Diez meses después, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha vuelto a la sala de prensa de Génova para dar cuenta de los temas tratados en el comité de dirección popular. Y uno de ellos ha girado en torno a la situación del narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar y en el conjunto de la costa andaluza tras el fallecimiento de dos guardias civiles en la persecución de una narcolancha, el pasado viernes en Huelva.
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A juicio del PP, lo acontecido no se trata de un "fatalidad aislada" sino que tiene su antecedente en otra situación muy similar hace dos años, esta en Barbate, que también le costó la vida a dos agentes de la Benemérita en 2024 arrollados por una narcolancha. Todo ello ante unas redes del narcotráfico cada día más violentas. Ya hace dos años "se prometieron refuerzos, medios y respuestas y la situación de la Guardia Civil en la zona del estrecho no ha mejorado". En definitiva, a juicio del PP, faltan medios materiales y humanos, protección jurídica y estrategia sostenida contra el crimen organizado.

Y tras calificar de "especialmente dolorosa" la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o de algún otro miembro del Gobierno, en la despedida de los agentes de Huelva, ha anunciado un paquete de medidas en caso de llegar Alberto Núñez Feijóo al Gobierno. La idea pasa por impulsar lo que ha llamado 'Plan de acción urgente contra el crimen organizado en el Estrecho' con propuestas pactadas con los sindicatos policiales y expertos en seguridad. Entre otras medidas se recuperará la unidad OCON-sur, desmantelada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, especializada en la lucha contra el narcotráfico.

La Audiencia Nacional llevaría los casos de narcotráfico en el Estrecho

También prertenden dotar al servicio marítimo de medios no letales para neutralizar las narcolanchas y que el crimen organizado en el Estrecho se juzgue en la Audiencia Nacional para evitar amenazas a los jueces y a sus familias. Abordarán un endurecimiento del Código Penal para incrementar las penas de los delitos de esta naturaleza, se reforzará el papel de los funcionarios de prisiones y el Campo de Gibraltar y toda la costa andaluza será declarada zona de especial singularidad. Además, los guardias civiles del Estrecho tendrán la consideración de profesión de riesgo, tal y como ellos reclaman.