iniciativas legislativas. Y es que la debilidad parlamentaria pesa.
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