Interior aclara la cifra y reduce a 1.500 los menores identificados en Ceuta

La Policía Nacional ha ajustado a la baja la cifra de menores filiados en Ceuta, reduciéndola de 2.168 a aproximadamente 1.500 tras depurar los datos de los registros informáticos, en los que distintas actuaciones sobre un mismo joven computaban erróneamente como expedientes independientes.

El pasado día 18, según trasladó el Ministerio del Interior, las fuerzas policiales precisaron que habían localizado, reseñado e informado al Gobierno autonómico sobre "2.168 menores entre el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos, y las 9 de la mañana de aquel día".

Sin embargo, el departamento de Interior aclara ahora que el cómputo global se sitúa en torno a los 1.500 tras subsanar los duplicados informáticos.

Aun así, la institución puntualiza que esta cantidad integra también a aquellos jóvenes tutelados por los servicios sociales ceutíes con anterioridad a los sucesos desencadenados a finales de julio.

Asimismo, el Ejecutivo advierte de que la cifra oficial aumentará a lo largo de las próximas fechas conforme se consoliden los expedientes de las nuevas filiaciones en curso.

Saturación asistencial y protección internacional

Actualmente, estos niños y adolescentes siguen en la ciudad autónoma buscando un encaje institucional, ya sea mediante repatriaciones concertadas o mediante su distribución hacia otras autonomías para aliviar la sobrecarga asistencial local.

Dentro de este colectivo se encuentran jóvenes migrantes procedentes de países en conflicto como Sudán o Chad. Tal y como ha advertido la ONG Save the Children, estos menores huyen de graves crisis humanitarias, sufriendo además las chicas situaciones brutales como matrimonios forzados, violencia de género o explotación a manos de redes de trata.

Para abordar esta encrucijada, la administración central ha convocado a los ejecutivos regionales a una conferencia sectorial para fijar la redistribución de los jóvenes y canalizar una partida económica de 25 millones de euros destinada a Ceuta.

Frente a esta propuesta, las regiones gestionadas por el PP rechazan el planteamiento por discrepancias en el modelo, mientras que las coaliciones autonómicas donde Vox dirige Infancia han optado por boicotear la reunión.

El laberinto legal del retorno a los países de origen

Paralelamente, la vía del retorno asistido resulta altamente compleja, pues la legislación exige probar de forma individualizada que la repatriación constituye la medida más beneficiosa para la infancia, lo que paraliza casi siempre estos procesos.

A este respecto, el Tribunal Supremo ya declaró ilegal la devolución masiva ejecutada en 2021 hacia Marruecos, censurando la falta total de garantías y la ausencia de un estudio pormenorizado de cada expediente personal.

Estas exigencias jurídicas son de obligado cumplimiento aun existiendo un acuerdo bilateral con Marruecos (como el firmado en 2007), norma en la que el Ejecutivo intentó amparar su actuación en crisis pasadas.

Si bien la normativa prevé este itinerario mediante la reagrupación familiar, la tramitación exige garantizar de forma prioritaria el "interés superior del menor", lo que requiere un análisis exhaustivo e individual de cada caso.

Entre los requisitos fijados, la ley establece la conformidad del menor para regresar y obliga a la Delegación del Gobierno a requerir informes socioeconómicos a las autoridades del país emisor sobre la unidad familiar.

Durante todo este recorrido administrativo, el joven mantiene intacto su derecho a ser oído, a contar con asistencia letrada y a impugnar judicialmente cualquier resolución desfavorable.

Finalmente, la ley contempla como última alternativa la entrega del expediente a la red de protección del país de origen, aunque ello requeriría certificar jurídicamente que las instalaciones de dicho Estado ofrecen mejores garantías de acogida que el sistema de protección español.