El curso judicial baja el telón de su 2026 con dos sentencias que ya son historia y seis investigaciones abiertas que marcarán la agenda política a la vuelta del verano. El 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó al exministro José Luis Ábalos a veinticuatro años de cárcel por corrupción, la mayor pena de prisión impuesta a un antiguo miembro del Gobierno en democracia. Apenas tres semanas después, la Audiencia de Badajoz acordaba inhabilitar durante nueve años al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación. Entre tanto, la Audiencia Nacional ha vivido uno de sus cursos de mayor intensidad, con un julio que ha abarrotado de periodistas la Plaza de la Villa de París, ha dejado vista para sentencia la 'operación Kitchen' tras cuatro meses de juicio y mantiene abiertas cinco causas que volverán en septiembre a copar los titulares.
Tras un abril de juicio en el Salón de Plenos del Supremo, la primera gran sentencia llegó el 22 de junio. La Sala de lo Penal condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, y a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses. También impuso cuatro años y medio al comisionista Víctor de Aldama, aunque suspendió su ingreso en prisión por su colaboración con la investigación, a condición de no reincidir y de realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. La resolución, de 224 páginas, da por probado que el exministro aprovechó su posición al frente de Transportes para adjudicar contratos de mascarillas a la empresa de Aldama a cambio de comisiones, incluyendo pagos mensuales de 10.000 euros y el alquiler de un piso en Madrid para su entonces pareja, Jessica Rodríguez.
La sentencia cerró una etapa, pero no así el 'caso Koldo'. El resto del procedimiento se encuentra en manos del juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional dividido en tres piezas. Una continúa con las mascarillas con la mirada puesta en las adjudicaciones de Canarias y Baleares durante los gobiernos de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol. Otra investiga presuntos amaños en obra pública, con Santos Cerdán como pieza central. El augurado informe patrimonial de la UCO sobre el exsecretario de Organización socialista llegó a 17 de julio, y cifró en más de 323.000 euros lo que Cerdán y su entorno habrían obtenido a través de la empresa Servinabar, coincidiendo sus máximos con los años en que Acciona resultó adjudicataria de las obras investigadas. La tercera, bajo secreto desde el pasado octubre, indaga en los pagos en metálico en el PSOE a raíz de un posible descuadre entre lo que el partido entregó a Ábalos y Koldo y lo que ambos justificaron; es la pieza en la que Aldama entregó en marzo un sobre que le habría hecho llegar la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y a la que acudió discretamente a declarar el pasado 8 de julio.
De los 'amaños' en la SEPI a las 'cloacas' del PSOE
Una Audiencia Nacional que advertía en febrero de la sobrecarga de sus juzgados de instrucción, termina julio con todas las miradas puestas sobre dos macrocausas: el 'caso Leire' y el 'caso Plus Ultra'. La primera nació en el Juzgado Central número 5 en diciembre del año pasado con un objeto distinto al que actualmente se puede percibir como principal. Cuando el juez de Santiago Pedraz abrió diligencias, el foco estaba puesto en el denominado grupo Hirurok —integrado por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— y en cinco operaciones vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en las que habrían utilizado su influencia para obtener beneficios. Entre ellas figuraba el rescate de Tubos Reunidos, aprobado durante la pandemia por casi 113 millones de euros.
El punto de inflexión llegó cuando la Guardia Civil situó el origen de la presunta trama el 24 de abril de 2024, tras la publicación de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez motivada por la apertura de diligencias contra su esposa, Begoña Gómez. Dos días después, se habría celebrado una reunión en Ferraz en la que participaron, entre otros, Santos Cerdán y Leire Díez para canalizar información que pudiera servir para proteger al presidente y a su entorno. Para el juez Pedraz, ese encuentro marca el inicio de una organización "liderada por Santos Cerdán y coordinada por Leire Díez" cuyo objetivo habría sido obtener información sobre jueces, fiscales y mandos policiales implicados en investigaciones que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Esa evolución ha llevado además a situar bajo investigación a buena parte de la antigua y actual cúpula de la Guardia Civil. En la causa figuran como investigados la directora general, Mercedes González; su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos; y el actual director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. El juez trata de esclarecer si desde la dirección del Instituto Armado se impulsó la apertura de informaciones reservadas contra agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) como mecanismo de presión o represalia para desincentivar las investigaciones que afectaban al entorno del Gobierno. Nunca antes una investigación por presuntas maniobras para interferir en causas judiciales había alcanzado simultáneamente a dos directores generales de la Guardia Civil y al DAOdel Instituto Armado.
