La hemeroteca retrata a Marlaska: como juez del 'caso Faisán' ordenó a los policías no informar a sus superiores

Corría el año 2006 cuando el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska investigaba como juez de la Audiencia Nacional el chivatazo que permitió a la red de extorsión de ETA en el bar Faisán, en Irún (Guipúzcoa), esquivar una operación policial que amenazaba con desarticularla. Ante la sospecha de que la filtración procedía de dentro de la propia Policía, el magistrado ordenó por escrito al equipo que investigaba el caso que se abstuviera de informar a sus superiores.

Según la instrucción de Marlaska, los policías debían informar "directamente" al juzgado del avance de las pesquisas y no a sus altos mandos. El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 —que cubría la excedencia del juez Baltasar Garzón— quería mantener bajo su control la investigación. Incluso llegó a pedir a la Guardia Civil que investigara el chivatazo. Todo ello con la finalidad de evitar que la información sobre las pesquisas pudiera circular por la cadena de mando y poner en riesgo la investigación sobre el origen del chivatazo. El juez quería recibir directamente los avances de los agentes y mantener bajo su autoridad el contenido de unas diligencias especialmente sensibles.

La desconfianza del magistrado hacia determinados mandos policiales llegó hasta el punto de mantenerlos al margen de la operación contra la red de extorsión, tal y como explicó en su momento este periódico. Marlaska creó una comisión policial para investigar la filtración cuyos integrantes tenían la orden expresa de trasladarle directamente a él el avance de las pesquisas y de no informar a sus superiores en la Comisaría General de Información, dirigida entonces por el comisario principal Telesforo Rubio.

El informe del CENIF sobre Ceuta

Esta hemeroteca pone en contraste ahora las peticiones que Marlaska, como titular de Interior, hizo esta semana a los agentes que se encargaron de redactar el informe sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados días 30 y 31 de julio. Y es que el ministro trasladó esta semana al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su preocupación por la orden de la jueza a cargo de las pesquisas en la Audiencia Nacional, María Tardón, para que los policías del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) mantuvieran la reserva sobre las pesquisas y no informasen a sus superiores del contenido de la investigación, tal y como avanzó este periódico.

El ministro y exjuez remitió una carta a la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, reclamando que, ante la "evidente gravedad" de la crisis que atraviesa Ceuta, debería ser compatible respetar la independencia judicial con que el Gobierno y sus miembros puedan disponer de "cuanta información sea relevante" para adoptar las decisiones que consideren convenientes.

El planteamiento del ministro contrasta con el criterio que él mismo aplicó como juez hace dos décadas. Entonces, ante una investigación en la que las sospechas apuntaban hacia el propio aparato policial, fue él quien ordenó a los agentes que le informasen directamente y que se abstuvieran de trasladar sus avances a sus superiores.

Cabe precisar, no obstante, que ambas investigaciones presentan diferencias sustanciales. En el 'caso Faisán' se investigaba precisamente un posible chivatazo policial y un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por lo que la posibilidad de que la propia estructura policial tuviera conocimiento de las pesquisas constituía un riesgo para el esclarecimiento de los hechos. En el caso de Ceuta, en cambio, la investigación judicial trata de determinar las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, y no tiene por objeto esclarecer una filtración.

Por tanto, el paralelismo no está en el objeto de las causas, sino en la relación entre los agentes que actúan como Policía Judicial y sus superiores jerárquicos cuando existe una orden judicial de reserva. En 2006 fue el propio Marlaska, como juez, quien consideró necesario limitar la circulación de información dentro de la estructura policial para proteger una investigación especialmente sensible. Ahora, desde Interior, cuestiona que una magistrada haya establecido una reserva similar en las pesquisas sobre Ceuta.

La Audiencia Nacional recuerda el deber de "rigurosa reserva"

Y ahora, en defensa de Tardón, la propia Audiencia Nacional ha respaldado ese principio. La Sala de Gobierno del tribunal trasladó este viernes su "absoluto respaldo" a la magistrada frente a los reproches de Marlaska y recordó que, cuando los agentes actúan como Policía Judicial en una investigación penal, dependen funcionalmente del juez que dirige el procedimiento y están sometidos a un deber de "rigurosa reserva" sobre la información obtenida.

La Sala de Gobierno cita expresamente el Real Decreto 769/1987, que regula la Policía Judicial. Su artículo 10 establece que las unidades orgánicas y los funcionarios adscritos a ellas dependen funcionalmente de los jueces, tribunales o fiscales que conozcan del asunto cuando actúan en la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente. En el caso de Ceuta, esa autoridad corresponde a Tardón, que asumió las pesquisas al encontrarse de guardia cuando la formación Iustitia Europa presentó su querella.

La misma norma contempla el intercambio interno de información para mejorar la coordinación y eficacia de los servicios, pero establece una excepción cuando existe una prohibición expresa del juez o fiscal competente. Y en este caso, esa prohibición existía.

El artículo 15 obliga además a los funcionarios de Policía Judicial a guardar "rigurosa reserva" sobre la evolución y el resultado de las investigaciones que les hayan sido encomendadas, así como sobre las informaciones obtenidas a través de ellas.

La Sala de Gobierno rechaza así que la actuación de Tardón haya supuesto una interferencia con la seguridad nacional. Al contrario, sostiene que la magistrada está actuando "para la preservación y defensa del interés general de España" y dentro del marco de sus funciones jurisdiccionales. El órgano de gobierno de la Audiencia Nacional exige además el "máximo respeto" hacia la jueza por parte de las autoridades políticas.

El caso de Pérez de los Cobos

En 2020, el propio Marlaska volvió a quedar situado ante la misma cuestión, esta vez desde el Ministerio del Interior y a raíz de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, como ya informó el periodista Antonio Salvador en este medio.

Pérez de los Cobos se había negado a facilitar a sus superiores información sobre las diligencias que una unidad de la Guardia Civil realizaba por orden de la jueza Carmen Rodríguez-Medel en la investigación sobre el 8-M. La magistrada había establecido que los agentes debían informarle directamente a ella y mantener la reserva sobre las pesquisas.

El coronel defendió que no podía trasladar esa información a sus mandos y que, incluso aunque hubiera tenido conocimiento de ella, hacerlo podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Interior, sin embargo, terminó apartándolo de su puesto alegando una pérdida de confianza.

El 'caso Faisán' terminó con dos policías condenados

El 'caso Faisán' investigaba el chivatazo que permitió a la red de extorsión de ETA mantener a salvo su estructura mientras preparaba una operación policial contra ella. Las pesquisas terminaron señalando al comisario Enrique Pamies y al inspector jefe José María Ballesteros, que fueron condenados por la Audiencia Nacional en 2013 por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal les impuso un año y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación. La sentencia adquirió firmeza posteriormente y en 2018 Interior les retiró su condición de funcionarios del entonces Cuerpo Nacional de Policía.