La jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga al delegado del Gobierno en Madrid por presunto delito de prevaricación administrativa a raíz de una denuncia contra él por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 considera que el informe de investigación presentado el jueves por la Guardia Civil al respecto es «una magnífica investigación».

La instructora de la causa salió este lunes en defensa de la comitiva de la Policía Judicial que trabaja a sus órdenes en la investigación abierta el 25 de marzo en su juzgado y recordó que desde el inicio los agentes tienen «orden expresa» de informarle sólo a ella de las pesquisas, como marca, «entre otros muchos, con el artículo 15 real decreto 769/1987 de 19 de junio de policía judicial».

La titular del Juzgado de Instrucción 51 se manifestó así, según trasladaron fuentes jurídicas, tras conocer la destitución del jefe de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Un cese que, según trasladaron a El Independiente fuentes del Cuerpo, le transmitió la directora general de la Benemérita por negarse a dar la información del ya polémico atestado presentado el pasado jueves, 21 de mayo, a la jueza. Ésta, por su parte, advirtió a Interior de que tomará las medidas dentro de su competencia si le consta «de manera oficial y fehaciente» que el cese del coronel de la Guardia Civil tiene relación con obedecerla y no querer dar detalles del informe policial.

Un informe que fuentes próximas al Gobierno ponen en cuestión al afirmar que incurre en contradicciones y errores de bulto, como confundir la fecha en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de la pandemia.

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Las versiones de los manifestantes

En dicho atestado, la Guardia Civil sostiene que la Delegación del Gobierno habría hecho llamadas telefónicas a convocantes de distintas concentraciones entre los días 5 y 14 de marzo para que las desconvocaran por correo electrónico, sin dejar rastro de las gestiones. Se basa en la toma de declaración como testigos en sede policial a una veintena de personas.

Unos hechos que para los agentes «hacen considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas (las llamadas) no figuren en ningún registro oficial y, por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de concentraciones ante posibles contagios generados por el Covid-19», según trasladan en el atestado.

Después de recibir el informe, la jueza pidió a la Delegación del Gobierno que traslade el registro de desconvocatorias en un programa informático con el que cuenta y donde debería haber quedado constancia y, en el caso de no haberse hecho, que explique por qué. También acordó distintas citaciones para el 5 de junio: la del delegado del Gobierno, José Manuel Franco, como imputado y la de su jefe de Gabinete y el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana como testigos.

Hasta dos convocantes de dichas manifestaciones a los que la Guardia Civil tomó declaración afirman que los agentes no recogieron fielmente sus palabras en el atestado y las matizan, como ha publicado Eldiario.es

Ahora, la instructora tiene la posibilidad de citar a declarar en sede judicial a estas personas para despejar si existen contradicciones entre lo que declararon y lo que se recoge en el informe policial.