Solo él tiene la potestad de decidir. Solo él puede elegir la fecha. Solo él puede determinar cuándo concluye una legislatura turbulenta y crispada, marcada por los tribunales y de infernal vida parlamentaria. Solo Pedro Sánchez tiene el poder de fijar las próximas generales en el calendario. En 2027, como él siempre ha repetido. No ha dado más pistas, pero su partido ya sí hace cálculos. Une puntos, decodifica señales y atisba las urnas. Las sitúa en los primeros meses del año, como máximo en marzo, si no logran aprobarse unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, la opción más plausible y que incluso reconoce el Gobierno. La impresión es que, caídas las cuentas públicas, llegará la convocatoria, y por tanto las elecciones se celebrarán, y este es el otro dato clave, antes de las municipales y autonómicas de mayo, tal y como muchos cuadros socialistas deseaban. Los comicios se acercan, y el Ejecutivo tampoco disimula.

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Al curso político le quedan apenas tres semanas, pero la Moncloa ansía arribar al parón vacacional, con el ánimo de que se reproduzca el esquema del año pasado, cuyo final también fue durísimo para el PSOE y para el propio presidente, por el inesperado informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán que condujo a su fulminante caída y su posterior encarcelamiento preventivo. Tras encadenar varias semanas en un profundo hoyo, Sánchez pudo recuperar la iniciativa política en septiembre, doblando el brazo al PP sobre todo por su posición en defensa de Palestina y contra el "genocidio" perpetrado por Israel. Ahora, ya hay sentencia del caso mascarillas —24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos—, se espera el fallo tras el juicio al hermano del líder del Ejecutivo, David Sánchez, y las causas judiciales se han multiplicado para los socialistas: a la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra y por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros en su despacho, se suma el laberinto del caso Leire Díez, que este viernes se cobró la imputación del primer jefe de Gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, cuando todavía estaba al frente de la oposición.

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Antes del paréntesis estival, restan algunos hitos. El primero, este martes, cuando el Congreso debata y vote por primera vez la senda de estabilidad para el periodo 2027-2029 —y sea informado del techo de gasto récord diseñado por Hacienda, de 226.032 millones de euros—. El texto probablemente será rechazado, y entonces el Consejo de Ministros deberá acordarlo nuevamente y enviarlo a la Cámara baja una segunda vez, y entonces, en ese pleno del 23 de julio, volverá a ser tumbado. De este modo, el Ejecutivo tendrá que elaborar el proyecto de Presupuestos para 2027 con los objetivos de déficit y deuda pactados con Bruselas.

Pero además este jueves, 16 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará sentencia sobre la ley de amnistía, y previsiblemente lo hará en línea con el escrito del abogado general de la UE, que avaló el ajuste de la norma española al derecho comunitario. Si se confirma, el Tribunal Constitucional, en el otoño, dará la razón a Carles Puigdemont (y al líder de ERC, Oriol Junqueras) y dará vía libre para que el Supremo aplique finalmente la amnistía. Entonces, el expresident y líder de Junts podrá regresar a España. Un momento con el que el Gobierno espera que se abra una nueva etapa, confía en que de mayor acercamiento, con los posconvergentes.

En la última semana de julio, último Consejo de Ministros y aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica por el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves 29, otra pieza clave para Sánchez en el camino a las elecciones. No hay fecha aún para que el nuevo sistema financiero llegue a la mesa del Consejo de Ministros con el fin de remitirlo al Congreso para su tramitación, pero lo previsible es que sea ya a la vuelta del verano —el Gabinete se reunirá de nuevo el martes 25 de agosto—. Es decir, que para cuando el Gobierno encare ya la recta final de la legislatura podrá jugar con dos cartas muy relevantes: el proyecto de Presupuestos y la reforma de la financiación autonómica. Dos cartas políticas, porque difícilmente verán la luz. Para que las dos leyes sean aprobadas, se requiere el apoyo de Junts. Y la formación de Puigdemont exige, para las cuentas de 2027, que el Estado abone a la Generalitat todos los recursos que, a su juicio, le debe, y para la nueva financiación, más ambición para Cataluña, un concierto fiscal.

El pasado martes, cuando el Gobierno aprobó la senda de estabilidad y el techo de gasto para su envío a la Cámara baja, el ministro de Hacienda, Arcadi España, no precisó en qué momento remitirá el Ejecutivo el proyecto de PGE al Congreso. Un dato más que relevante. La explicación que ofreció la Moncloa es que hay que ir "paso a paso", primero afrontar las dos sesiones sobre los objetivos de déficit y deuda de este mes en la Cámara baja y después recalcula la estrategia de cara a la presentación de las cuentas de 2027. Porque una vez que estas llegan a la carrera de San Jerónimo, se desencadena un proceso bastante mecánico y tasado. Así, el debate de totalidad se celebraría unas tres semanas después. Esa sería la prueba que Sánchez no podría superar por el rechazo anunciado, al menos hasta ahora, de Junts. Si los Presupuestos caen, se abriría por tanto el escenario del adelanto de las generales. Un anticipo que sería en todo caso técnico, según recuerdan desde Ferraz y desde el Gobierno, porque las urnas se colocarían en 2027. Que los comicios fueran en marzo, arguyen, simplemente implicaría un recorte de apenas cuatro meses de la legislatura.