Peinado decidirá antes del jueves si lleva a juicio a Begoña Gómez y si le impone cautelares

El juez Juan Carlos Peinado decidirá en los próximos días si abre juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez; su exasesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como si acuerda la imposición de medidas cautelares personales y patrimoniales solicitadas por las acusaciones populares. Según han precisado fuentes jurídicas a El Independiente al término de la vista celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, el magistrado tiene hasta el jueves para resolver sobre ambas cuestiones.

La comparecencia, celebrada a puerta cerrada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, se ha prolongado durante más de tres horas. Begoña Gómez, Álvarez y Barrabés estaban citados a las 18.00 de este lunes bajo advertencia de ser conducidos "por la fuerza pública" si no se presentaban. La mujer del jefe del Ejecutivo ha llegado a Plaza de Castilla pasadas las 17.30 horas y ha accedido por el garaje. Por su parte, Barrabés y Álvarez entraron a pie por la puerta principal acompañados de sus respectivos abogados.

El objetivo principal de esta vista era analizar la situación procesal de la causa y valorar las peticiones de las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír, que han solicitado tanto para Gómez como para Álvarez la retirada del pasaporte, la prohibición de salir al extranjero y sus comparecencias cada 15 días ante el Juzgado.

Además, en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, reclamaron medidas patrimoniales adicionales para impedir que pueda disponer de la sociedad vinculada al proyecto investigado, de las marcas registradas relacionadas con la actividad de la cátedra y del software Transforma TSC, cuyo desarrollo también forma parte de la investigación, según ha detallado el abogado de la asociación Javier Pérez Roldán a los medios a su salida de la vista. En el caso de Barrabés, las acusaciones han retirado sus peticiones de cautelares.

Las partes quedan ahora pendiente de dos resoluciones distintas para las que el juez dispone de un plazo de tres días, según detallan fuentes jurídicas a este periódico. Por un lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid deberá pronunciarse sobre la apertura de juicio oral. Por otro, resolverá sobre las medidas cautelares reclamadas por las acusaciones, que consideran necesario asegurar la presencia de los investigados en el procedimiento y preservar los bienes vinculados a los hechos investigados.

Además de Begoña Gómez, Álvarez, Barrabés y sus defensas, a la vista acudieron representantes de la Fiscalía, las acusaciones populares y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), personada en el procedimiento como acusación particular. Cabe recordar que el magistrado atribuye a la mujer del jefe del Ejecutivo los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Las acusaciones piden 24 años para Begoña

Las partes llegaron a esta audiencia preliminar con los escritos de conclusiones provisionales ya presentados. La acusación popular liderada por Hazte Oír solicita una condena de 24 años de prisión para Gómez; 22 años para Cristina Álvarez, a la que atribuye un papel de cooperadora necesaria en los delitos investigados; y seis años para Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Frente a ello, tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía mantienen que la causa debe archivarse. En su escrito, el abogado de la esposa del presidente sostiene que los hechos investigados "no son constitutivos de delito alguno" y denuncia la existencia de "mala fe" por parte de las acusaciones. El Ministerio Público, por su parte, también pidió el sobreseimiento del procedimiento y anunció que, si finalmente se abre juicio oral, solicitará la absolución de los tres investigados.

El origen del caso

La investigación gira en torno a la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, codirigida por Begoña Gómez, así como a la posterior constitución de la sociedad Transforma TSC SL y al desarrollo del software Transforma TSC vinculado a ese proyecto universitario.

Según la investigación, el desarrollo de la herramienta tecnológica supuso un desembolso de 108.765 euros por parte de la Complutense. Peinado considera que existen indicios suficientes para proponer el enjuiciamiento de Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, una tesis que rechazan tanto la Fiscalía como la defensa de la esposa del presidente.