Una previsible victoria política no tiene por qué comportar cambios inmediatos ni resolver la legislatura a favor del Gobierno. Es la sensación que recorre ahora mismo la cúpula socialista cuando quedan apenas horas para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte sentencia sobre la ley de amnistía de 2024. Los socialistas cuentan con que los magistrados darán la razón al Ejecutivo y blindarán la controvertida norma que proporcionó la investidura a Pedro Sánchez, pero también asumen que ese triunfo, que supondría la vuelta del expresident Carles Puigdemont a España en el otoño, no tiene necesariamente por qué variar las dinámicas en su partido, en Junts. En Ferraz reivindican que ya han hecho su parte, que el presidente ha hecho gestos hacia los posconvergentes y seguirá haciéndolos, pero entienden que son ellos quienes "deben responder por sus acciones" y son ellos "quienes han ido cambiando". La confianza en un viraje final en el último tramo de este mandato ha decrecido.
Hace meses, el Gobierno sostenía que el eventual regreso de Puigdemont a España podía cambiar las dinámicas en Junts, porque toda la estrategia de su partido estaba atravesada por su frustración, su "desesperación" por no poder volver a su casa pese a la aprobación de la ley de amnistía. Claro que los cálculos que se hacía el Ejecutivo era que el Constitucional resolvería a primeros de 2026. No sucedió eso. El alto tribunal decidió esperar a que el TJUE hable. A que los magistrados de Luxemburgo determinen si la amnistía de los delitos de terrorismo y malversación en el procés encajan en el derecho comunitario. Porque el TJUE resolverá este jueves, 16 de julio, dos años y un mes después de la entrada en vigor de la norma, las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas en la causa de la responsabilidad contable por los gastos del referéndum del 1 de octubrre de 2017 y por la Audiencia Nacional, por el caso de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo por intentar torpedear de manera violenta la sentencia del procés.
El optimismo del Gobierno respecto a lo que ocurrirá el jueves no es infundado. Ya el abogado general de la UE, Dean Spielmann, en su informe del pasado noviembre, avaló el grueso de la ley de amnistía. Defendió que los gastos del proceso separatista no afectaron a los intereses financieros de la UE ni tampoco la norma contraviene la directiva de lucha contra el terrorismo, puesto que excluye del perdón, de forma explícita, los actos que causan violaciones graves de derechos humanos como los derechos a la vida y a la integridad física. Spielmann señaló que la ley no era una autoamnistía y destacó que fue aprobada "en un contexto real de reconciliación política y social". Eso sí, cuestionó el plazo máximo de dos meses que daba el texto para que los jueces lo aplicasen.
Ya cuando el abogado general de la UE expuso en su informe que la ley no contravenía el derecho comunitario, el Gobierno lo celebró como una "victoria rotunda" en el camino a la "normalización"
Los dictámenes del abogado general de la UE no son vinculantes, pero sí suelen orientar las sentencias posteriores del tribunal de Luxemburgo. Por eso el Ejecutivo (y también la oposición) da por hecho que el jueves recibirá una buena noticia en medio de una acumulación de frentes judiciales. Podrá reivindicar que su ley de amnistía —que Sánchez rechazaba de plano en la formulación defendida por los independentistas antes de las generales del 23 de julio de 2023— ha pasado el filtro exigente de la UE. Ya cuando se hizo público el informe de Spielmann, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, habló de "victoria rotunda", insistió en que primero el Constitucional validó el encaje de la norma en la Carta Magna y que ya quedaba más cerca el visto bueno de Luxemburgo. En todo caso, señaló, la ley ya había "cumplido su objetivo político", que era la "normalización política, social e institucional en Cataluña".
