La Delegación telefoneó a manifestantes para anular actos en marzo sin dejar rastro

La Guardia Civil sostiene en el informe remitido a la jueza del 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, que funcionarios de la Delegación del Gobierno de Madrid telefonearon a los convocantes de manifestaciones que estaba previsto se celebraran entre el 5 y el 14 de marzo para instarles a que las desconvocaran por "la grave situación sanitaria generada por el Covid-19".

La Policía Judicial ha tomado declaración como testigos hasta a 20 personas, reconociendo 14 de ellos que decidieron anular las concentraciones convocadas ante tales advertencias de la Delegación, anulándose la primera de ellas el 5 de marzo. Sin embargo, el departamento que encabeza José Manuel Franco, citado a declarar como imputado por prevaricación administrativa por la jueza, sostiene ante ésta que no recibió ninguna advertencia sanitaria del peligro del coronavirus hasta el 14 de marzo, día que el decreto del estado de alarma se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para prohibir la manifestación feminista del 8 de marzo y otras 76 que autorizó.

Según el informe remitido por la Guardia Civil a la instructora al que ha tenido acceso El Independiente, en estas llamadas realizadas al menos por un funcionario, "un tal José Luis" y "utilizando en algunos casos expresiones imperativas", según los testigos, "en el caso de que la intención de los convocantes no fuera la de suspender las manifestaciones se les instaba a ello mediante recomendaciones con la finalidad de que cancelaran las mismas y fueran los propios promotores quienes llevaran a cabo la oportuna comunicación de la Delegación del Gobierno a través del envío de un correo electrónico".

Consulte aquí el informe.

Para los investigadores, esto demuestra que la Delegación del Gobierno sabía "los riesgos que comportaba" la celebración de manifestaciones con el coronavirus ya extendido y su intento de que no quedara rastro de sus advertencias: "La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno, así como el especial interés por parte de la Delegación del Gobierno en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial y, por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de concentraciones ante posibles contagios generados por el Covid-19 y su interés real de que no se celebraran", se puede leer en el informe remitido a la jueza. Un extremo por el que la instructora ya ha pedido explicaciones y ha provocado la citación de Franco como imputado y de otros funcionarios como testigos.

La Guardia Civil destaca en su informe, al que ha tenido acceso El Independiente, la contradicción de que se pidiera desconvocar estas concentraciones y se autorizara otras 130, entre ellas la feminista del 8 de marzo en Madrid.

El informe de la discordia

Precisamente este atestado de la Policía Judicial remitido a la jueza Carmen Rodríguez-Medel desató este lunes el escándalo del Ministerio del Interior que ha llevado al número dos de la Guardia Civil a presentar su renuncia.

Laurentino Ceña dimitió este martes tras la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid por negarse a facilitar al Ministerio del Interior detalles de este informe policial remitido a la jueza Rodríguez-Medel. El ministro Fernando Grande-Marlaska atribuye sin embargo el cese a un "impulso" dentro de la Guardia Civil.

Sin embargo, la propia jueza advirtió este lunes a Interior de que tomará las medidas dentro de su competencia si encuentra evidencias de que Pérez de los Cobos fue destituido por obedecerla y recordó que la Policía Judicial tenía orden desde el inicio de la investigación de informarla únicamente a ella de las pesquisas.