La instrucción del Supremo blinda el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional

La quirúrgica instrucción de la parte del 'caso Koldo' que el magistrado Leopoldo Puente llevó a cabo en el Tribunal Supremo ha terminado por blindar la investigación que dirige su colega Ismael Moreno en la Audiencia Nacional, que en los próximos días tomará declaración al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por las supuestas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia a los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

Este martes, Moreno rechazó archivar la causa contra Koldo, antigua mano derecha del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y decidió mantener su citación como investigado. La comparecencia de Aldama había sido aplazada previamente al día 21 por problemas de agenda. La defensa de Koldo, encabezada por la letrada Leticia de la Hoz, solicitó el sobreseimiento al alegar que los hechos relativos a las mascarillas ya habían sido enjuiciados en el Supremo, así como la suspensión de la declaración prevista.

Sin embargo, el juez Moreno rechaza ese argumento con una idea central: en este procedimiento los hechos "no son los mismos". Recuerda que en la causa seguida en el Supremo "en ningún momento se hace mención alguna a los contratos adjudicados por las administraciones de las comunidades de Canarias y Baleares", operaciones que permanecieron siempre bajo el foco de la Audiencia Nacional.

El origen de esta singularidad procesal se encuentra en que Ábalos conservaba su escaño cuando estalló el caso. Ello obligó al juez Moreno a elevar exposición razonada al Supremo para que investigara al exministro por su presunto papel central en la trama. El alto tribunal asumió únicamente la parte de los hechos que afectaban directamente al diputado socialista. El resto permaneció en la Audiencia Nacional.

En el juzgado de Moreno quedaron investigados algunos de los socios del empresario —los conocidos como 'mosqueteros'— y también los contratos de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, con las administraciones autonómicas, mientras que el Supremo se llevó los contratos con Puertos del Estado y Adif.

Aquella división, inicialmente pensada para salvar el obstáculo del aforamiento, terminó generando una duplicidad inédita: dos tribunales investigando piezas conectadas de una misma presunta organización criminal. El Supremo avanzó con rapidez sobre la rama vinculada a Ábalos, Koldo y Aldama, mientras la Audiencia fue desarrollando otras líneas con un ritmo más pausado.

Eso explica que en el juicio celebrado en el Supremo se hablara extensamente de cuestiones que formalmente no formaban parte de ese procedimiento, como los presuntos amaños de obra pública o los movimientos de dinero en metálico vinculados al PSOE.

De hecho, el primer día también comparecieron, aunque lo hicieron por escrito, tanto la presidenta del Congreso Francina Armengol como el ministro Ángel Víctor Torres, que estaban al frente de Baleares y Canarias. Ambos negaron irregularidades, si bien el informe de la UCO, entregado pocos días después de que se leyera el testimonio de Armengol, evidenció contradicciones en lo expuesto por la expresidenta balear.

Lo que juzgó el Supremo y lo que sigue vivo

Durante las sesiones del Supremo, la Fiscalía sostuvo que Ábalos, Koldo y Aldama integraban una organización criminal con vocación de permanencia que habría aprovechado distintas oportunidades de negocio ilícito surgidas desde 2019. De ahí que las mascarillas constituyeran solo una parte de una operativa mucho más amplia.

Sin embargo, procesalmente el juicio oral quedó circunscrito a los hechos que podían atribuirse al aforado y a su entorno inmediato. Quedaron fuera otras ramas, entre ellas las adjudicaciones autonómicas bajo sospecha y la pieza de obra pública en la que está imputado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, así como aquella en la que se investiga la supuesta financiación irregular del partido.

Ahora, la decisión de Moreno refuerza la idea de que esa separación no genera impunidad alguna. Al contrario: la instrucción realizada por Puente en el Supremo, al delimitar con precisión el objeto de aquel juicio, dificulta que las defensas puedan sostener que todo quedó ya resuelto.