Pero es que además, la ampliación del enfoque ha provocado un conflicto competencial entre la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que desde 2025 investigaba de forma paralela las supuestas 'cloacas' del PSOE. Pedraz sostiene que ambas causas investigan el mismo núcleo de hechos y de investigados y reclama que todo el procedimiento quede unificado en la Audiencia Nacional para evitar resoluciones contradictorias. Ante la falta de respuesta del juez Arturo Zamarriego, el instructor ha advertido que, si durante la primera semana de septiembre el juzgado madrileño sigue sin decidir sobre la inhibición, planteará una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.
La causa llega al parón judicial de agosto más viva que nunca. La última semana de julio la cerraron las declaraciones de dos administrativas del PSOE, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, que atribuyeron a Santos Cerdán las órdenes para sufragar con fondos del partido cuatro viajes de Leire Díez y autorizar sus accesos al aparcamiento de Ferraz, donde la UCO contabiliza 18 entradas. También compareció Daniel Mateo, colaborador de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y organizador de las reuniones entre Leire y el comandante Rubén Villalba. Mateo declaró que Díez aseguraba actuar "en nombre del one", en referencia a Pedro Sánchez, y afirmó haberla escuchado hablar por teléfono con una mujer a la que saludó como "Mercedes", interpretando que se trataba de la entonces directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Cabe recordar que tanto González como el DAO Llamas comparecieron ante Pedraz en julio.
De cara a septiembre, el juez ha citado como investigada a la exgerente del PSOE Ana María Fuentes (el día 9), al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos (el día 10) y como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso. En cambio, ha aplazado la declaración de Leire Díez hasta que se resuelva el conflicto competencial con el juzgado de Madrid e, igualmente, ha pospuesto las comparecencias del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del expresidente de Correos y exjefe de Gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, hasta analizar el contenido de los dispositivos intervenidos durante la investigación.
Plus Ultra y la red de influencias de Zapatero
Si hay una causa que ha cambiado por completo de dimensión durante este curso judicial es la del rescate de Plus Ultra. Lo que comenzó como una investigación sobre los 53 millones de euros concedidos por la SEPI a la aerolínea terminó convirtiéndose en la primera causa penal abierta contra un expresidente del Gobierno en democracia. El procedimiento llegó a la Audiencia Nacional el 26 de febrero procedente de un juzgado de Madrid y quedó en manos del magistrado José Luis Calama. Tras casi tres meses bajo secreto, el 19 de mayo el juez levantó parcialmente las actuaciones y dio a conocer la decisión que marcaría el resto del año judicial: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
Calama situó entonces al expresidente en el "liderazgo estratégico" de una presunta trama de tráfico de influencias dedicada a aprovechar su red de contactos institucionales para favorecer intereses empresariales. Según el instructor, el entramado estaría gestionado por su colaborador Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante, a través de una compleja estructura societaria por la que habría circulado el dinero. Según apuntan fuentes jurídicas a El Independiente, no se descarta que conforme avance la instrucción en septiembre se puedan recalificar los presuntos delitos atribuibles a Zapatero y su socio para añadir pertenencia a organización criminal y falsedad documental. No obstante, todo ello se verá según el resultado de las pesquisas.
No obstante, desde el 12 de junio pesan sobre el expresidente otros dos supuestos delitos. Concretamente, uno contra la Hacienda Pública y otro de contrabando. Aquel día el juez abrió una pieza separada para investigar el origen de unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros localizadas durante el registro del despacho de Zapatero. Cinco días después, Zapatero compareció durante casi tres horas ante el magistrado. Negó haber realizado gestión alguna para favorecer el rescate de la aerolínea, rechazó cualquier influencia sobre la SEPI y desvinculó su actividad profesional de la supuesta trama. El instructor, sin embargo, concluyó posteriormente que su declaración no lograba desvirtuar los "indicios racionales de criminalidad" expuestos en el auto de imputación, aunque descartó imponerle medidas cautelares al no apreciar riesgo de fuga.
