Sumar plantea el voto a la ley de nacionalidad saharaui como el primer examen a Sánchez

El próximo 10 de septiembre el presidente del Gobierno tendrá el primer examen frente a sus socios. Tanto él como el PSOE tendrán que reflejar si la crisis de Ceuta y las dudas que dejan respecto a sus relaciones con Marruecos influyen en el voto definitivo del PSOE al dictamen sobre la ley de nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes. El asunto ha sido durante varios años un quebradero de cabeza entre los socialistas y su socio minoritario de gobierno, Sumar, que en julio consiguió el respaldo socialista al dictamen en la Comisión de Justicia y con ello su elevación definitiva a pleno. De conseguir un apoyo mayoritario, continuará su tramitación en el Senado. Pero los equilibrios del presidente del Gobierno, de querer ser prudente pero al mismo tiempo no irritar más a sus socios, complican el asunto.

Según fuentes parlamentarias de los socialistas, el compromiso con la ley sigue intacto como en julio. Sin embargo, el escenario es completamente distinto al de hace dos meses. Y eso genera dudas. Más cuando figuras marroquíes como el exportavoz del Gobierno, Mustapha El Khalfi, vinculó la operación del país en Ceuta a la disposición del PSOE a sacar adelante la ley. Igualmente, se ha advertido que es una represalia tras el viaje y acercamiento de Sánchez nuevamente con Argelia por interés energético.

En Sumar, en todo caso, creen que el PSOE no se puede permitir en estos momentos cambiar de posición, cuando las relaciones con Marruecos están más cuestionadas que nunca y cuando todos los indicios –así como el último informe policial del CIFAS solicitado por la Audiencia Nacional– determinan la implicación del régimen en la entrada masiva de finales de julio. Más con ese señalamiento generalizado de todos los grupos políticos a la "guerra híbrida" que practica Rabat contra nuestro país, que quedó patente este jueves en el Congreso de los Diputados. Durante la comparecencia sobre la crisis de Ceuta, el presidente del Gobierno intentó mantener una postura equilibrada, mostrando algo de crítica pero solo planteando acciones sin determinar en el caso de futuribles, como que se determine claramente esa actuación de Marruecos. El resto de socios se centraron en retratar al país vecino como una "dictadura" en manos de un "asesino", calificó así Gabriel Rufián a Mohamed VI.

Sin continuar esa defensa férrea de Marruecos, de "socio fiable" y "colaborador" entre otros en la gestión y el control migratorio, Sánchez pasó este jueves a hacer matizaciones. No descartó nada, pero sí apostó por la "prudencia" y por no dar pasos que luego no podrían deshacerse "sin pruebas". Dijo que no hay evidencias sólidas trasladadas por el CNI, las policías, los servicios diplomáticos o la UE. Hizo una declaración importante. Reconoció que los gendarmes marroquíes permitieron durante 10 horas el paso a migrantes los días de la crisis, pese a que a mediados de agosto actuaron en la contención de nuevos intentos de entradas. "Si aparecen pruebas" de esa implicación de Marruecos en la coordinación de la avalancha humana, "el Gobierno actuará con total contundencia", zanjó el asunto.

Seguir exonerando a Marruecos y a Mohamed VI no es creíble para Sumar, que sigue mostrando conclusiones distintas tras la intervención del presidente. Ya en la previa, al conocerse la filtración de ese informe que remarca la activa participación de policías marroquíes y de agentes encubiertos en esas entradas –aunque sin achacar directamente al régimen el asunto–, los distintos grupos que componen la confluencia se mostraban divididos. Los más duros, IU, una línea que mantuvo este jueves el portavoz parlamentario de los de Antonio Maíllo, Enrique Santiago, con el reproche a Sánchez por minimizar ese papel de Marruecos. El miércoles, Maíllo fue el único que verbalizó que si se demuestra ocultación de información por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska debería dimitir. En cambio, el resto de socios, desde Movimiento Sumar a Compromís, apostaban por la "prudencia" aunque, en declaraciones a El Independiente, destacaban que el asunto "no pinta nada bien".

Esas dudas siguen vigentes en Sumar tras la intervención de Sánchez. Por ahora, se omite cualquier referencia a dimisiones –aunque IU sigue con su tesis–. Desde el partido Movimiento Sumar, no ven suficientes las explicaciones o las críticas a la actuación marroquí, y exigen que Sánchez empiece a enmendar los errores en la gestión de la crisis con unos traslados de migrantes a la Península para descongestionar Ceuta que aún no contemplaría el propio PSOE. En cambio, entre los ministros de la confluencia de izquierdas, el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, sí que se ha percibido un pequeño giro en el posicionamiento del presidente. Ve "una rectificación" y celebra que Sánchez hable de dar más prioridad a Ceuta desde la UE y de "replantear la relación con Marruecos", aunque pone de relieve que durante este tiempo la política de "apaciguamiento" con Rabat no ha funcionado para garantizar la gestión de la frontera.

De hecho, este jueves desde el Congreso recalcó que se ha evidenciado con las cesiones sobre el Sáhara a diferencia de la defensa que los partidos a la izquierda de los socialistas llevan años practicando y que se resumen en parte con la ley que llega a pleno en menos de una semana. A excepción de Más Madrid, guardaron silencio el resto de representantes de Sumar. La portavoz en la Asamblea y colíder de la formación, Manuela Bergerot, celebró el ejercicio de "transparencia" de Sánchez, pero le invitó a profundizar. A demandar una mayor implicación europea "en la puerta a Europa" que es la frontera Sur. Y también instó al Gobierno a adoptar medidas concretas de respaldo al pueblo saharaui como la de nacionalidad española que se plantea. A su juicio, es una perfecta oportunidad para demostrar que el Ejecutivo "no va a dejar tirado" a esos ciudadanos.

