Cuando su nombre comenzó a ser conocido por el gran público en el otoño de 2017 a raíz de su designación como coordinador del dispositivo policial con el que se intentó abortar la celebración del referéndum del 1-O, Diego Pérez de los Cobos acumulaba ya tres décadas de servicio en diferentes responsabilidades al servicio de la Guardia Civil. En ese tiempo, el coronel murciano ha logrado sobrevivir a ministros del PSOE y del PP en puestos de alta responsabilidad en la estructura del Ministerio del Interior, pero su negativa a dar detalles a sus superiores sobre la investigación judicial del 8-M le ha terminado costando el puesto que ocupaba desde hace más de dos años.

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, comunicó en la noche de este domingo a Pérez de los Cobos su destitución como jefe de la Comandancia de Madrid por "pérdida de confianza". Según han informado a este diario, el oficial fue requerido para que informara acerca de las diligencias que subordinados suyos -en labores de Policía Judicial- habían realizado la pasada semana en el marco de la investigación sobre la manifestación feminista del 8-M. Ese informe habría sido determinante para que la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid haya acordado este lunes citar como imputado al delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación administrativa.

Fuentes de Interior niegan esta versión y aseguran que la destitución obedece a una "pérdida de confianza", sin aclarar cuáles son los hechos en los que se sustenta. Según un portavoz del departamento que dirige Grande-Marlaska, nadie del Ministerio había pedido información sobre dicha instrucción judicial.

Cuando la magistrada Carmen Rodríguez-Medel incoó diligencias previas tras la denuncia presentada por el abogado cántabro Víctor Valladares, ordenó de forma expresa a los investigadores policiales que guardaran reserva sobre la evolución de las pesquisas que les había encomendado, como establece en su artículo 15 el real decreto sobre regulación de la Policía Judicial. Infringir dicho deber no sólo puede conllevar una sanción disciplinaria, sino que también puede dar pie a la depuración de responsabilidades penales.

Bien conoce este precepto Diego Pérez de los Cobos por su etapa como jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, en su etapa de capitán. Ésta se prolongó desde octubre de 1992 hasta octubre de 1998, cuando continuó con su formación académica haciendo el curso de Estado Mayor.

Hijo de un declarado carlista, su etapa se había iniciado en 1982 con su ingreso en la Academia General Militar y en la Academia Especial de la Guardia Civil. En 1987, graduado ya como teniente, fue destinado a Navarra como integrante del antiguo Grupo Antiterrorista Rural (GAR), reconvertido en el Grupo de Acción Rápida (GAR) en 1998. La lucha antiterrorista fueron sus primeras misiones en el Cuerpo, participando en la desarticulación de numerosos comandos.

Dos años después, antes de ascender a capitán, volvió a Madrid a la Unidad de Servicios Especiales de la Dirección General de la Guardia Civil. Ya no se movería de la capital de España, primero como jefe de Policía Judicial y, tras diplomarse, en el Estado Mayor de la Subdirección General de Operaciones del Instituto Armado (2000-2006).

Pérez de los Cobos fue jefe de la unidad de Policía Judicial y sabe que no se puede filtrar información de un sumario judicial ni al mismo ministro del Interior

En julio de 2006, tres meses después de la llegada a Interior del socialista José Antonio Alonso (ya fallecido), Pérez de los Cobos fue reclamado como vocal asesor en el gabinete del ministro por su sólida formación y su experiencia profesional. Corría el mes de julio de 2006 y ETA respetaba una tregua que, iniciada el 22 de marzo de aquel año, saltó por los aires cuando la banda terrorista hizo explotar el 30 de diciembre una furgoneta-bomba en un aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas.

Diego Pérez de los Cobos ocupó ese puesto hasta que, en julio de 2011, Justo Zambrana -número dos de Interior con Antonio Camacho (PSOE)- lo designó director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. Entonces lucía en la bocamanga de su uniforme las dos estrellas de ocho puntas de teniente coronel, no ascendiendo a coronel hasta agosto de 2015.