En paralelo, la UDEF siguió ampliando el perímetro de las pesquisas. Un informe incorporado a finales de junio atribuye al expresidente un contrato de 200.000 euros con el conglomerado peruano Grupo Gloria por realizar gestiones ante autoridades bolivianas durante un litigio millonario, extremo que Zapatero niega.
El gran giro de la causa llegó, sin embargo, el 20 de julio. En apenas unas horas, la Audiencia Nacional recibió cuatro escritos de colaboración firmados por Julio Martínez, la propia Plus Ultra, su presidente, Julio Martínez Solá, y su consejero delegado, Roberto Roselli, antes de sus respectivas declaraciones judiciales. Ninguno de ellos había colaborado hasta entonces en esos términos con la Justicia. Y es que fuentes jurídicas explicaron a este periódico que, aunque colaborar durante la fase de instrucción no conlleva beneficios automáticos, sí puede ser valorado como una eventual atenuante si la información aportada resulta útil para el avance de la investigación, como ocurrió con Aldama en la sentencia del caso mascarillas.
Los escritos marcaron además un cambio de estrategia. Julio Martínez —alias 'Julito'— aseguró que era Zapatero quien lideraba realmente Análisis Relevante, captaba personalmente a los clientes y fijaba la estrategia de la consultora pese a no figurar formalmente en ella. Roselli y Martínez Solá, por su parte, reconocieron pagos cercanos a los 530.000 euros al entorno empresarial de Martínez —el equivalente al 1% del rescate de la SEPI— además de decenas de vuelos en clase business que nunca fueron abonados. La propia aerolínea anunció una investigación interna para revisar todos los controles de cumplimiento implantados durante aquellos años.
La causa ha seguido creciendo, incluso la última semana antes del parón judicial. En un auto dictado el 29 de julio, Calama describió la arquitectura financiera de la presunta trama, integrada por 27 sociedades mercantiles y 57 cuentas bancarias por las que habrían circulado más de cinco millones de euros procedentes de empresas ajenas al entramado. El magistrado vuelve a situar a Zapatero como "beneficiario principal" de esa estructura y a Julio Martínez como "gestor y canalizador" de la operativa, al tiempo que ordena reclamar información a catorce entidades financieras para reconstruir el recorrido del dinero. Ese mismo día rechazó suspender las inspecciones fiscales abiertas por Hacienda sobre el expresidente y su familia al considerar que no interfieren en la investigación penal.
De cara a septiembre están previstas las declaraciones de Roberto Roselli y Julio Martínez Solá los días 7 y 8 ante el juez, después de haber dimitido de la dirección de Plus Ultra. Asimismo, según detallan fuentes jurídicas, ese mismo mes se espera que se fije el día para que declaren las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
Begoña Gómez, rumbo a juicio con jurado
La vista también está puesta en septiembre para el 'caso Begoña Gómez'. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el 16 de julio que la esposa del presidente del Gobierno y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, deberán sentarse en el banquillo ante un jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. El tribunal respaldó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral, aunque eliminó dos de las cuatro acusaciones iniciales —corrupción en los negocios y apropiación indebida—, dejó fuera del procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés y levantó las medidas cautelares que pesaban sobre ambas. La resolución avala que, en determinadas circunstancias, la condición de esposa del presidente del Gobierno puede constituir una "presión moral eficiente" a efectos del delito de tráfico de influencias.
La decisión obligó a rehacer la fase final del procedimiento. La acusación popular, encabezada por Hazte Oír, rebajó su petición de pena de 24 a 13 años de prisión para Gómez, mientras que la Fiscalía mantiene que solicitará su absolución, al igual que la de Cristina Álvarez. La Universidad Complutense, personada como perjudicada por el desarrollo del software de la cátedra extraordinaria que codirigía Gómez, reclama además una indemnización de 113.000 euros.
El procedimiento encara ahora una nueva fase procesal. El 29 de julio Gómez sustituyó a su abogado, Antonio Camacho, por el penalista Jaime Campaner, con amplia experiencia en juicios con jurado como los casos Nóos o Pujol. El relevo retrasará previsiblemente la presentación de los escritos de defensa hasta septiembre y será entonces cuando la Audiencia Provincial pueda fijar la fecha del juicio oral, según detallan fuentes jurídicas a este medio.