Lo que permitirá la sentencia del jueves, si es que en efecto es favorable al Gobierno, es dar el "paso más" que faltaba, según esgrimía entonces Bolaños. La aplicación a todos los líderes del procés. Puigdemont, sí, pero también Oriol Junqueras, presidente de ERC, indultado de la pena de cárcel en 2021 pero con la inhabilitación pendiente de perdón. Pese ese paso no será inminente. Porque a continuación deberá el Constitucional resolver los recursos de amparo y eso no llegará hasta septiembre u octubre de este año, porque los magistrados quieren darse tiempo para estudiar con profundidad la sentencia europea. Y cuando hable el TC, previsiblemente a favor, deberá pronunciarse el Supremo, pues es a él a quien le corresponde la aplicación efectiva de la amnistía y quien tiene que levantar las órdenes de detención que pesan sobre el expresident. En ese momento Puigdemont podría volver ya a España.
En el Ejecutivo, hace unos meses, sí se esperaba que el regreso de Puigdemont pudiera ayudar a un nuevo acercamiento con Junts, pero esa confianza, vistos los últimos meses, ha decrecido
Precisamente ese punto, la vuelta del expresident después de nueve años fugado de la Justicia era esperado por el Ejecutivo como la oportunidad para recomponer sus lazos con Junts, después de que la formación separatista catalana rompiera con los socialistas por sus "incumplimientos". Pero ya esa expectativa se ha diluido parcialmente. Ferraz asume que puede que la sentencia del TJUE, siempre que sea favorable, no sirva para atraer a los posconvergentes.
"La conciencia muy tranquila"
"Nosotros hemos seguido trabajando para cumplir los acuerdos que firmamos con ellos. Y seguiremos. Pero a partir de ahí hay que preguntarles a ellos. Nosotros tenemos la conciencia muy tranquila. Y todo lo que hacemos es para mejorar la vida de la gente y llevar la normalidad a Cataluña y al resto de España, como hemos hecho", apuntan desde el núcleo duro del partido.
En definitiva, que el PSOE defiende que ha cumplido, que está cumpliendo su parte del trato, a un fuerte coste en términos de opinión pública, pero no puede responsabilizarse de la posición de un Junts cada vez más duro y hostil: "Nosotros seguimos como siempre. Los que han ido cambiando son ellos, así que a ellos hay que preguntar, no a nosotros".
Lo lógico sería que cuando regresase Puigdemont las cosas, en su relación con nosotros, cambiara... pero hay razones del corazón que la razón no entiende", dice una integrante de la cúpula federal
En Ferraz, pues, ha cundido la impresión de que la formación de Puigdemont ya no atiende a razones lógicas. Y que, por tanto, que el retorno del expresident esté más cercano no será retribuido por Junts a través de un acercamiento al Gobierno: "Es que se llega a un punto en el que el sentido común ya da igual", no opera, de modo que "cada uno responda por sus acciones". Otra integrante de la dirección socialista lo expresa de manera similar: "Lo lógico sería que cuando regresase Puigdemont las cosas, en su relación con nosotros, cambiara... pero hay razones del corazón que la razón no entiende". "Yo ya he dejado a comprender a Junts —confiesa otro alto mando de la ejecutiva—. Ellos tienen sus dinámicas".
Los socialistas esgrimen que ellos han puesto "muchísimo" de su parte para reconstruir puentes, sin que los independentistas se hayan apeado de sus posiciones. En el partido se mantiene la tesis de que en los separatistas pesa mucho su feroz competencia con Aliança Catalana, la formación ultra y xenófoba de Sílvia Orriols que, según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió —el llamado CIS catalán—, podría saltar de dos a 23-25 diputados en el Parlament (15,1%), muy por encima de Junts, que bajaría de 35 a 16-18 escaños (11,8%).
Este lunes, el president catalán, Salvador Illa, aseguró que espera que el TJUE se pronuncie el jueves de manera "clara" sobre la amnistía y, una vez suceda, confía en que la norma se aplique "con diligencia" en España. Es decir, que se perdone a los líderes del procés, algo que ha venido reclamando. Respecto a la posibilidad de que pueda haber un viraje de Junts, desde el entorno del jefe del Govern piden aguardar: "Tiempo al tiempo".
