Lo reconoció ayer el propio presidente del Gobierno. Salir de la crisis en Ceuta llevará semanas, meses, "de aquí a final de año" se tardará en "estabilizar" la situación. Porque no solo quedar reubicar a todos los migrantes en plazas de acogida, es que además hay que tramitar todos y cada uno de los expedientes administrativos, que en el caso de los menores reviste mayor complejidad por las garantías jurídicas. Las cifras dadas por el Ejecutivo este martes, mes y medio después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, son suficientemente elocuentes: solo 10 expedientes a menores iniciados, 1.822 triajes a migrantes adultos, 307 expulsados tras la comisión de delitos y con autorización judicial. La autoridad funcional —o mando único— designada por Pedro Sánchez, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subraya que se intentarán acortar en lo posible los plazos, respetando la ley, pero los procedimientos son los que son.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 15 de septiembre, llamó la atención una cifra aportada por Torres, que comparece semanalmente junto a la portavoz y responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para dar cuenta de la evolución de la crisis. Diez expedientes a menores iniciados. Solo diez. Detrás está la pugna con el Gobierno ceutí, que preside el popular Juan Jesús Vivas: "Hace 15 días, hoy, 15 días, que aprobamos un real decreto ley 63 millones de euros, en el que, por ejemplo, había en su distribución de esos fondos una partida de dos millones de euros para que la comunidad autónoma tuviese, después del acuerdo alcanzado, representación jurídica al menor para que los expedientes pudieran tramitarse. Y me alegra decir que en el día de ayer ya se ha comenzado esa tramitación".
Es decir, que tras la filiación del menor se inicia la conformación de su expediente individualizado. La "novedad", explicó, es que el pacto europeo de migración y asilo (PEMA), que entró en vigor este verano, exige la presencia de un letrado, y fue ayer mismo cuando se autorizó, cuando "se conformó el convenio para que el Colegio de Abogados esté presente en las entrevistas de los menores. Nos hubiese gustado que hubiese sido bastante antes y ahora lo que esperamos es que esos expedientes puedan estar terminados cuanto antes, ¿para qué? Para proceder a lo que llevamos diciendo desde el primer día, que es que puedan ser reagrupados con sus familias en Marruecos".
Dicho de otro modo, la intención del Gobierno es que esos expedientes estén "terminados" cuanto antes para que los chavales puedan ser reagrupados con sus familias, pero en caso de que no sea posible —que es la opción más probable, dadas las tradicionales trabas puestas por Marruecos, como ha venido destacando la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aunque ahora Rabat ha prometido aceptar a todos los niños—, solo cabrían dos alternativas. Una, que esos menores permanezcan en Ceuta, y otra, que sean distribuidos por la Península, como faculta la reforma de la ley de extranjería de 2025. Torres subrayó que la tutela, guarda y custodia de los chavales corresponde a las comunidades autónomas, y estos no tienen libertad de tránsito, como sí tienen los mayores.
Para el Gobierno, si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, repite que no quiere ningún menor en el resto de España y Vivas secunda esa demanda, entonces está diciendo que esos niños "se quedan en Ceuta". Porque no pueden ser devueltos sin más. Torres actualizó la cifra de menores que ya están filiados y acogidos bajo la protección de las autoridades ceutíes: son 2.048 migrantes solos (de los que 1.612 corresponden al cruce del 30 y 31 de julio) y otros 300 atendidos en recursos del Ejecutivo central. Además, el Gobierno calcula que aún quedan en las calles de la ciudad entre 700 y 1.000 menores sin amparo todavía. "Nos podemos hacer trampas en solitario, pero la devolución inmediata es imposible. [Los menores] son ciudadanía vulnerable".
El ministro puso en valor la gestión del Gobierno, pese a las trabas que pone el Gobierno ceutí a los realojos. "Para que Ceuta no sea un CETI [Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes], los migrantes tienen que salir de la calle e ir a los recursos, realizar los expedientes y poder ser devueltos", resumió. El Ejecutivo, consignó, ha trabajado en tres líneas de actuación: habilitar nuevas plazas de acogida —el domingo fueron derivados a las nuevas infraestructuras en Los Rosales cerca de 900—, asentar la presencia de los alumnos en las aulas (este martes ya un 90,3% de los estudiantes habían ido a sus centros educativos, cuando hace una semana la asistencia a las clases era del 70%) y agilizar "al máximo" los trámites de triaje, identificación y expedientes de petición de asilo.
(Noticia en ampliación)
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