Puigdemont pide su absolución al Tribunal de Cuentas tras vencer el plazo para aplicarle la amnistía

La defensa del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha reclamado al Tribunal de Cuentas que dicte "sin más dilación" una resolución que declare amnistiados los hechos, extinga la responsabilidad contable y levante las medidas cautelares que pesan sobre él. En dos escritos a los que ha tenido acceso El Independiente, la representación legal del presidente de Junts sostiene que el plazo máximo de dos meses previsto por la propia Ley de Amnistía para resolver estos procedimientos ya ha vencido y que el órgano contable debe dictar ya una resolución absolutoria.

La petición llega después de que la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez volviera a abrir un nuevo plazo de alegaciones a las partes antes de pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía. Según avanzó El Periódico, Hernáez concedió cinco días a las partes después de haberles dado ya un primer plazo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio.

La defensa de Puigdemont sostiene que ese nuevo trámite no puede prolongar la decisión sobre la amnistía más allá del plazo establecido por la ley. Su argumento central es que la propia ley obliga a resolver estos procedimientos con carácter "preferente y urgente" y en un plazo máximo de dos meses. Así, explica que ese cómputo se reanudó con la sentencia de la Gran Sala del TJUE del 16 de julio, por lo que esos dos meses terminaron este pasado 16 de septiembre.

La 'luz verde' de la Justicia europea

El TJUE había sido consultado por el Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de la ley de amnistía a la causa que investiga los gastos del referéndum del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. En su sentencia del 16 de julio, la Gran Sala concluyó que la extinción de la responsabilidad contable por esos gastos no puede considerarse una afectación de los intereses financieros de la Unión Europea por el mero hecho de que una eventual secesión pudiera reducir la renta nacional bruta de España y, con ella, su contribución al presupuesto comunitario.

Luxemburgo también examinó si el plazo de dos meses previsto por la ley española era compatible con el derecho de la UE. Concluyó que esa obligación no se oponía a la exigencia europea de garantizar una tutela judicial efectiva, pero sí advirtió de que el plazo no podía aplicarse de manera que forzase al órgano nacional a resolver sobre la extinción de la responsabilidad antes de que el propio TJUE hubiera contestado a una cuestión prejudicial. Pero una vez dictada la sentencia del 16 de julio, ese obstáculo dejó de existir.

Es precisamente de ahí de donde parte ahora la defensa de Puigdemont. "El plazo del ha seguido corriendo desde el 16 de julio de 2026 y no admite ya prórroga alguna", sostiene en su escrito de alegaciones complementarias. A su juicio, el plazo quedó agotado el mismo día en que presentó el escrito y mantener abierto el procedimiento supondría vulnerar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

El auto de Llarena y los fondos europeos

La representación de Puigdemont incorpora además como hecho nuevo el auto dictado la semana pasada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El instructor del procés volvió a rechazar la amnistía para Puigdemont en la causa por malversación, pero reconoció que la supuesta afectación de los intereses financieros de la Unión Europea ya no era un argumento que pudiera seguir en pie tras la 'luz verde' del TJUE.

Según recoge en sus alegaciones la defensa del expresident, Llarena concluye que la denegación de la amnistía ya no puede apoyarse en la afectación de los intereses financieros de la UE, después de que el TJUE descartara que esa afectación pudiera deducirse únicamente de una eventual reducción de la renta nacional bruta de España y de su contribución al presupuesto comunitario. Para Puigdemont, ese pronunciamiento refuerza la necesidad de que el Tribunal de Cuentas resuelva ya la aplicación de la amnistía y no mantenga abierta la cuestión de la procedencia de los fondos. "Desaparece cualquier apoyo para demorar la resolución absolutoria", sostiene la defensa.

A ello suma las certificaciones expedidas por el Interventor General de la Generalitat los días 28 y 31 de julio y 6 de agosto. Según estos documentos los gastos investigados se financiaron con recursos propios de la Generalitat y no existe ningún código de financiación que determine que procedieran del presupuesto de la Unión Europea o fueran administrados por esta.

También Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce la acusación popular, reconoció en un escrito presentado el 1 de septiembre que no afirma que esté acreditada la existencia de financiación europea ni sostiene que las partidas reclamadas procedieran del presupuesto de la Unión. La entidad había solicitado que se investigara de oficio el origen de esos fondos, pero Hernáez rechazó esa petición el pasado 10 de septiembre al considerar que excedía del objeto del trámite de audiencia abierto tras la sentencia del TJUE, según recoge el citado avance de El Periódico.

Generalitat y Fiscalía no se oponen

La defensa también incide en que ninguna de las partes públicas que podrían oponerse a la aplicación de la amnistía lo ha hecho y que "nada queda por comprobar". La Generalitat presentó el 24 de julio un escrito en el que manifestó su conformidad con la aplicación de la Ley de Amnistía y con la consiguiente extinción de la responsabilidad contable, según recogen los escritos de la representación de Puigdemont. Por su parte, el Ministerio Fiscal también se ha mostrado favorable a aplicar la medida y calificó de "improcedente e innecesario" abrir una investigación sobre la posible existencia de fondos europeos.

El procedimiento afecta a Puigdemont, al expresident Artur Mas, a Oriol Junqueras y a otros 32 demandados por los gastos vinculados al procés. Sociedad Civil Catalana reclama alrededor de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía cifró el perjuicio contable en unos 3,4 millones.

Sobre Puigdemont pesan además medidas cautelares para garantizar esas cantidades. La defensa reclama ahora que, junto con la resolución absolutoria, se ordene el alzamiento de esas medidas, la devolución de las cantidades afianzadas y la cancelación de las garantías constituidas. Las cauciones fijadas en el procedimiento superan conjuntamente los 9,5 millones de euros.