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La orden de Marlaska a la Policía cuando investigaba el 'Faisán': "Abstenerse de informar a superiores"

Vox acusa al hoy ministro del Interior de intentar hacer con la causa del 8-M lo que él trataba de impedir como juez a los policías que investigaban el caso del chivatazo a ETA / La oposición pide su dimisión por "injerencias" en el Poder Judicial

El ministro Grande-Marlaska, retirándose la mascarillas este miércoles en su escaño del Congreso de los Diputados.

El ministro Grande-Marlaska, retirándose la mascarilla este miércoles en su escaño del Congreso de los Diputados. EP

Fernando Grande-Marlaska ordenó en su época de juez instructor en la Audiencia Nacional a los policías nacionales que investigaban el chivatazo a ETA -conocido como caso Faisán– que no compartieran información ni siquiera con sus mandos jerárquicos para no poner en riesgo las pesquisas.

El hoy ministro ha desatado una grave crisis en la Guardia Civil al ordenar la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por negarse a facilitar a la cúpula de Interior datos reservados sobre la investigación que en funciones de Policía Judicial realiza una unidad del Cuerpo bajo su mando y que ha sido comisionada por la juez de Madrid que instruye la causa sobre el 8-M. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel ya había dejado claro al comienzo de la instrucción que las averiguaciones sólo se podía compartir con ella.

«Abstenerse de informar a sus superiores». Ésta fue la advertencia que hizo por escrito Grande-Marlaska a los policías cuando en el año 2006 investigaba el conocido como caso Faisán, relativo al chivatazo que impidió desarticular la red de extorsión que la banda terrorista tenía en el bar homónimo de Irún (Gipuzkoa). El hoy titular de Interior cubría, al frente del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, la excedencia de la que disfrutaba Baltasar Garzón por estudios.

Vox acusa al hoy ministro de intentar hacer lo que él impidió como juez a los policías que investigaban el caso del chivatazo a ETA

Grande-Marlaska nombró a una comisión policial para que investigara el chivatazo y cuyos integrantes tenían la orden expresa de informarse a él del avance de las pesquisas. A él y en ningún caso a ninguno de sus mandos en la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, dirigida entonces por el comisario principal Telesforo Rubio.

«Para entonces, la desconfianza del juez [en alusión a Grande-Marlaska] con la Comisaría General de Información era tal que procedió a nombrar un equipo para que investigara la filtración bajo la dirección precisamente de Carlos G. Este grupo tenía la obligación de trasladarle a él todas sus pesquisas y ‘abstenerse de informar a sus superiores’. También pidió a la Guardia Civil que designara a tres funcionarios de su Servicio de Información para que realizaran una investigación paralela a la de la Policía», informó el periodista Carlos Fonseca en una información publicada años después en El Confidencial.  

Aquel caso terminó el 16 de octubre de 2013 con la condena, por parte de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al comisario Enrique Pamies y el inspector jefe José María Ballesteros a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación por descubrimiento y revelación de secretos. Interior les retiró la condición de funcionarios del Cuerpo Nacional en marzo de 2018 tras declararse firme el fallo.

El informe que Interior quería conocer

La portavoz adjunta de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, le ha recordado este episodio a Grande-Marlaska tras conocerse que su equipo presionó a Pérez de los Cobos para tratar de conocer el contenido del informe que agentes de la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid enviaron el pasado jueves a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid en el marco de la instrucción del caso 8-M. Ese atestado fue determinante para que, días después, la juez Carmen Rodríguez-Medel, tomara la decisión de citar a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid (José Manuel Franco) por un posible delito de prevaricación administrativa.

«Caso Faisán’. Cuando el indigno Marlaska era el juez, ordenaba a la Guardia Civil y a la Policía que no informaran a sus superiores de la investigación judicial. Como ministro del Interior hace lo necesario para interferir en la Justicia y proteger al Gobierno», ha escrito la parlamentaria en Twitter.

Grande-Marlaska ha tratado de desvincular la destitución del coronel Pérez de los Cobos de la investigación que lleva a cabo la magistrada Rodríguez-Medel sobre el 8-M y la ha enmarcado en un «proceso natural de sustitución de equipos» con el que los altos mandos de su departamento tratan de rodearse de las personas de más confianza. Esas explicaciones no han convencido a gran parte de los grupos de la oposición, que reclaman su dimisión por su «injerencia» en el Poder Judicial.

Grande-Marlaska niega «injerencias»

El titular del Interior defendió este martes en su comparecencia informativa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros que conoce muy bien cuáles son las obligaciones de un ministro y de un juez, al tiempo que mantuvo que rechazó injerencias sobre el trabajo de los guardias civiles: «Esa palabra no la conjugaré nunca».

En su artículo 15, el real decreto sobre regulación de la Policía Judicial establece que los funcionarios que integren las unidades orgánicas de la Policía Judicial deberán «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieren sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan». No respetar este deber de sigilo puede comportar castigo disciplinario y eventualmente responsabilidad penal.

Como informó este diario, Pérez de los Cobos dijo desconocer a sus superiores cuando lo llamaron el pasado fin de semana que desconocía los detalles de las diligencias practicadas por subordinados suyos en el curso de la investigación del 8-M y que, aunque hubiera tenido conocimiento, no hubiera podido compartirla porque estaría cometiendo un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Y más cuando la propia instructora había exigido reserva en la investigación.

En su etapa de capitán, Pérez de los Cobos dirigió la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, desempeñando dicha responsabilidad desde octubre de 1992 hasta octubre de 1998.

La destitución del coronel murciano provocó este martes que el Director Adjunto Operativo (DAO), Laurentino Ceña, presentara su dimisión irrevocable al mostrarse en contra de la decisión adoptada por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, de prescindir de los servicios de Pérez de los Cobos alegando una supuesta «pérdida de confianza».

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