El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional a petición de la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso El Independiente, no limita las posibles responsabilidades de la entrada masiva en Ceuta a Marruecos. El documento incorpora expresamente las actuaciones desarrolladas en territorio español al análisis de los “Otros Sujetos con Posibles Responsabilidades” y pone el foco en las alertas emitidas antes del 30 de julio, en la respuesta operativa desplegada durante la avalancha y en la falta de coordinación posterior.
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La conclusión de los investigadores es especialmente relevante porque sitúa el colapso fronterizo dentro de un proceso que tuvo un “antes, durante y después” y que, según el documento, no puede considerarse un episodio casual o espontáneo. La Policía encargada de Extranjería y Fronteras sostiene que la entrada masiva estuvo precedida por una sucesión de acontecimientos que generaron o favorecieron las condiciones para el éxito de la convocatoria y que, durante el episodio, se produjo un colapso de las capacidades de respuesta del sistema español de control fronterizo.

Alertas antes de la avalancha

Uno de los elementos que puede comprometer la gestión española de la crisis es que las fuerzas de seguridad disponían de información previa sobre el riesgo de una entrada masiva. El 27 de julio, tres días antes de la avalancha, la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ceuta remitió al Centro Nacional de Comunicaciones un Formulario de Comunicación de Hechos Relevantes en el que advertía de una “Entrada Masiva a nado de inmigrantes”, vinculada a la interpretación que circulaba de la sentencia del Tribunal Supremo. Dos días después, tal y como adelantó El Independiente, el 29 de julio, el propio CENIF emitió una alerta sobre el riesgo de entradas en Ceuta y Melilla para el día siguiente, dirigida a los puestos fronterizos a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (CEFRONT).

El informe recoge además que las alertas no terminaron ahí. El 30 de julio el CENIF emitió nuevas comunicaciones sobre el riesgo de colapso en Ceuta y Melilla y sobre el posible intento de traslado a la Península de los inmigrantes que ya habían entrado. El 31 de julio volvió a actualizar el riesgo de colapso. La cuestión que deja abierta el documento es qué respuesta se dio a esa información y si las medidas adoptadas fueron suficientes para contener una situación que los propios servicios policiales habían identificado previamente.

La apertura de la puerta que multiplicó las entradas

El segundo elemento señalado por los investigadores se produjo ya durante la crisis. La práctica totalidad de las entradas se concentró en el entorno del Espigón de El Tarajal, después de que los migrantes rodearan a nado o por encima de la escollera el espigón desde la playa de Castillejos.

Una vez alcanzado territorio español, los inmigrantes eran conducidos a un espacio delimitado por un pequeño muro, un “patio” bajo custodia de agentes de la Guardia Civil. La acumulación de personas terminó saturando esa zona y provocó la apertura de una puerta metálica de doble hoja que comunicaba con el exterior. El informe es tajante al describir las consecuencias: “Es a partir de la apertura de esa puerta, cuando la entrada resulta más accesible y se extiende el mensaje de que se ha abierto la frontera”.

La Policía no presenta esta decisión como el origen de la operación, que sitúa en una planificación previa, pero sí la identifica como un elemento que amplificó el flujo una vez iniciado. De hecho, entre los aspectos que el propio informe considera al hablar de “Otros Sujetos con Posibles Responsabilidades” aparece expresamente “el proceso de masificación de la entrada irregular y su relación con la decisión de abrir las puertas de acceso”.

Marruecos, actor fundamental; España, parte de la ecuación

El documento mantiene al mismo tiempo una acusación contundente sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes. Según la Policía, durante el 30 y el 31 de julio hubo una respuesta de “total permisividad” por parte de Marruecos y no se registró una tentativa seria de dispersar o alejar a la masa del perímetro fronterizo. Además, los testimonios recogidos y los vídeos analizados apuntan a efectivos marroquíes dando indicaciones a los inmigrantes para acceder a España por el agua y derivándolos hacia zonas concretas.

Pero precisamente por ello el informe considera que el análisis no puede quedarse en la actuación al otro lado de la frontera. Los investigadores explican que los efectos de las actuaciones en Marruecos pudieron verse “amplificados o mitigados” por la respuesta articulada en territorio español. De ahí que incluyan entre las cuestiones a estudiar las alertas previas, la masificación y la apertura de las puertas, junto al aprovechamiento posterior realizado por particulares y organizaciones criminales.

El informe no atribuye al Gobierno la organización de la entrada masiva. Lo que hace es abrir el foco sobre la eventual responsabilidad de quienes tenían que responder desde España ante una amenaza que había sido detectada previamente.

Un sistema que no pudo cuantificar la amenaza

El resultado de aquella gestión fue un colapso que todavía semanas después impide disponer de una cifra oficial fiable sobre cuántas personas han entrado, cuántas han salido y cuántas permanecen en Ceuta. A 25 de agosto, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras reconocía que no existía una cifra oficial sustentada en una base estadística objetiva. Las estimaciones recogidas por el informe oscilaban entre las 49.200 entradas consignadas por la Guardia Civil y las 78.000 calculadas por el presidente de Ceuta, mientras que el propio análisis técnico de la Policía sitúa la estimación entre 75.000 y 85.000 personas las que llegaron de Marruecos.

En sus conclusiones, el CENIF habla directamente de una “Imposibilidad de Cuantificación” y de una “Imposibilidad de Dimensionado de la Amenaza”. La consecuencia, según los investigadores, es que resulta difícil planificar una respuesta a corto, medio y largo plazo cuando ni siquiera se conoce con precisión la magnitud del fenómeno.

El informe describe, además, una desestabilización que afecta a distintos niveles del Estado y constata “desajustes en la integración de las respectivas acciones de respuesta” de las estructuras implicadas. Incluso advierte de que el cuestionamiento del papel del CNI en la detección de lo ocurrido se ha convertido en una “acción de contra-inteligencia ofensiva de manual”.

El documento policial, por tanto, dibuja una crisis con una fuerte intervención marroquí y una planificación previa que no pudo ser individualizada por completo, pero también con vulnerabilidades españolas que fueron aprovechadas durante el proceso. Las alertas existieron, el riesgo fue comunicado y, pese a ello, el sistema fronterizo terminó colapsando. El propio CENIF considera que esas actuaciones en territorio español deben formar parte del análisis de las “posibles responsabilidades”.