La condena al hermano del presidente en Badajoz
Por otra parte, en Badajoz el verano dejó la primera condena que afecta al entorno familiar del presidente del Gobierno. El 14 de julio, la Audiencia Provincial condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa al considerar acreditado que la Diputación modificó en 2022 su puesto de trabajo —de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas— para adaptarlo a sus "apetencias personales". La sentencia describe la operación como un "traje a medida" diseñado mediante un "plan preconcebido" que simuló una simple modificación de la plaza cuando, en realidad, se estaba creando un puesto distinto, omitiendo deliberadamente sus nuevas funciones y recurriendo incluso a un reglamento interno que, según el tribunal, nunca llegó a aprobarse ni publicarse. Junto al hermano del presidente fueron condenados también el entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve acusados.
La Audiencia, sin embargo, descartó el delito de tráfico de influencias. Los magistrados admiten que puede "conjeturarse" que toda la actuación respondiera a la condición de David Sánchez como hermano del presidente del Gobierno, pero concluyen que durante el juicio no quedó acreditado que ejerciera presión alguna ni que utilizara ese parentesco para influir en los responsables de la Diputación, por lo que aplican el principio in dubio pro reo. La Fiscalía tampoco ejerció acusación contra él, una posición que mantiene igualmente en el procedimiento abierto contra Begoña Gómez.
La sentencia, no obstante, dista de ser el punto final. Las defensas ya han anunciado recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Vox, una de las acusaciones populares, también ha recurrido para reclamar que David Sánchez, Gallardo y Luis María Carrero sean condenados además por tráfico de influencias. La formación sostiene que los mismos indicios que sustentan la condena por prevaricación acreditan también que el puesto nunca habría existido de no ser por la condición del músico como hermano del presidente del Gobierno. La resolución, por tanto, no es firme.
La 'Kitchen', vista para sentencia diez años después
Hay un tercer fallo pendiente que no afecta al PSOE, sino al Partido Popular. El 28 de julio, después de 37 sesiones desde abril, quedó visto para sentencia en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Kitchen'. La Fiscalía sostiene que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, puso en marcha en 2013 una operación parapolicial para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación que pudiera comprometer al partido antes de que llegara a los investigadores del caso Gürtel. Por ello solicita 15 años de prisión para Fernández Díaz y para su ex número dos, Francisco Martínez, y hasta 19 años para el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Por el juicio han desfilado ocho acusados y numerosos testigos, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, cuya declaración estuvo marcada por continuos enfrentamientos entre la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y la representante legal del PSOE. También comparecieron María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro, que llegaron a estar investigados durante la instrucción aunque finalmente quedaron fuera del procedimiento. La sentencia se conocerá en los próximos meses.
La amnistía y el futuro de Puigdemont
El gran pronunciamiento judicial del año llegó también desde Luxemburgo. El 16 de julio, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho comunitario, al concluir que la norma impulsada por el Gobierno para favorecer la "reconciliación política" en Cataluña no vulnera ni la protección de los intereses financieros de la Unión ni la normativa europea sobre terrorismo. El fallo despejó el principal frente jurídico europeo abierto contra la ley y permitió reactivar los procedimientos que permanecían suspendidos a la espera de la decisión del TJUE.
Las primeras consecuencias no tardaron en llegar. En los últimos días antes del parón estival, el Tribunal Supremo comenzó a aplicar la amnistía y extinguió la responsabilidad penal de trece encausados del procés, entre ellos la exconsellera Meritxell Serret, varios exmiembros de la Mesa del Parlament y distintos condenados por desobediencia y desórdenes públicos. Sin embargo, el aval europeo no resuelve todavía la situación de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros dirigentes independentistas investigados por malversación. El Supremo mantiene que ese delito quedó fuera de la amnistía por existir un presunto "beneficio patrimonial personal", una interpretación que el Tribunal Constitucional deberá revisar a partir del próximo otoño y que será decisiva para determinar si el expresident puede regresar finalmente a España sin riesgo de ser detenido.