Begoña Gómez se enfrenta a la audiencia que decidirá si va a juicio con el 'software' de la UCM como principal frente

El Gobierno arranca una de sus semanas más complejas en el plano judicial con la audiencia previa en la que se decidirá si Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, va a juicio con jurado popular. La mujer del jefe del Ejecutivo está citada a las 18.00 horas de este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para uno de los trámites más decisivos del procedimiento que el magistrado Juan Carlos Peinado inició en 2024.

La comparecencia, inicialmente prevista para el pasado 9 de junio, determinará si Begoña Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez Rodríguez y el empresario Juan Carlos Barrabés acaban sentándose ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. El juez Peinado citó a los tres investigados "personalmente" bajo la advertencia de que, si no acuden, podrán ser conducidos "por la fuerza pública".

Las partes llegan a esta fase con los escritos de conclusiones provisionales ya presentados. La acusación popular que lidera Hazte Oír reclama una pena de 24 años de cárcel para Gómez, mientras que solicitan 22 años para Álvarez y seis para Barrabés. Por su parte, la Fiscalía pidió al juez el archivo del caso y avanzó que pedirá la absolución de los tres investigados en caso de que se abra juicio oral.

La defensa de la mujer de Sánchez recurrió la citación y acusó a Peinado de actuar a una "velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado democrático, como si tuviera excesiva prisa", según recoge un escrito presentado por su abogado, el exministro del Interior Antonio Camacho.

El 'software' de la cátedra

El origen de la investigación se sitúa en la creación de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), codirigida por Begoña. Asimismo, la causa también analiza la creación de la sociedad Transforma TSC SL, vinculada a Gómez, y su relación con el desarrollo y explotación del software Transforma TSC, asociado al proyecto y que costó 108.765 euros a la universidad.

Precisamente, este programa informático es uno de los ejes centrales del procedimiento. La defensa de Begoña Gómez sostiene que la herramienta nunca llegó a terminarse, no llegó a usarse y no generó perjuicio económico alguno a la UCM. No obstante, el último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez a finales de mayo concluyó que la plataforma "fue dada por finalizada" y que, una vez superado un proceso de pruebas funcionales, se puso "a disposición de grupos de pymes, mediante talleres promocionales y del público general a través del portal web transformatsc.org, según se tenía planificado desde un inicio".

La misma conclusión alcanza respecto a la empresa que Gómez registró en 2023 con el mismo nombre que la cátedra, Transforma TSC SL. La defensa alegaba que la sociedad unipersonal "no tuvo ningún tipo de actividad". La UCO, sin embargo, acredita que la mercantil emitió al menos dos facturas, por un valor total de 6.687, 85 euros, a una pyme cuyos miembros se habían registrado en la plataforma. La sociedad operó desde noviembre de 2023 hasta junio de 2024, "tras la apertura de este procedimiento judicial", según los agentes.

La UCM reclama más de 113.000 euros

La Complutense, personada como acusación particular por el presunto delito de apropiación indebida, presentó el 13 de mayo sus conclusiones provisionales reclamando la restitución de 113.509,32 euros, que cifra como el perjuicio sufrido por la apropiación del software. De esa cantidad, más de 78.000 euros corresponden a los contratos licitados con Deloitte. Paradójicamente, la propia consultora declaró al juez que nunca tuvo acceso directo al software ni participó en su creación, limitándose a prestar "soporte y asesoría" a la oficina coordinadora del proyecto.

La UCO, además, detectó irregularidades en esas adjudicaciones. Los requisitos y condiciones exigidos en los contratos con Deloitte "se amoldaron a las condiciones predefinidas" por la consultora y la cátedra, con indicios de que la empresa ya había iniciado funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato y de que se propiciaron condiciones que limitaron la concurrencia del resto de licitadores.

La confusión entre lo público y lo privado

Otro elemento que el informe de la UCO traslada al procedimiento apunta a las "analogías de denominación, objeto y figura visible" entre la cátedra de la UCM y la sociedad privada de Gómez. La Guardia Civil concluye que, ante la ausencia de aviso legal en el portal web que identifique plenamente las entidades responsables de la plataforma, "pueden derivarse dudas razonables sobre si Transforma TSC SL es una de ellas".

A esa confusión entre lo público y lo privado se suma otro detalle relevante que figura en el informe: Gómez afrontó con fondos personales —de una cuenta de titularidad compartida con Pedro Sánchez— el registro de la marca Transforma TSC y el dominio de internet transformatsc.org, por importes de 206,57 y 118,58 euros respectivamente. Sin embargo, otros gastos de cuantía similar o mayor relacionados también con la cátedra o la plataforma corrieron a cargo de fondos de la UCM. Para la UCO, este comportamiento "difiere" de lo observado con otros pagos referidos a su trabajo en la universidad.

La Guardia Civil añade además que la Complutense "no habría podido gestionar debidamente" los derechos de propiedad de la plataforma "ante la ausencia de comunicación previa por la unidad responsable del proyecto", es decir, la propia cátedra. Y, lejos de subsanar esa omisión, desde la cátedra "se llevaron a cabo acciones de divulgación que habrían afectado a la propiedad intelectual de la Plataforma", en referencia al tour promocional en el que Gómez presentó la herramienta ante distintos colectivos.

La asesora de Moncloa, "integrada" en la cátedra

Hasta principios de este año la investigación estaba dividida en dos piezas. La primera se centraba en las actividades de Begoña en la UCM, como su acceso a una cátedra extraordinaria, el supuesto tráfico de influencias en favor de Barrabés y el uso del software vinculado al proyecto. La segunda analizaba una posible malversación relacionada con el fichaje de Cristina Álvarez para realizar supuestamente tareas privadas ajenas a sus funciones en Presidencia del Gobierno. El instructor decidió finalmente unificar ambas líneas al considerar que todos los hechos estaban conectados y debían examinarse de forma conjunta.

Álvarez fue contratada en 2018 por la Presidencia del Gobierno como personal eventual con funciones vinculadas a la agenda de la esposa del presidente. Durante ese periodo habría percibido más de 400.000 euros. En su declaración judicial, Begoña Gómez reconoció que era amiga suya y que en ocasiones le había hecho "algunos favores".

El juez Peinado sostiene que su posición institucional pudo reforzar la capacidad de influencia de la esposa del presidente en sus actividades profesionales y que una eventual desviación de funciones desde la estructura de Presidencia podría haber servido de apoyo a intereses privados. Asimismo, le imputa malversación por haber dedicado tiempo y medios públicos a tareas de la cátedra privada.

El último informe entregado por la UCO también complica la situación de Álvarez, al rechazar que su ayuda a Begoña Gómez fuera "ocasional". Según los investigadores, su tarea "responde íntegramente a funciones de gestión y auxilio a la Dirección de la Cátedra", y la consideran, a todos los efectos, "integrada en el equipo de trabajo".