Uno de los trabajos realizados en aquellos años fue un estudio acerca del número de personalidades o ex altos cargos que llevaban escolta (1.650) ante la amenaza que representaba ETA. Él había comparado la situación con otros países del entorno y defendía que ese número era insostenible. La inminencia del fin de la etapa de Zapatero llevó a Camacho a posponer cualquier decisión, que sí se aplicó años después.

Confirmado por los populares Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido, ese puesto es el que ocupó hasta que en marzo de 2018 quedó vacante la jefatura de la Comandancia de Madrid y solicitó plaza. Hasta su recién destitución, ha estado al frente de una de las unidades territoriales más importantes de la Guardia Civil, con unos 4.600 agentes a su cargo.

Es inteligente, trabajador, leal y muy preparado. Es de los mejores profesionales que hay en la Guardia Civil", dice un mando del Instituto Armado

El último cambio de destino tuvo lugar meses después de que el foco de la actualidad lo alumbrara a raíz de que el fiscal superior de Cataluña lo designara coordinador de las actuaciones que debían ejecutar la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos para impedir por todos los medios que se llevara a cabo la consulta ilegal del 1-O, suspendida dos semanas antes por el Tribunal Constitucional. Él fue quien, el primero de octubre de 2017, ejerció como mando único de los tres cuerpos policiales para que no se pudiera llevar a cabo el referéndum.

"Es inteligente, trabajador, leal y está muy preparado preparado, como se vio en el juicio del 1-O. Se lo sabía todo. Es de los mejores profesionales que hay en la Guardia Civil, como demuestra que haya sido asesor de ministros del PSOE y PP", describe un oficial de la Guardia Civil que conoce bien a Diego Pérez de los Cobos y que pide anonimato.

En marzo de 2019, Pérez de los Cobos compareció como testigo en el Tribunal Supremo en la vista oral contra los líderes secesionistas. Su testimonio fortaleció las posiciones de las acusaciones, tras mantener bajo obligación de decir verdad que los Mossos diseñaron un plan para "facilitar" la celebración del referéndum de autodeterminación en vez de para impedirlo. "La actitud de Trapero [ex mayor de la Policía de la Generalitat] era la de poner palos en las ruedas en todo. Le llegué a decir: ‘Oye, José Luis. Si estamos todos en el mismo barco, parece que no formes parte del equipo", sostuvo. 

De Franco al chalé de Iglesias y Montero

A finales del pasado año, el coronel tuvo que coordinar otro dispositivo desde su cargo de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. El operativo que implicaba a agentes de diversas unidades del Cuerpo en las labores relativas a la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos y su posterior reinhumación en el cementerio madrileño de Mingorrubio-El Pardo.

También es él quien firma la instrucción interna -fechada el pasado 13 de de marzo, un día antes de la declaración del estado de alarma- acerca de cómo debe llevarse a cabo el dispositivo de vigilancia a las puertas del chalé de Galapagar (Madrid) en el que residen desde hace dos años el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero.

Mientras la mayoría de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han salido este lunes en defensa del mando y han censurado que el poder político quiera monitorizar una instrucción judicial, Unidas Podemos ha celebrado la destitución de Diego Pérez de los Cobos. "Era una exigencia de higiene democrática desde el 1 de octubre de 2017", ha declarado el presidente del grupo parlamentario en el Congreso, Jaume Assens.

Pérez de los Cobos es el segundo alto mando de la Guardia Civil que destituye Grande-Marlaska desde que está al frente de Interior tras Manuel Sánchez Corbí, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO). Este coronel fue cesado de forma fulminante por el ministro tras enviar un correo electrónico a sus subordinados en el que les informaba que los fondos reservados que recibían para llevar a cabo determinadas operaciones se habían agotado y dichas pesquisas quedaban suspendidas hasta nueva orden.

Ahora, después de 33 años de servicio, el coronel queda a la espera de destino tras su destitución como jefe de la Comandancia de Madrid. Nadie tiene recordarle que las investigaciones que las unidades del Cuerpo realizan en funciones de Policía Judicial en el marco de un procedimiento judicial son reservadas y no pueden compartirse ni con un ministro, lo diga Agamenón... o Grande-Marlaska.