La decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citar como investigados al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, y a la directora general del Instituto Armado, Mercedes González, por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y de obstrucción a la Justicia, ha abierto un nuevo frente para el Ministerio del Interior.

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Más allá de las consecuencias penales de la causa, la imputación de los dos máximos responsables de la Guardia Civil sitúa ahora al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ante otro debate, el de activar la vía disciplinaria prevista en la Ley Orgánica 12/2007, de régimen disciplinario de la Guardia Civil. La providencia de Pedraz aprecia, con carácter indiciario y a expensas del resultado de la instrucción, elementos suficientes para recibir declaración a ambos como investigados por hechos que "podrían presentar los caracteres de un delito continuado de prevaricación administrativa" y de un delito "contra la Administración de Justicia".

La Ley Orgánica 12/2007 no establece que la apertura de un procedimiento penal implique automáticamente la incoación de un expediente disciplinario. Sin embargo, sí prevé expresamente que la existencia de una investigación judicial no impide la apertura y tramitación de un procedimiento disciplinario por los mismos hechos. El artículo 3 de la norma dispone que ambos procedimientos pueden coexistir, si bien la resolución definitiva del expediente disciplinario deberá esperar a que exista una resolución penal firme cuando ambos versen sobre los mismos hechos. En la práctica, la norma habilita a la Administración para actuar sin necesidad de esperar al desenlace de la causa judicial.

Sería una anomalía no abrir el expediente

Precisamente esa es la práctica habitual que describen fuentes de la propia Dirección General de la Guardia Civil consultadas por El Independiente. "Siempre que un miembro del Cuerpo es imputado por un juez, se abre un expediente disciplinario. Siempre, casi de forma automática. Sería una anomalía no hacerlo", explican estas fuentes, que subrayan que la incoación del procedimiento no implica prejuzgar la culpabilidad del afectado ni supone la imposición inmediata de una sanción, sino la activación del mecanismo administrativo previsto para analizar la posible existencia de responsabilidad disciplinaria.

La eventual apertura de ese expediente, sin embargo, plantea en esta ocasión una situación inédita. El principal destinatario de esa decisión sería el propio director adjunto operativo de la Guardia Civil, máxima autoridad operativa del Instituto Armado. Pero la autoridad de la que depende orgánicamente esa decisión, la directora general Mercedes González, también ha sido citada como investigada en la misma causa penal por los mismos hechos. Esa doble imputación introduce un evidente elemento de complejidad administrativa, ya que cualquier decisión disciplinaria respecto del DAO quedaría inevitablemente condicionada por la posición procesal de la propia directora.

Marlaska sigue confiando

A ello se añade la respuesta política del Ministerio del Interior. Tras conocerse la resolución judicial, el departamento de Fernando Grande-Marlaska trasladó que mantiene "su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y en el director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas, que seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera". El comunicado, sin embargo, no hace referencia a la eventual apertura de expedientes disciplinarios ni aclara cuál será la respuesta administrativa del Ministerio tras la decisión adoptada por el juez instructor.

La resolución de Pedraz llega además después de que El Independiente adelantara que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular solicitaran expresamente la declaración como investigados de ambos responsables al considerar que existían indicios suficientes para atribuirles una posible participación en los hechos investigados. Finalmente, el magistrado ha acordado acceder a esa petición y citarlos para declarar el próximo 16 de julio.

Un argumento de igualdad de trato

Desde el punto de vista jurídico, la apertura de un expediente disciplinario no supone una sanción ni implica anticipar el resultado del procedimiento penal. Se trata de dos ámbitos distintos de responsabilidad. De hecho, la propia Ley Orgánica 12/2007 prevé que el expediente pueda incoarse, practicarse las diligencias necesarias e incluso quedar suspendido hasta que la jurisdicción penal determine definitivamente los hechos. Posteriormente, la Administración queda vinculada por los hechos declarados probados en la resolución judicial firme.

En el ámbito interno de la Guardia Civil existe además un argumento de igualdad de trato que previsiblemente estará presente en el debate. Diversos mandos consultados recuerdan que la apertura de expedientes disciplinarios ha sido la respuesta habitual cuando miembros del Instituto Armado han pasado a tener la condición de investigados en procedimientos penales relacionados con el ejercicio de sus funciones. En ese contexto, sostienen que no actuar ahora podría interpretarse como una excepción respecto al criterio seguido tradicionalmente por la institución.

Mercedes González y las medidas cautelares

El caso adquiere además una dimensión institucional poco frecuente. Nunca antes la directora general de la Guardia Civil y el director adjunto operativo habían sido llamados simultáneamente a declarar como investigados en una causa de esta naturaleza mientras permanecían en el ejercicio de sus funciones. Esa circunstancia sitúa al Ministerio del Interior ante una decisión con importantes implicaciones tanto jurídicas como políticas, ya que debe decidir entre mantener exclusivamente la confianza política expresada públicamente o activar también los mecanismos disciplinarios previstos en la normativa interna.

Esta cuestión, además, ya se ha dado con anterioridad en el marco de esta misma causa. El Ministerio del Interior abrió expedientes disciplinarios al ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) Juan Sánchez Yepes y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ambos investigados en distintas causas judiciales relacionadas con la presunta trama impulsada para obtener información reservada y desacreditar a la UCO. Como medidas cautelares, Sánchez Yepes ha sido suspendido de funciones y Villalba ha sido cesado en su destino, aunque ambos continúan en activo a efectos administrativos y seguirán percibiendo parte de sus retribuciones mientras no exista una resolución judicial firme.

Villalba y Yepes

Según la investigación, Villalba mantuvo varias reuniones con Leire Díez mientras esta trataba de obtener información sobre investigaciones policiales y mandos de la Guardia Civil. El comandante, además, ya está investigado en el' 'caso Koldo' por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. La resolución judicial sostiene que el entramado le habría ofrecido apoyo para recuperar su carrera profesional a cambio de colaborar en actuaciones dirigidas contra la Guardia Civil y, en particular, contra la UCO.

Por su parte, el auto también sitúa a Juan Sánchez Yepes en una reunión celebrada en diciembre de 2024 junto a Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, en la que habría facilitado información sobre la estructura y el funcionamiento interno de la UCO.