Cuando dirigentes del PSOE y cargos del Gobierno, incluso ministros, se sientan a una mesa, departen con sosiego en un pasillo del Congreso o del Senado, atienden una llamada o un mensaje, se percibe una atmósfera pesada, una sensación de asfixia, de acogotamiento, de cansancio por la cadencia imparable de reveses. De crisis. La última, todavía no resuelta y de enorme hondura, es Ceuta, y todos asumen, también el Ejecutivo, que tardará en despejarse. Semanas. Meses. Y las urnas están cada día más cerca. Las generales no tienen fecha, pero las que sí la tienen son las autonómicas y municipales, las de mayo, en las que se juegan el pellejo presidentes autonómicos y alcaldes, candidatos de todo el país. La "ansiedad" se apodera de muchos cargos, la "preocupación", máxima, es muy compartida. Igual que el desconcierto y la perplejidad por el último episodio: la desclasificación de los informes, avisos y comunicaciones previos e inmediatamente posteriores a la entrada de más de 70.000 migrantes por la frontera. Un gesto pretendido de "transparencia" por parte de Pedro Sánchez y que acabó golpeando de vuelta al Ejecutivo, evidenciando de nuevo el choque de versiones y la tensión entre la Moncloa y Defensa, solo cerrada, al menos por ahora, tras un insólito comunicado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el que reconocía que no fue capaz de vislumbrar ni la "magnitud" ni la "naturaleza" de lo que finalmente ocurrió el 30 de julio.

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Ceuta pesa. Mucho. Mes y medio de crisis, mes y medio de noticias continuas, de imágenes y relatos lacerantes, en todos los medios de comunicación, de inmigrantes todavía vagando por las calles, malviviendo en algunos casos bajo chozas, de menores en situación de riesgo, y también de ceutíes que no dejan de mostrar su hartazgo y su agotamiento por lo que definen como "abandono" institucional, su inquietud por una vida y una normalidad que sienten robada. El Gobierno, que en privado admite que tardó en dar respuesta a la emergencia, recalca que está poniendo todos los recursos posibles —hace casi dos semanas el Consejo de Ministros aprobó 309 millones de euros para la ciudad, y vendrán más partidas—, que intenta agilizar los trámites de expulsión (o de reagrupamiento familiar, en el caso de los niños y adolescentes), pero que no se puede saltar la ley. Y esgrime, como repasaba el pasado miércoles Sánchez en TVE, que necesita reubicar y poder filiar a todos esos migrantes para devolverlos o, los menos, concederles el asilo. Es esa tarea la que está costando más de la cuenta, ha venido reiterando el Ejecutivo, por la menor disposición del Gobierno de la ciudad, presidido por el popular Juan Jesús Vivas.

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Pero a la gestión pura de la emergencia se superpone, primero, el frente judicial, tras la apertura de la causa en la Audiencia Nacional por la jueza María Tardón. Y después el flanco político. Este viernes dimitió quizá el eslabón más débil, Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Sanz presentaba su renuncia por la discrepancia de versiones con su hasta ahora jefe. Sostenía que sí le había informado de los avisos que a él le trasladó el CNI, por WhatsApp y en una llamada de 11 minutos, el CNI. Pérez Triano, sin embargo, aseguró desconocer esas conversaciones.

La caída del director de Gabinete era la primera consecuencia directa de la desclasificación y publicación, el miércoles, de 40 avisos y comunicaciones fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto. El presidente buscaba retomar la iniciativa, recalcar que no tenía "nada que esconder", demostrar que el Ejecutivo recibió alertas, sí, pero ninguna vislumbró la "escala" de lo que ocurrió, una avalancha migratoria jamás vista en la historia reciente de España. Sin embargo, un informe del CNI a los servicios secretos marroquíes y sobre todo el intercambio de wasaps con el jefe de Gabinete del delegado del Gobierno y la llamada posterior de 11 minutos —todo el 29 de julio, muy pocas horas antes de la entrada masiva— fue interpretado por todos los medios como la señal de que sí hubo aviso de los servicios de inteligencia españoles. De lo que advertía el CNI era de la detección de dos grupos de Facebook, con más de 180.000 seguidores en total, que llamaban a cruzar la frontera aprovechando la celebración del Día del Trono en Marruecos. "Sus rilas [sus muertos]", exclamó Sanz por mensaje tras la advertencia del CNI.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, que había sostenido desde el principio que el CNI sí avisó, se sintió reconfortada, según manifestaba su entorno. Pero no era eso lo que pretendía la Moncloa. Esa lectura caminaba en la lectura opuesta. Así, el equipo de Sánchez lanzó primero un durísimo comunicado de reproche al CNI, haciendo hincapié en que no emitió ningún "aviso formal" ni lo trasladó a su cadena de mando. Y era su "responsabilidad" y su "competencia", añadió, de haber sido consciente de la gravedad del asalto en Ceuta, elevarlo a los ministerios o a la propia Moncloa.

A esa primera nota se sumó después un segundo comunicado, pasadas las ocho de la tarde —los papeles desclasificados se publicaron en la web del Ejecutivo a las 17.10—. Lo firmaba el CNI pero lo facilitó la Moncloa, y en él los servicios secretos se alineaban con el relato del presidente: sí emitió "información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta", pero "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual". Un mensaje una hora más tarde de Sánchez en redes sociales, con esta misma versión, buscaba disolver el choque. Defensa había plegado armas. Robles, el jueves, en unas declaraciones públicas, traslucía esa tregua con la Moncloa: admitió que el paso de más de 70.000 personas por la frontera "fue un fenómeno de una magniturd que no era previsible, que no ha ocurrido en ningún lugar". "Y luego cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo", añadió la titular de Defensa, evitando reproducir la colisión con Interior. Con su compañero Fernando Grande-Marlaska, que había insistido todo este tiempo en que no llegaron avisos que "atisbaran" nada parecido a lo que ocurrió el 30 y 31 de julio.

El daño, sin embargo, ya estaba hecho. El Gobierno había dado un nuevo "espectáculo", como asumían incluso en Ferraz. En el partido no alcanzan a entender cómo el Ejecutivo se había disparado él solo en el pie. Cómo la estrategia se había vuelto errada. "Es que es incomprensible. No sé cómo se les fue de las manos. Ni idea. Parece el teléfono escacharrado. No entiendo esto. Con todos los marrones que hemos gestionado", se duele un alto cargo del Gabinete. "No se ha controlado en ningún momento el flujo de información, por eso no se entiende que hayan desclasificado documentos sin tener bien anclado todo", abunda un secretario de Organización regional.