De lo contrario, de rectificar el PSOE la posición de julio, se intuye que se puede acabar generando una brecha ampliaque asuntos como el incumplimiento del compromiso de no prorrogar las nucleares –caso de Almaraz– hace unas semanas aún no ha generado. Se espera que esta crisis en Ceuta sirva para empezar a reconducir al PSOE también respecto al Sáhara tras el giro de 2022, que coincidió con el espionaje con Pegasus de los teléfonos de Sánchez, Marlaska y la titular de Defensa, Margarita Robles, aunque no se identificó a los responsables.

Entre las dudas que dejan el próximo debate de la ley y la votación en el Congreso, además de los socialistas, es qué hará el PP. Después de ser advertidos por Sumar como una alternativa de apoyo ante las reticencias de los socialistas durante los primeros meses del año, Génova endureció el tono respecto a este asunto. Finalmente, pasó de un contundente 'no' a abstenerse –como Junts– a finales de julio en la comisión, permitiendo que saliese el texto. Ahora la crisis de Ceuta puede condicionar el asunto, o rechazándolo a instancias de un debate más amplio sobre Marruecos y el Sáhara que permita tocar posteriormente esos asuntos, o manteniéndose en la abstención, algo que le expone frente a Vox y a la cuestión migratoria, sobre todo cuando hay todavía abiertos debates como el de un posible intento de alterar el censo por parte del Gobierno para las próximas generales.

Desavenencias y matices del PSOE con sus socios sobre el Sáhara

La fractura con el resto de la izquierda se da cuando Marruecos, en 2022, hace pública una carta de Sánchez a Mohamed VI en la que reconoce que la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara es "la base más seria, realista y creíble"para solucionar el conflicto. Supuso un giro respecto a la posición mantenida por España en el marco de la ONU y del derecho de autodeterminación. En febrero de 2023, Unidas Podemos propuso esa concesión de nacionalidad, y los socialistas rechazaron esa toma en consideración, decayó el asunto tras la convocatoria de generales. Ahí se produce la primera quiebra. Se vuelve a dar en 2025, cuando Sumar recupera el asunto. El PSOE vuelve a votar en contra, quedándose como el único grupo al margen, incluso con la abstención de Vox. Se inicia la tramitación en la Cámara.

En este último caso, el PSOE justificó su rechazo a cuestiones jurídicas y técnicas, no al fin del proceso. Negaba el planteamiento magenta, y, especialmente que la documentación de las autoridades saharauis o del Frente Polisario pudiera servir para acreditar los requisitos para la obtención de la nacionalidad. Se defendió una fórmula alternativa, no sin que Sumar entendiese que no quería incomodarse a Marruecos.

Pese a avanzar, quedó bloqueada en el Congreso por voluntad de los socialistas. Se empezó a resolver entre primavera y verano, por la insistencia y presión del resto de socios, especialmente ante la crisis de legitimidad a raíz de las investigaciones por corrupción en el entorno del PSOE y del presidente. También por la polémica generada por la exclusión de los saharauis de la regularización extraordinaria de migrantes que acordó el Gobierno con Podemos, para darle a este colectivo un especial tratamiento.

En junio, en vista de las discrepancias de los socialistas a su propuesta inicial, Sumar presentó varias enmiendas transaccionales para intentar integrar ambas posiciones. Ya en paralelo, José Manuel Albares, ministro de Exteriores, aseguró ser "totalmente favorable" a ese reconocimiento a los saharauis, aunque combinándolo con las mejores relaciones posibles con Marruecos. Tan solo dos días después, el 26 de junio, se anunció un acuerdo entre socios para sacar adelante el dictamen.

Para conseguir el respaldo del PSOE, Sumar aceptó introducir modificaciones técnicas en la proposición de ley, aunque mantuvo intacto el objetivo central de reconocer la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo administración española. La negociación se centró principalmente en concretar quiénes podrían acogerse a la norma y cómo deberían acreditar que cumplen los requisitos. Uno de los cambios fue precisar el periodo de nacimiento de los beneficiarios y ampliar los mecanismos de acreditación. Frente a las reticencias socialistas sobre la documentación expedida por las autoridades saharauis, el texto incorporó distintos documentos españoles –como certificados de nacimiento, DNI, libros de familia o documentación relacionada con escolarización, pensiones, asistencia médica o permisos de conducir– para demostrar el vínculo con el territorio cuando estaba bajo administración española.

Sumar también aceptó introducir límites temporales para acogerse a la nueva vía de nacionalidad. El acuerdo estableció un plazo de tres años para solicitarla desde la entrada en vigor de la ley y retrasó la entrada en vigor de la norma cuatro meses desde su publicación en el BOE, frente a los seis meses que contemplaba inicialmente la propuesta. Sumar cedió en aspectos relativos al procedimiento, los requisitos y los plazos, pero no renunció al fondo de la iniciativa: reconocer una vía específica para que los saharauis vinculados al antiguo Sáhara español puedan acceder a la nacionalidad española.