La tensión en el seno del Instituto Armado ha dejado de ser un secreto de pasillo para convertirse en una realidad documentada en sede judicial. Según revelan a este diario fuentes cercanas al caso, un documento oficial incorporado al denominado 'Caso Leire' demuestra cómo la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, desató una auténtica "caza de brujas" contra la cúpula de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Jefatura de Policía Judicial.
El objetivo de esta maniobra, revestida de procedimiento administrativo, era identificar y señalar a los mandos policiales sospechosos de haber filtrado a la prensa las constantes intromisiones del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, en las investigaciones que afectaban directamente al entorno del Gobierno.
El detonante de esta persecución interna fue la publicación, el 21 de julio de 2025 en el diario El Mundo, de una información titulada "Tensión en la UCO por la constante intromisión del peón de Marlaska". En dicho artículo se denunciaba que el DAO exigía de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre causas penales en curso, declaradas secretas, que afectaban negativamente al Ejecutivo.
La orden de Mercedes González
Frente a la gravedad de las acusaciones de intromisión, la reacción de la dirección de la Guardia Civil no fue investigar el comportamiento de su número dos, sino perseguir a quienes supuestamente lo habían denunciado. El 1 de septiembre de 2025, por orden directa de la directora general, Mercedes González, quien firmó digitalmente el documento el 30 de agosto, se abrió la información reservada número 1/25 de Estado Mayor, encomendada al general jefe de Estado Mayor, Leonardo Sánchez Peláez.
En el escrito de incoación redactado por la propia Mercedes González, al que ha tenido acceso El Independiente, la directora general justificaba la apertura del expediente basándose en tres "indicios" sumamente controvertidos. Primero aludía a la "presunción de veracidad que ampara a una información periodística de interés general". En segundo lugar, recriminaba que la UCO no hubiera desmentido públicamente la noticia. Y, en tercer lugar, acusaba al máximo responsable de la Policía Judicial de no haber ordenado de inmediato diligencias para comprobar la identidad de los "anónimos mandos" que habían servido de fuente al periódico.
Identificar a los investigadores
La investigación interna no se limitó a una mera indagación. El 5 de septiembre de 2025, el general jefe de Estado Mayor remitió un oficio a la UCO con una exigencia sin precedentes que encendió todas las alarmas en la unidad de élite. La cúpula de la Guardia Civil exigió formalmente la entrega de un "organigrama de la unidad en la que se haga constar aquella parte de la estructura de la misma que tenga relación directa con las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno".
De manera específica, el Estado Mayor ordenó identificar "nominativamente a los integrantes de la misma que sean oficiales" y que estuvieran a cargo de las causas que afectaban a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, a José Luis Ábalos, a Koldo García y al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
La UCO se vio obligada a dar respuesta a este requerimiento el 10 de septiembre de 2025, remitiendo un organigrama del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) que contenía los grupos de trabajo y los números de Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de los oficiales encargados de las pesquisas sensibles.
Citaciones en el Edificio III de Guzmán el Bueno
La presión sobre los mandos se materializó de inmediato. El 8 de septiembre de 2025, el general de brigada Alfonso López Malo, exjefe de la UCO y actual Jefe de la Jefatura de Policía Judicial, recibió un sobre cerrado procedente del jefe de Estado Mayor. En su interior se encontraba el oficio en el que se ordenaba la citación urgente, en calidad de testigos, de toda la cúpula investigadora de la Guardia Civil.
Las comparecencias se fijaron para el 11 de septiembre de 2025 en la segunda planta del Edificio III de la sede central de la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente en el despacho del secretario de la información reservada, el teniente coronel auditor Carlos García Ortega. El calendario de interrogatorios se diseñó de manera milimétrica para descabezar operativamente la jornada. A las 10:00 horas: General jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Don Alfonso A. López Malo. A las 11:30 horas: Coronel jefe de la UCO, Don Rafael Vicente Yuste Arenillas, y a las13:00 horas: Teniente coronel Don Antonio Balas Dávila (jefe del DIECAN).
Posteriormente, el 12 de septiembre, el instructor citó también al jefe de la Oficina de Prensa (OPC) de la UCO, cuya declaración se tomó el 16 de septiembre. Durante los interrogatorios, a los mandos policiales se les mostró la orden de incoación firmada por Mercedes González, aunque se les denegó la entrega de una copia física del documento.
Un cierre en falso ante la falta de pruebas
A pesar del despliegue y de la gravedad de la acusación de filtración, la "caza de brujas" terminó en un absoluto fiasco administrativo. El 3 de octubre de 2025, el general instructor se vio obligado a proponer el archivo de las actuaciones al constatar que no existía el más mínimo indicio que vinculase a la UCO con la publicación periodística.
En sus conclusiones, el instructor reflejó que "el artículo no menciona expresamente que las fuentes tengan su origen en la UCO", señalando que las referencias de la periodista eran del todo ambiguas, "fuentes de toda solvencia", "un alto mando", "es un secreto a voces". Además, el expediente reveló que la noticia incluía declaraciones entrecomilladas que hacían referencia al paso del DAO por el Grupo de Acción Rápida (GAR) y por la Comandancia de Granada, ámbitos sobre los cuales la dirección general no ordenó realizar ningún tipo de indagación ni apertura de expediente.
Fuentes cercanas al caso señalan que la apertura de esta información reservada, sumada a las incoadas en diciembre de 2024 y mayo de 2025, confirma un patrón de uso "excepcional" y "no habitual" de los expedientes disciplinarios como herramienta de intimidación y control político sobre los investigadores de la UCO, en un intento de frenar las pesquisas que cercaban al entorno de la Moncloa.
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