La muerte de dos guardias civiles este viernes frente a la costa de Huelva durante una persecución a una narcolancha ha vuelto a colocar bajo presión al Ministerio del Interior y ha reabierto el debate sobre las condiciones en las que trabajan los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico. La tragedia se produjo apenas unas horas después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconociera públicamente el incremento del peligro en este tipo de operativos, al hablar de un “riesgo evidente y concreto” asociado al crimen organizado transnacional.
Sin embargo, ese reconocimiento del riesgo contrasta con una reivindicación que las asociaciones profesionales llevan años reclamando: el reconocimiento de la profesión de riesgo para guardias civiles y policías, incluyendo aquellos que participan en operaciones antidroga, especialmente en el litoral andaluz, donde la presión del narcotráfico no ha dejado de aumentar.
Sobre los dos guardias fallecidos
El accidente ocurrió sobre las 11.00 horas del viernes, a unas 80 millas náuticas de la costa onubense. Según informó la Dirección General de la Guardia Civil, dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de Huelva perseguían una narcolancha en alta mar cuando, “por causas que aún se desconocen”, colisionaron entre sí durante la persecución. El impacto provocó la muerte de un agente y otro ha fallecido horas más antes, y dejó heridos a otros dos guardias civiles.
En las tareas de rescate participaron efectivos del Servicio Marítimo, la Armada, Salvamento Marítimo y Vigilancia Aduanera. Interior ha activado el protocolo de apoyo a familiares y compañeros mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Jerónimo y Germán
Los fallecidos eran dos veteranos del Servicio Marítimo. El capitán Jerónimo J.M., de 56 años y natural de Villanueva del Rosario (Málaga), ingresó en la Guardia Civil en 1994 y estaba destinado en el Servicio Marítimo Provincial de Huelva desde 2020. A lo largo de su carrera pasó por Gipuzkoa, Córdoba y Málaga y recibió numerosas condecoraciones, entre ellas una Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y varias cruces con distintivo blanco.
El otro agente fallecido, Germán P.G., de 55 años y natural de Teruel, ingresó en el cuerpo en 1989 y llevaba prácticamente toda su carrera vinculado al Servicio Marítimo. Tras pasar por Tarragona, Algeciras y Almería, llegó a Huelva en 1994. Acumulaba casi 34 años de experiencia en esta especialidad y había sido distinguido en varias ocasiones por su trayectoria.
La tragedia ha provocado una inmediata reacción de las asociaciones profesionales, que vinculan directamente lo ocurrido con las advertencias que vienen realizando desde hace años sobre el aumento del riesgo operativo en la lucha contra el narcotráfico.
La (no) profesión de riesgo
La Asociación Profesional de la Guardia Civil (APROGC) expresó su pésame a las familias y denunció las condiciones en las que trabajan los agentes. “Esta mañana nuestros compañeros se despidieron de sus familias sin sospechar que sería la última vez que los verían con vida”, señaló la organización. “Servidores públicos, héroes, que pese a las condiciones lamentables en las que trabajan no dudan en dar lo más valioso que tienen por contribuir a tener una sociedad mejor”.
APROGC relacionó además la tragedia con el debate sobre la profesión de riesgo: “A pesar de hechos como el que lloramos hoy ocurrido en las costas onubenses o los asesinatos de nuestros compañeros en Barbate, nuestros políticos siguen pensándose si somos profesión de riesgo o no”.
En términos todavía más duros se pronunció la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que aseguró que el accidente “no es un accidente imprevisto”, sino “la consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración, que optó por no actuar”.
Medios disuasorios no letales
La asociación explicó que había reclamado formalmente medidas específicas para este tipo de intervenciones: evaluaciones de riesgo laboral en operaciones marítimas contra el narcotráfico, más efectivos por embarcación, limitaciones al uso de semirrígidas sin protección y la incorporación de medios disuasorios no letales.
Según AUGC, la respuesta de la Administración fue trasladar la responsabilidad de valorar el riesgo a los propios agentes sobre el terreno. “Dicho en claro: la Administración respondió que el criterio sobre si una embarcación sin protección debe enfrentarse a una narcolancha armada corresponde al agente que ya tiene encima el problema”, denunció la asociación.
La organización recordó además que el Congreso aprobó una Proposición No de Ley para dotar de armas no letales al Servicio Marítimo, impulsada tras advertencias parlamentarias sobre el peligro creciente de estas operaciones. “Sin desarrollo. Ni ejecución. Sin respuesta operativa real sobre el terreno”, lamentó AUGC.
Narcotráfico en el sur
La tragedia vuelve además a poner el foco sobre la evolución del narcotráfico en el sur de España. La presión policial en el Campo de Gibraltar ha desplazado parte de la actividad criminal hacia el litoral onubense, convertido ya en uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa. Las organizaciones criminales operan con embarcaciones cada vez más rápidas, sofisticadas y potentes, lo que ha elevado notablemente el riesgo de las persecuciones marítimas.
Fuentes de Interior han explicado a El Independiente que en los últimos años se han reforzado los recursos destinados a esta lucha. Subrayan el despliegue del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y su extensión a otras zonas del litoral andaluz, así como el incremento de inversión en personal y medios materiales. Según esas fuentes, "para 2026 se prevé una financiación de 38 millones de euros destinada a reforzar plantillas, medios tecnológicos, inteligencia y equipamiento, incluyendo embarcaciones y chalecos de protección".
Interior mantiene abierto el diálogo con asociaciones
El Ministerio insiste además en “poner en valor el sacrificio de los agentes y la profesionalidad con la que trabajan frente a organizaciones criminales cada vez más complejas”, al tiempo que asegura mantener abierto el diálogo con las asociaciones para mejorar las condiciones profesionales y avanzar en cuestiones relacionadas con jubilación y reconocimiento laboral.
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