La directora de la Guardia Civil pidió tener identificados a los oficiales de la UCO que investigaban lo "concerniente al Gobierno"

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ordenó una información reservada en la que se solicitó identificar nominalmente a los oficiales de la Unidad Central Operativa (UCO) que participaban en las investigaciones judiciales relacionadas con el entorno del Gobierno.

Así consta en un informe de la propia UCO incorporado a la causa sobre el denominado 'caso Leire' y al que ha tenido acceso El Independiente. La documentación revela que, en el marco de una información reservada abierta por orden de la directora general en septiembre de 2025, el instructor requirió un organigrama detallado de la estructura de la unidad encargada de las investigaciones que afectaban a personas del entorno más próximo del presidente del Gobierno y del PSOE.

La actuación quedó recogida dentro de la denominada "Información reservada núm. 1/25 de Estado Mayor". Este procedimiento se abrió el 1 de septiembre de 2025 por orden de Mercedes González. Lo dirigió el General Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil.

"Un organigrama de la unidad"

Según recoge el informe, uno de los acuerdos adoptados por el instructor consistió en: "Solicitar de la Jefatura de la UCO un 'organigrama de la unidad en la que se haga constar aquella parte de la estructura de la misma que tenga relación directa con las investigaciones judiciales concernientes al Gobierno (esposa, hermano, José Luis Ábalos/Koldo, Santos Cerdán) identificando nominativamente a los integrantes de la misma que sean oficiales'".

La referencia resulta especialmente significativa porque delimita expresamente el ámbito de interés de la solicitud. No se requería un organigrama general de la UCO, sino la parte de la estructura directamente vinculada a las investigaciones judiciales relativas a la esposa del presidente del Gobierno, su hermano, el exministro José Luis Ábalos, el 'caso Koldo' y el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El requerimiento llegó a materializarse

El informe de la UCO señala además que la petición no quedó en una mera propuesta dentro del expediente administrativo. Según consta en la documentación analizada por los investigadores, el organigrama solicitado fue finalmente incorporado al procedimiento. "En relación con el requerimiento del organigrama de la Unidad, el mismo se incorpora en el folio 8 del expediente", recoge expresamente el informe.

El informe detalla que en ese folio figuraban "los datos del Jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, y las tarjetas de identificación profesionales de los Oficiales que han intervenido en la instrucción de las diligencias remitidas a la autoridad judicial que encomendó cada una de las investigaciones".

El origen de la información reservada

La actuación se abrió a raíz de una noticia publicada en un diario nacional en julio de 2025. Según el escrito firmado digitalmente por Mercedes González el 30 de agosto de ese año, la información periodística apuntaba a supuestas filtraciones procedentes de mandos de la Guardia Civil o de integrantes de la UCO.

La directora general trasladó al Estado Mayor que la noticia cuestionaba la actuación del entonces director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil por supuestamente reclamar de forma insistente información sobre investigaciones judiciales que afectaban al Gobierno. Según el documento, la publicación sostenía que esa situación había generado una "enorme tensión" dentro de la unidad.

La orden firmada por la directora general recogía además una serie de argumentos para considerar que la filtración podía proceder de mandos del cuerpo o de algún miembro de la UCO. Entre ellos, la presunción de veracidad de la información periodística, el hecho de que la unidad no hubiera desmentido públicamente la noticia y la ausencia de actuaciones internas para determinar el origen de las informaciones publicadas.

A partir de esos indicios se abrió la información reservada y se acordó la práctica de diversas diligencias. Además de la petición del organigrama, el instructor decidió tomar declaración al jefe de la Jefatura de Policía Judicial (JPJ), al jefe de la UCO y al jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción.

La UCO cuestiona la base de la investigación

Sin embargo, el propio informe elaborado posteriormente por la UCO pone en duda algunos de los fundamentos sobre los que se apoyó la apertura de la información reservada. Los investigadores destacan que, tras analizar la noticia periodística que dio origen al procedimiento, no encontraron referencias expresas que identificaran a miembros de la UCO como fuente de la información publicada. "Analizada la noticia de prensa que da origen a esta actuación (...) no se ha detectado que la periodista haga referencia alguna a que el origen de su información sea algún miembro de la UCO", señala el documento.

Por el contrario, el informe resalta que el artículo utilizaba expresiones genéricas como "fuentes conocedoras del conflicto", "un alto mando", "fuentes de toda solvencia" o "es un secreto a voces", sin atribuir las informaciones a integrantes concretos de la unidad investigadora. Esa misma conclusión fue asumida posteriormente por el instructor de la información reservada.

El 3 de octubre de 2025, el general encargado del procedimiento propuso el archivo de las actuaciones y dejó constancia de que el artículo periodístico no mencionaba expresamente a la UCO como origen de las filtraciones. "El artículo no menciona expresamente que las fuentes del artículo tengan su origen en la UCO", concluyó.

Un procedimiento que la propia UCO calificó de "excepcional"

El expediente acabó archivado sin consecuencias disciplinarias, pero el informe de la UCO añade un elemento adicional de relevancia. Los investigadores destacan expresamente el carácter extraordinario de este tipo de actuaciones dentro de la estructura de la Guardia Civil.

"Es importante resaltar la excepcionalidad de estos dos procedimientos administrativos", señala el documento al analizar tanto la información reservada abierta en diciembre de 2024 como la registrada en septiembre de 2025.

La UCO fundamenta esa afirmación en la propia numeración de los expedientes. La investigación incoada en diciembre de 2024 fue registrada como la número 1/24 del Estado Mayor, mientras que la de septiembre de 2025 quedó registrada como la número 1/25. Para los investigadores, el hecho de que fueran las únicas actuaciones de este tipo registradas en esos periodos constituye un indicio de su carácter excepcional.