El PP celebra la decisión del Supremo contra la "ingeniería electoral" del Gobierno con la Ley de Nietos y Vox se apunta el tanto

La suspensión cautelar del censo de la 'ley de nietos' acordada este martes por el Tribunal Supremo ha provocado un choque frontal entre el Gobierno y la oposición. PP y Vox han cargado duramente contra el Ejecutivo al entender que se frena un intento de "alteración" electoral, mientras que Moncloa ha manifestado de forma tajante su rechazo a la decisión judicial.

Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha asegurado a través de un vídeo difundido a los medios que la resolución del alto tribunal frena un "intento de ingeniería electoral" del Gobierno para "alterar las elecciones generales" y buscar la perpetuación de Pedro Sánchez en el poder.

Según la dirigente popular, la decisión supone un "varapalo" al Ejecutivo y da la razón a su formación, que llevaba tiempo advirtiendo de que la instrucción firmada por la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, amplió la norma "sin competencias" convirtiéndola en un "coladero". Ezcurra ha remarcado que el Gobierno deberá dar explicaciones y asumir responsabilidades por intentar "regalar en tiempo récord" la nacionalidad a cientos de miles de personas.

Vox presume de haber frenado la "adulteración"

Por su parte, Vox ha reivindicado la autoría de la paralización cautelar. En una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria de la formación, Pepa Millán, ha presumido de que su partido ha sido el "único con representación parlamentaria" en recurrir eficazmente para "suspender los efectos electorales" de la norma.

Millán ha dirigido sus críticas tanto al PSOE como al PP, señalando que mientras el Gobierno intentaba "perpetrar un golpe a través de la adulteración del censo", los populares "se limitaron a avisarlo". "Hoy se demuestra que hay que hacer y se puede hacer todo lo que esté en nuestra mano para parar a este Gobierno", ha aseverado.

La réplica de Moncloa ha llegado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha manifestado el frontal desacuerdo del Ejecutivo con el fallo dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central", ha afirmado la ministra al ser preguntada por la resolución nada más conocerse la noticia.

Exigencia de acreditación individualizada

El pronunciamiento de las distintas fuerzas políticas se produce tras la estimación parcial por parte del Supremo de las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa. La decisión judicial deja en suspenso las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ligadas a la Ley de Memoria Democrática hasta que los consulados comprueben y acrediten de forma individualizada que los nacionalizados cumplen los requisitos de ser descendientes de españoles y haber sufrido exilio.