Peramato rechaza pronunciarse sobre las reuniones con Leire o el 'caso Plus Ultra' ante el Senado: "Son causas en trámite"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha evitado este viernes entrar a valorar las investigaciones sobre el 'caso Leire Díez' y el 'caso Plus Ultra' durante su comparecencia en el Senado, al insistir en que se trata de procedimientos judiciales en curso sujetos al deber de reserva. "Se ha insistido en pedir información en relación a procedimientos penales en curso. Me da igual que sea Plus Ultra o Leire. Son causas que están en trámite y cualquier fiscal y cualquier parte del procedimiento viene obligado jurídicamente a respetar la reserva", ha señalado ante la Cámara Alta.

Peramato fue citada por el Partido Popular a la Comisión de Justicia para responder sobre su gestión al frente de la Fiscalía, su discurso de toma de posesión —en el que apeló a "sanar las heridas" en la institución— y su posición respecto a la defensa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado en diciembre por el Tribunal Supremo.

No obstante, la sesión ha estado atravesada desde el inicio por los dos frentes que más han tensionado a la carrera fiscal en las últimas semanas. Por un lado, las reuniones del que fuera 'mano derecha' de García Ortiz, el fiscal Diego Villafañe, con la exmilitante socialista Leire Díez. Por otro, la apertura de expedientes gubernativos a dos fiscales en el marco de la investigación del rescate de Plus Ultra. En concreto, a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la fiscal María Luisa Llop.

"Una falta de respeto absoluto"

En este sentido, la fiscal general del Estado ha enmarcado su negativa a entrar en el detalle de ambas causas en la obligación legal de preservar el secreto de las actuaciones en curso, insistiendo en que no procede realizar valoraciones desde su posición institucional sobre las dos investigaciones que siguen su curso en la Audiencia Nacional. "No puedo hacer ningún tipo de observación ni comentario respecto de ningún procedimiento. No es este el momento para hacer ningún tipo de observación al respecto", ha añadido la máxima representante de la Fiscalía.

En ese contexto, Peramato ha aprovechado también su intervención para responder a las críticas sobre el papel de la Fiscalía y las insinuaciones de vinculación con supuestas tramas. "Se ha insinuado que la Fiscalía puede estar al servicio de una trama criminal. Es una falta de respeto absoluto a la institución que represento", ha afirmado. Así, ha defendido el trabajo del Ministerio Fiscal en España, subrayando que los fiscales actúan "con rigor, imparcialidad, autonomía y respeto exclusivo a la legalidad", y ha advertido de que ese tipo de acusaciones suponen "poner el trabajo de esos 2.800 fiscales a los pies de los caballos".

"Sanar heridas" tras la condena

En su intervención inicial, Peramato ha recordado que la Fiscalía es un órgano de relevancia constitucional con autonomía funcional, sometido a los principios de legalidad e imparcialidad, y ha defendido que su actuación no está sujeta a un control político directo del Parlamento, sino al control jurisdiccional de jueces y tribunales. En esa línea, ha advertido de que el fiscal general no puede actuar como "comentarista ni opinador de la actuación judicial", y ha subrayado el deber de reserva en los procedimientos en curso como una garantía estructural del sistema.

Sobre su discurso de toma de posesión del pasado 11 de diciembre, en el que aludió a la necesidad de "sanar heridas" en la Fiscalía, Peramato ha explicado que aquellas palabras respondían a un "diagnóstico institucional" en un momento de especial sensibilidad interna y externa, y que formaban parte de una llamada al "trabajo conjunto, la lealtad y la cohesión" dentro de la carrera fiscal.

"Cuando hablé de la necesidad de sanar una herida institucional, lo hice desde la convicción de que las instituciones sólidas no son las que niegan las tensiones, sino las que saben afrontarlas con responsabilidad, con transparencia y con cohesión", ha subrayado Peramato. Cabe recordar que dos semanas antes de su toma de posesión como fiscal general, García Ortiz, fue condenado por el Supremo a pena de multa y dos años de inhabilitación por la filtración de datos sobre la causa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En esa misma línea, ha insistido en que su mandato está orientado a reforzar la confianza en la Fiscalía, tanto en su dimensión interna como externa, a través de la coherencia en los criterios jurídicos, el fortalecimiento de los consensos y una mayor transparencia en la actuación del Ministerio Público, dentro siempre de lo que ha definido como una actuación "estrictamente jurídica".

En materia de nombramientos, ha sostenido que las decisiones adoptadas responden exclusivamente a criterios de "mérito, capacidad y adecuación al puesto", y ha defendido el margen de apreciación del titular de la Fiscalía General dentro de los límites del control jurisdiccional, recordando que el sistema permite valorar no solo elementos objetivos, sino también la "idoneidad funcional" de los candidatos.

Reuniones con Leire Díez en la Fiscalía General

Los dos frentes que rodean a la Fiscalía General desde hace un par de semanas por el 'caso Liere' y el 'caso Plus Ultra' han marcado las intervenciones posteriores de los portavoces políticos. Y es que la Fiscalía General reconoció la semana pasada que Villafañe, exteniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz dirigía la institución, mantuvo dos reuniones con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo, vinculado a la supuesta trama dedicada a tumbar causas judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

Según la versión de la Fiscalía, la primera reunión se produjo el 6 de marzo de 2025, cuando Díez y Teijelo se reunieron con Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica Beatriz López en la sede de la Fiscalía General del Estado para trasladar la existencia de unos hechos "con posible relevancia penal" cometidos por terceros. El segundo encuentro tuvo lugar entre finales de marzo y principios de abril. En ambas ocasiones, el abogado presentó a la presunta ‘fontanera’ del PSOE como "una compañera" de su despacho, según la Fiscalía.

Dos fiscales bajo la lupa por el 'caso Plus Ultra'

El segundo frente se abrió esa misma semana con la apertura de un expediente gubernativo a dos fiscales vinculadas al caso Plus Ultra. Las afectadas fueron la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal María Luisa Llop, que intervino en fases iniciales de la investigación y defendió en 2023 el archivo de las diligencias relacionadas con el rescate de la aerolínea, ahora bajo análisis del juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Por el momento, fuentes jurídicas han señalado a este periódico que estos expedientes tienen un carácter preliminar y "meramente burocrático".

En uno de los atestados policiales incorporados a la causa constaba un intercambio de mensajes de mayo de 2023 entre el abogado Miguel Palomero —detenido el pasado diciembre e investigado por blanqueo y organización criminal— y Rodolfo Reyes, entonces accionista mayoritario de la compañía. En esa conversación, Palomero trasladaba que al día siguiente preguntaría “de la juez del 15, cómo es”, en referencia a la magistrada que acababa de abrir diligencias sobre el rescate.

"La instrucción es muy importante", añadía el letrado, antes de deslizar que la jueza no era la única vía de acceso a las pesquisas: "La fiscal jefa es amiga". Un mensaje que los denunciantes han vinculado a Pilar Rodríguez, entonces fiscal jefe provincial de Madrid. "Hay que cortar esto", concluía Palomero, a lo que Reyes respondía "absolutamente" e instaba a hablar con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.