La Justicia andaluza condena a cuatro años a un guardia civil por pasar a su cuñado información confidencial

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años de prisión a un guardia civil destinado en esta provincia por utilizar las bases de datos reservadas del Instituto Armado para facilitar a su excuñado información confidencial sobre titulares de vehículos a cambio de dinero, en una actuación que la Audiencia Provincial describe como una "máxima expresión de un comportamiento corrupto".

Así consta en la sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad de un jurado popular y a la que ha tenido acceso El Independiente. Se considera probado que el agente accedió —directa o indirectamente, a través de compañeros— a datos protegidos sobre matrículas, identidades, domicilios, DNI, seguros e ITV de diversos vehículos entre julio y septiembre de 2023, y los entregó a su antiguo cuñado, que trabajaba para una agencia de investigación privada.

Por estos hechos, el tribunal condena al guardia civil a tres años de cárcel por un delito de cohecho pasivo, además de una multa de 2.160 euros y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. A ello suma otro año de prisión por descubrimiento y revelación de secretos, junto a una segunda multa de esa misma cantidad. Su excuñado ha sido igualmente condenado a tres años de prisión por cohecho activo y al pago de una multa de 2.160 euros por ofrecer pagos a cambio de esa información reservada.

El jurado concluyó que ambos mantenían una relación de amistad consolidada durante años, circunstancia que permitió al segundo procesado conocer las posibilidades de acceso del guardia civil a sistemas internos de uso exclusivo policial. A sabiendas de ello, y necesitando información para trabajos vinculados a una agencia de detectives, le solicitó datos sobre vehículos concretos, ofreciéndole a cambio una "dádiva o remuneración económica".

La Audiencia considera acreditado que el agente era plenamente consciente tanto del carácter confidencial de la información como de la prohibición expresa de utilizarla con fines ajenos a sus funciones. Pese a ello, recurrió a otros miembros de la Guardia Civil para obtener determinados datos y evitar así dejar rastro directo en los sistemas informáticos oficiales.

La sentencia subraya que esta operativa buscaba eludir controles internos y ocultar un uso fraudulento de herramientas policiales. "Se prestaba a recibir dinero a cambio de filtrar esa información", recoge el fallo, que incide en que el acusado actuaba sabiendo que sus conductas perjudicaban a ciudadanos objeto de investigaciones privadas interesadas.

El tribunal rechaza además el argumento de la defensa de que se trataba de datos accesibles públicamente mediante solicitud a la Dirección General de Tráfico. Para la Audiencia, el hecho de que esa información estuviera integrada en bases oficiales restringidas, protegidas y sometidas a auditoría convierte en "incuestionable" su carácter reservado.

En su resolución, la Sala recalca que el guardia civil instrumentalizó su condición de agente para poner recursos públicos al servicio de intereses particulares, comprometiendo gravemente la integridad institucional y vulnerando derechos fundamentales relacionados con la protección de datos personales.