La acusación popular unificada del 'caso Leire', liderada por el Partido Popular (PP) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite a declarar como testigo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para esclarecer las reuniones que la exmilitante socialista Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo mantuvieron en la sede de la Fiscalía General del Estado en marzo y abril de 2025. En un escrito al que ha tenido acceso El Independiente, también reclaman la comparecencia de otros tres fiscales y del jefe de seguridad del edificio al considerar que persisten "lagunas" sobre el contenido de esos encuentros, la ausencia de registros oficiales de acceso y las decisiones que se adoptaron tras ellos.
La petición se produce después de que la Fiscalía General remitiera un oficio al juzgado detallando los contactos mantenidos con Teijelo, que prestó declaración ante el juez Pedraz el pasado 25 de junio. Tras analizar ambos elementos, la acusación sostiene que la información facilitada "presenta extremos de relevancia que requieren esclarecimiento adicional", por lo que considera necesario ampliar las diligencias de investigación y citar a estos cinco nuevos testigos.
En concreto, solicita que testifique el ex fiscal general del Estado para aclarar si tuvo conocimiento —directo o indirecto— de las reuniones mantenidas por miembros de la Secretaría Técnica con Jacobo Teijelo y, en su caso, con Leire Díez; cuándo fue informado de ellas; qué instrucciones pudo impartir respecto al tratamiento de esa información y por qué no se impulsó ninguna actuación pese a que, según el propio oficio remitido por la Fiscalía, en esos encuentros se expusieron hechos con una eventual relevancia penal.
La acusación también pretende que García Ortiz explique cuál fue el criterio para que esos contactos no quedaran reflejados en ningún registro oficial de la institución. A su juicio, su declaración resulta "imprescindible" para comprobar si el conocimiento de aquellos encuentros alcanzó a la cúpula de la Fiscalía General del Estado y verificar la coherencia entre la versión institucional trasladada al juzgado y el conocimiento efectivo existente dentro del organismo.
También a la 'mano derecha' de García Ortiz
El escrito solicita igualmente la declaración del entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe —'mano derecha' de García Ortiz— que, según el propio oficio de la Fiscalía, participó en al menos dos reuniones con Teijelo en las que este expuso hechos que consideraba susceptibles de relevancia penal.
Sin embargo, la acusación sostiene que la información facilitada por la Fiscalía se limita a una descripción "genérica" de esos encuentros y no concreta qué información se trasladó exactamente, si se aportó documentación, qué valoración realizaron los fiscales presentes ni cuáles fueron las razones por las que no se promovió ninguna actuación posterior.
Por ese mismo motivo reclama también la comparecencia de la fiscal Beatriz López Pesquera, que asistió a la reunión celebrada el 6 de marzo de 2025. Considera que su testimonio permitirá corroborar o matizar la versión ofrecida hasta ahora, precisar el papel desempeñado por los asistentes —entre ellos Leire Díez— y aclarar las valoraciones internas realizadas tras aquel encuentro.
Asimismo, interesa la declaración de la fiscal Ana Isabel García León, que intervino en la tramitación de distintos escritos presentados por el exasesor ministerial Koldo Garcíam y de la denuncia formulada por el exjuez José Luis Sáenz de Tejada. Según la acusación, su comparecencia permitiría integrar en una misma secuencia las reuniones mantenidas con Teijelo y la gestión posterior de esos escritos.
Sin registro de visitas
Según precisaron entonces fuentes del Ministerio Público a este periódico, no existen registros de visitas en la FGE. No obstante, "en el espíritu de total colaboración institucional y transparencia", comunicaron al juez Pedraz que Villafañe y López Pesquera mantuvieron una primera reunión con Díez y Teijelo el 6 de marzo de 2025, y otra "en fecha no determinada" de finales de marzo o principios de abril del mismo año. Asimismo, subrayaron que el entonces fiscal general García Ortiz fue informado a posteriori de ambas.
A juicio de la acusación popular, esa ausencia de control documental de las visitas genera una "evidente laguna probatoria" respecto a la celebración de las reuniones, las fechas y horarios en que tuvieron lugar y la identidad de todas las personas que participaron en ellas.
Por ello, solicita también la declaración del jefe de seguridad de la sede de la calle Fortuny para determinar qué sistemas de control de acceso existían en el periodo investigado y si pueden recuperarse registros indirectos —como controles manuales, incidencias o anotaciones de los vigilantes— que permitan reconstruir las visitas realizadas por Jacobo Teijelo y Leire Díez.
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