La principal exigencia de Sumar, Podemos y Compromís al PSOE en la crisis de Ceuta es la de trasladar a todos los migrantes a la Península para descongestionar la ciudad autónoma, distensionar socialmente y permitir afrontar con mayor sosiego los procesos de evaluación individualizados de cada expediente de solicitantes de asilo o menores no acompañados. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rechazó nuevamente esa posibilidad hace una semana en su primera entrevista del curso, y reforzó el argumento en su comparecencia del jueves en el Congreso de los Diputados, donde defendió tramitar esos expedientes en Ceuta para, una vez concluidos, determinar a quién se retorna a Marruecos o terceros países, y a quién no.
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Para esos tres socios la situación es compleja. Hay quien determina el motivo principal. Es el caso de Podemos. Fuentes moradas aseguran que detrás de ese rechazo hay un "miedo a más represalias" de los aliados de la Unión Europea, de que sigan los pasos de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que decidió 'suspender' temporalmente el acuerdo de libre movilidad por el territorio europeo en su país y aplicar controles de extranjería a los ciudadanos españoles que entren a través de sus fronteras. Por ejemplo, en los aeropuertos. Aunque se trata de una formalidad administrativa, dado que Italia por sí sola no tiene esas capacidades. España ha respondido con la misma medida.

De hecho, ya hubo advertencias o amagos de seguir esos pasos durante el inicio de la crisis, en el mes de agosto. Es el caso de Finlandia. Pero también de Dinamarca, donde gobiernan los socialdemócratas, que secundó la decisión italiana y apostó ante el resto de socios por un endurecimiento de los mecanismos migratorios. Dinamarca e Italia vienen colaborando en migración pese a sus diferencias ideológicas pero sí próxima en defensa de limitación de los flujos y de unas llegadas ordenadas.

Los morados, muy críticos en este tramo final de la legislatura, consideran que Sánchez teme nuevas reacciones que compliquen la posición del Gobierno en Europa más allá del reto de la líder ultraderechista italiana. Sobre todo, porque el traslado peninsular lleva implícito que estos migrantes, hasta la resolución de sus expedientes, puedan moverse libremente sin tanta capacidad de control como desde Ceuta. "No están detenidos", recalcan otros socios, caso de fuentes de Sumar. Se reclama que Sánchez actúe con "valentía" y priorice el bienestar de los ceutíes con un traslado que no vulnera, a juicio de estos partidos, ninguna normativa europea.

Hay sectores de Sumar que secundan la posibilidad de que ese temor a reacciones internacionales sea uno de los motivos que esté condicionando el papel de Sánchez. Así se pronuncian en Movimiento Sumar, que a la vez arremeten contra los partidos de la oposición, PP y Vox, por complicar cualquier proceso de apoyo autonómico de acogida, caso de los menores migrantes no acompañados. Otras voces aluden a que el presidente, en cambio, quiere ahorarrarse enfrentamientos nuevos con el PNV o con Junts, críticos en materia de inmigración, en este último tramo de mandato.

No obstante, fuentes de IU evitan hacer "especulaciones" al ser preguntadas por si comparten ese criterio. Niegan tener conocimiento de motivos concretos que hagan mantener esa postura al PSOE. "No vamos a perder el tiempo en valorar los motivos. Vamos a seguir el tiempo que haga falta –ya más de un mes– recordándoles la ley española y europea, los derechos de todos los habitantes en Ceuta, los derechos de las personas migrantes, sobre todo de los menores, y la necesidad de que se puedan resolver desde la Península sus demandas" para ser o no aceptadas.

Sumar alude a la posición crítica del PNV y Junts respecto a las acogidas en Euskadi y Cataluña como factor añadido para que Sánchez prefiera contener la crisis en Ceuta

En ello incidió el propio coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, el viernes, durante una entrevista en Telecinco. Aludido por el factor diferencial de Schengen en Ceuta y Melilla, el dirigente se mostró crítico al determinar que, si decimos que España también son las ciudades autónomas, lo es para todo, incluido ese régimen de circulación. "Ya están en España", dijo en referencia a los migrantes.

El factor diferencial de Ceuta y Melilla

Meloni anunció al inicio de la semana pasada que alargaba otros 15 días los controles fronterizos a ciudadanos españoles. Todo, pese a que las llegadas a ambas ciudades autónomas tienen un carácter especial y el Gobierno aún no ha ejecutado ningún traslado. Ni siquiera el de las 500 niñas migrantes del que se habló a mediados de agosto. Sí hay un informe de la Policía Nacional entregado a la Audiencia Nacional en el que se determina que 148 migrantes han alcanzado las costas de Málaga y Cádiz hasta el 19 de agosto, en 29 embarcaciones y en flujos respaldados por mafias que operaban en Ceuta a cambio de 9.000 euros por persona previamente pagados.

La situación de Ceuta y Melilla dentro del espacio Schengen presenta una particularidad fronteriza que resulta clave para entender las reticencias de algunos países europeos al traslado de los migrantes a la Península. Las dos ciudades autónomas forman parte de España y están vinculadas al espacio Schengen, pero mantienen un régimen específico respecto a su frontera con Marruecos y a las comunicaciones con el resto del territorio español. La principal singularidad es que la entrada en Ceuta desde Marruecos no equivale a quedar automáticamente habilitado para acceder a la Península. España mantiene controles de identidad y documentación en las conexiones marítimas y aéreas entre las ciudades autónomas y el territorio peninsular, de manera que existe un segundo punto de control antes de que una persona que ha entrado irregularmente en Ceuta pueda desplazarse al resto de España. Esta circunstancia convierte a Ceuta en una especie de espacio de contención previo a la Península.

