La acusación popular unificada, lideradas por el Partido Popular, ha solicitado al juez que investiga la presunta trama para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que cite como investigados a la actual directora general del Instituto Armado, Mercedes González; a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos; y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
En un escrito presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 5, al que ha tenido acceso El Independiente, la acusación reclama nuevas diligencias al considerar que existen “indicios racionales” que justificarían que los tres mandos pasen de declarar como testigos a hacerlo en condición de investigados, al apreciar posibles responsabilidades en los hechos que se investigan. Se les acusa de les acusa de prevaricación, pertenencia o cooperación a organización criminal, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional y revelación de secretos.
El escrito sostiene que la investigación judicial ha permitido documentar una relación entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, investigada en la causa por la presunta existencia de una operación destinada a desacreditar a la UCO y obstaculizar investigaciones que afectaban al entorno del PSOE y del Gobierno.
Las tres reuniones con Leire
La acusación sostiene que Mercedes González mantuvo una relación "personal y reiterada" con Leire Díez que se prolongó tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, el 17 de septiembre de 2024. De hecho, según apuntan las acusaciones, los investigadores de la UCO señalaban en sus informes que González y Díez habrían mantenido varios encuentros después del nombramiento de la primera como directora general de la Guardia Civil. El escrito cita tres reuniones: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.
La acusación pone el foco especialmente en un mensaje enviado por Leire Díez tras el encuentro de abril al abogado investigado Oliver: “Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía”. Según el escrito, este intercambio sería uno de los elementos que sustentan la sospecha de que Díez pretendía utilizar su relación con la máxima responsable del Instituto Armado para promover actuaciones internas contra la unidad policial que investigaba casos sensibles.
Además, el escrito incorpora anotaciones intervenidas a Díez en las que, según la acusación, aparecen referencias a “armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo” y a una “investigación interna G.C. para filtraciones”. También recoge un audio de una reunión celebrada en diciembre de 2024 en la que Díez habría manifestado: “mi siguiente conversación va a ser con la Directora de la Guardia Civil. (…) Es de mi confianza”.
Las informaciones reservadas
La petición de imputación también pone el foco en la apertura de varias informaciones reservadas dentro de la Guardia Civil dirigidas contra miembros de la UCO. El escrito sostiene que estas actuaciones coincidieron temporalmente con avances de investigaciones judiciales que afectaban al entorno del Gobierno y califica esta sucesión de expedientes internos como una posible herramienta de presión sobre los agentes.
En este sentido, la acusación recoge las declaraciones prestadas por distintos mandos de la Guardia Civil, entre ellos el general jefe de Policía Judicial, y el entonces jefe de la UCO, quienes, según el escrito, calificaron de “excepcionales” y “no habituales” la apertura de varias informaciones reservadas centradas en la misma unidad. También señala que estos mandos habrían declarado que recibieron indicaciones para “ponerse de perfil” y “no ser proactivos” en determinadas causas con “afectación política”.
Uno de los episodios que la acusación considera más relevantes es la existencia de una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil el 29 de abril de 2025. Según el escrito, este documento alertaba de una supuesta campaña contra la UCO y señalaba que Leire Díez era una de las personas vinculadas a esa estrategia. La acusación sostiene que el DAO, Manuel Llamas, no trasladó inicialmente esa información a la unidad investigadora.
Los contactos de Mercedes con Leire
El escrito también incide en las contradicciones de Mercedes González sobre sus contactos con Leire Díez. Según la acusación, inicialmente se negaron reuniones entre ambas, aunque posteriormente se reconocieron varios encuentros. Además, señala que el 11 de mayo de 2025 se activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp entre ambas con una cadencia de 24 horas.
La acusación popular plantea que los hechos podrían tener encaje, de forma indiciaria y pendiente de valoración judicial, en delitos como prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia, revelación de secretos o encubrimiento.
Con esta petición, la causa coloca bajo el foco judicial a la actual cúpula de la Guardia Civil y abre un nuevo frente sobre la gestión interna del Instituto Armado durante una etapa marcada por la tensión entre la dirección política del cuerpo y los investigadores de la UCO.
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