Este martes, previsiblemente, los posconvergentes tumbarán una vez más la senda de estabilidad con PP y Vox, con el argumento de que se concede mucho más margen de gasto al Estado
Lo cierto es que, desde la ruptura decretada el año pasado, los posconvergentes han hecho penar al Ejecutivo. Este mismo martes, en el primer pleno en la Cámara baja de este julio, tumbarán previsiblemente la senda de estabilidad junto a PP y Vox, como hicieron en 2025 y en 2024. El vicepresidente y portavoz del partido, Josep Rius, lamentó que no se haya aprovechado "la aritmética parlamentaria" para negociarla. "El Gobierno inicia los trámites para los Presupuestos Generales del Estado de 2027 sin una mayoría clara en el Congreso y sin haberlo pactado previamente, al menos con Junts", señaló. Y aunque no aclaró el sentido del voto de su formación, Rius sí sostuvo que rechazan que "un 96% del margen de gasto" continúe siendo para el Estado, "un 4% para las comunidades autónomas y un 0% para los ayuntamientos". Y es que el Ejecutivo ha previsto, para 2027, que el déficit de la Administración General del Estado sea del 1,5% por el 0,1% que permite a las CCAA, el 0,2% a la Seguridad Social y el equilibrio presupuestario que han de alcanzar las corporaciones locales.
En principio, solo la senda
El Ejecutivo ya cuenta con que la senda caerá este martes en el Congreso, por lo que deberá aprobarla la semana que viene de nuevo el Consejo de Ministros para que la Cámara baja la vuelva a votar el 23 de julio. Y entonces fracasará de nuevo. Hacienda tendría así que elaborar el proyecto de PGE con los números aportados a Bruselas. "La intención de Sánchez no es aprobar Presupuestos, es buscar una excusa para las elecciones anticipadas y culpabilizar a la oposición", sostuvo Rius.
También los de Puigdemont confirman que presentarán enmienda con texto alternativo a la reforma del modelo de financiación. No aclaran si se sumarán a las de devolución de PP y Vox
El vicepresidente de Junts también confirmó que su partido presentará una enmienda de totalidad con texto alternativo a la reforma del sistema de financiación que pactó el Gobierno con ERC cuando llegue al Congreso. La formación defenderá así su propuesta de concierto económico. Es decir, la posición que ya mantuvieron los posconvergentes en enero. Lo que no aclaró Rius es si eso supondrá que votarán en contra de la enmienda de devolución que presenten PP y Vox. No es baladí. Porque si Junts solo se vota a sí misma, si solo apoya su propia enmienda de texto alternativo, en la práctica facilita que siga la tramitación del proyecto del Ejecutivo, ya que las enmiendas de la derecha y la ultraderecha decaerán.
La expectativa de los socialistas es que, en el pleno de este martes en el Congreso solo decaiga la senda de estabilidad. Se debaten otros cuatro puntos: dos reales decretos leyes —para garantizar la prestación del servicio público de RTVE y para inyectar 6.162 millones de euros al sistema de dependencia entre 2026 y 2027—, un dictamen de comisión del proyecto que reformas las leyes de discapacidad y dependencia (para reducir burocracia, quitar incompatibilidad de prestaciones y ampliar servicios) y el debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de Sumar para despenalizar delitos de opinión como las injurias a la Corona.
Se votan dos decretos leyes (de RTVE y de inyección de recursos al sistema de dependencia), el dictamen de reforma de la dependencia y la totalidad de la ley para despenalizar las injurias a la Corona
En teoría, no habría problemas, creen en el PSOE, con ninguno de esos cuatro puntos. En el tercero, por ejemplo, ya Junts votó la semana pasada a favor del dictamen en comisión, aunque sí precisó que su "línea roja" para apoyar el texto en el pleno es que el Estado garantice que se corresponsabiliza con las CCAA en la prestación de la dependencia, asumiendo el 50% de la financiación. "Pero hasta que votemos... a saber. Ellos pueden cambiar de criterio", conceden en la cúpula del Grupo Socialista.
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