Es precisamente esta cuestión la que genera preocupación entre algunos terceros países europeos como Italia, ante la posibilidad de que muchos aprovechen esa capacidad de movimiento para salir por carretera y llegar al centro o al norte de Europa. Muchos de los que hoy siguen en Ceuta, de hecho, tienen ese objetivo, según han venido reflejándose en sucesivas declaraciones espontáneas en medios de comunicación durante la cobertura de la crisis, desde enclaves como la playa de El Tarajal. En contraste con los pronunciamientos independientes, las instituciones europeas no han sido tan drásticas, sino que han optado por rebajar la tensión. Se valora que más del 90% de los migrantes ya no están en España y sí se centran más en la necesidad de reforzar la frontera ceutí de cara al futuro.

La Comisión Europea anunció el viernes avances en la tramitación de la ayuda de emergencia solicitada por España y estudia ampliar el apoyo operativo de Frontex en Ceuta. La respuesta comunitaria se ha situado así más cerca del refuerzo de la frontera y de la asistencia a España que de las medidas de presión adoptadas por Italia.

La postura de Sánchez, largos plazos para Ceuta

Durante la entrevista de la semana pasada, Sánchez señaló que la intención es resolver en Ceuta los expedientes. No sin reflejar que existe el mecanismo del artículo 35 de la Ley de Extranjería, tras la modificación del año pasado, para obligar a las comunidades autónomas a asumir –previos condicionantes– acogidas de requerirlo. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, apuntó que, en base a los planes del Gobierno, la resolución de los expedientes puede prolongarse durante más de un año con los medios disponibles y si no se aceleran mucho más los procedimientos.

Habló Sánchez de que Ceuta pasará a tener hasta 6.000 plazas para la acogida en Ceuta, el doble que ahora. Pero esas previsiones obligan a los ciudadanos a convivir durante un plazo indeterminado con todos los migrantes, que sí pueden tener libre circulación por la localidad, por los barrios y entre los vecinos y las zonas públicas. Unos 5.000 migrantes, según datos del Gobierno –fuentes locales lo elevan a 10.000– que se mantienen en una ciudad de 80.000 habitantes, un incremento del 6,25% de la población en apenas un mes. Y todo eso, con un clima de desasosiego, rabia por sentirse abandonados y también de cierta violencia entre algunas capas de la población que convierten a Ceuta en una olla a presión. Mayoritariamente se pide la devolución inmediata a Marruecos al considerar el asunto como una agresión territorial y no una crisis migratoria.

Ese incremento tiene impacto en la prestación de servicios como el sanitario, de atención social, de seguridad y de personal administrativo, al requerirse a más trabajadores públicos que hagan frente a la cuestión. El real decreto aprobado en Consejo de Ministros de apoyo económico de 309 millones para Ceuta reconoce que la entrada masiva ha alterado el funcionamiento de los servicios esenciales.

Desde el Gobierno se vincula la crisis a la solidaridad territorial. El Pacto de Migraciones y Asilo de la UE de este 2026 reconoce mecanismos de solidaridad entre países, especialmente para aquellos sensibles en sus fronteras, como España, Italia o Grecia. Reconoce capacidad de traslados de migrantes solicitantes de asilo, aunque Sánchez no recurrirá a ello. El distanciamiento ideológico y la crítica pasada a otras alternativas más duras alejan al Gobierno de medidas como la derivación a embarcaciones de migrantes para controlarlos mientras se resuelve su situación, como hizo Reino Unido en 2023 con la Bibby Stockholm, destinada a alojar a 500 hombres adultos solicitantes de asilo para descargar la presión en las islas. Hubo acuerdos de derivación a países africanos como Ruanda a cambio de 270 millones de libras. La postura de Sánchez y los suyos es la del respeto a la legislación española, europea y el derecho internacional.

La decisión del Gobierno coincide en el tiempo con la escalada de tensión con Italia por Schengen, lo que alienta esas contemplaciones de los socios, con Dinamarca y Finlandia tensas y en contraste con otros socios como Francia.

Sin respaldo general a la propuesta de Sumar

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de IU, instó a los socialistas al menos a fomentar el traslado de los menores forzando ese artículo 35 para descargar la atención en Ceuta. No hay respuesta del Gobierno. Aunque hay que tener en cuenta que el resto de socios nacionalistas e independentistas, más allá de Sumar, Podemos, Compromís y el BNG, tampoco han puesto tanta dedicación en atender al tema de la solidaridad territorial o a la actitud de Italia –Sumar sí ha sido muy contundente– como a la crítica de la gestión del Ejecutivo para afrontar la crisis o al papel de Marruecos en la misma.

ERC es favorable a las acogidas, pero delimita la carga. Cree, como Junts, que Cataluña viene soportando muchas acogidas y que corresponde a otras regiones dar un paso al frente. El PNV mantiene una posición similar, de repartos pero con las plazas del País Vasco ya saturadas, y se centra en cuestionar la actuación del Ejecutivo. Bildu apenas ha tratado el tema, simplemente defiende esa solidaridad, pero se centra en la tardanza y en la mirada a Marruecos, así como en la falta de coherencia de Moncloa al respecto. No se alude públicamente a reacciones como la de Meloni.