El derecho a voto derivado de las nacionalizaciones promovidas por la 'ley de nietos' ha quedado suspendido por el Tribunal Supremo, tras denuncias como las de partidos como Vox y Iustitia Europa. Y seguirá así hasta que el Alto Tribunal resuelva si la instrucción de Justicia de 2022 ha ampliado los criterios recogidos en la Ley de Memoria Democrática de concesión del derecho de nacionalidad más allá de los descendientes de exiliados por la Guerra Civil y los primeroS años de franquismo, entre 1936 y 1955 por motivos ideológicos. Deberá determinar si como le reclaman esas organizaciones o denuncia públicamente el PP, hay riesgo de que pueda verse afectada la objetividad y transparencia del próximo proceso electoral de generales.
Hay una cifra rotunda que copa el debate: 2,7 millones de personas. Algunos expertos sociológicos hablan de hasta tres millones de cara al próximo proceso electoral. Pero hay que hacer distinciones entre las nacionalizaciones efectuadas y el resto de estadios que atraviesan esas personas de cara al proceso. Con los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores en la mano, 1,22 millones de personas habían solicitado en los consulados acogerse a la ley a principios de junio de este año. A ello se le añaden 1,38 millones que tenían reclamada cita previa antes de que acabase el plazo establecido por el Gobierno para beneficiarse de la norma. En los últimos años, 370.000 personas entraron en ese voto CERA, y de ellos, unos 169.000 lo consiguieron mediante la normativa o la propia instrucción aprobada por Sofía Puente.
De la totalidad del voto CERA, históricamente han participado en las elecciones no más del 10,4%. Es el caso de las últimas, de 2023. Entonces, todo ese voto exterior, de españoles instalados fuera del país pero con vínculo sostenido con España, era de 2,23 millones y participaron 234.000 personas. La obtención del pasaporte es la principal motivación de esas personas extranjeras que quieren la doble nacionalidad, como puerta de entrada a la Unión Europea pero al mismo tiempo para contar con un documento con prestigio en muchas partes del mundo.
Bajo los supuestos, y si finalmente se levanta la suspensión del Supremo, como mínimo unas 270.000 personas podrían participar con las nacionalizaciones actuales y sin contar otros españoles que han marchado al extranjero. Y de los otros 2,5 de solicitudes pendientes de tramitar, al ritmo en el que se están abordando, se estima que podría elevarse el número a 600.000 para julio de 2027, cuando figuras del PSOE creen que serán las elecciones tras los acontecimientos y la ruptura de guion que ha supuesto Ceuta. Si al voto CERA de 2023 le añadimos esos nuevos incritos previstos y contabilizamos un 10% del voto en vista de la tendencia, podría haber un censo de 300.000 electores activos.
¿Cómo afectaría ese voto a unas elecciones?
Depende. Las limitaciones de las encuestas publicadas que abordan el voto de las próximas generales no permite hacer estimaciones directas. Pero sí se puede utilizar como referencia el escenario de 2023, observar dónde influyó ese voto extranjero y en qué zonas hubo cambio de escaños por unas centenas de sufragios, y cruzarlo al mismo tiempo con aquellos territorios donde mayor número de nacionalizaciones se han producido. El caso de Madrid es el más claro. Si observamos los datos anteriores, solo en la circunscripción uniprovincial de Madrid, la que más diputados reparte en unas generales, se movió un escaño por el voto CERA que pasó del PSOE al PP. Los socialistas perdieron su escaño 122 para que los populares alcanzasen el 137. Alberto Núñez Feijóo se hizo con él por una diferencia de 1.748 votos.
Aquí hay un ejemplo directo de que el voto exterior no necesariamente está vinculado a la izquierda. Como ha abordado El Independiente en otras ocasiones durante el ciclo electoral de 2026 en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, y en medio de este debate de 'ley de nietos', hay una tendencia al voto conservador por parte de ciudadanos del Este de Europa o países como Venezuela o Colombia, mientras que desde Argentina o México lo es hacia la izquierda. Dentro de esas nacionalizaciones de 'nietos', Madrid ha sido la circunscripción más afectada, con un incremento del 37% del censo exterior respecto a los últimos años. De esos más de 300.000 nacionalizados desde 2022, 172.000 han recaído en en ella. Aquí ha habido un debate previo: todos los que no tuviesen clara la procedencia de su antepasado español o no tuviesen documentación que acreditase esa información, eran inscritos en Madrid como capital del Reino. Este jueves, de hecho, la Junta Electoral Central ha dictaminado mayores restricciones para la elección de provincia. Los consulados, y por lo tanto la Administración, decidirán dónde se inscribe a un votante con lazos con España si no puede demostrar con certeza su vínculo con una zona geográfica.
Teniendo en cuenta ese 10% de media, 17.200 votantes influirían en la distribución de los escaños. Es imposible dictaminar su tendencia ideológica, pero entendiéndolo como un bloque, sí se puede decir que habría posibilidad de condicionar al menos tres escaños en ese reparto a la vista de los antecedentes y si se hacen sumas. De los 37 diputados otorgados por Madrid, varios se decidieron por menos de 7.730 votos. Tres de ellos ya rondarían ese bloque. Por separado, además del diputado del PSOE que pasó al PP, por 340 votos Sumar se hizo con uno del PSOE. Hasta en cinco ocasiones Vox se llevó un escaño por 7.730 votos de diferencia de los socialistas, impidiendo a Pedro Sánchez ganarlos. 8.400 de diferencia del PSOE permitieron a Feijóo hacerse con otro. Son varios casos que podrían repetirse de forma más ajustada, con trasvases, con una inclusión de nuevos votantes CERA, pero también con nuevos votantes jóvenes, abstencionistas que ahora participen o por la defunción de algunos de los que acudieron a las urnas el 23-J. El voto desde el extranjero es un factor más, no único.
| PROVINCIA | ESCAÑO EN JUEGO 2023 | DIFERENCIA DE PARTIDOS | NUEVOS VOTANTES CERA | DE ACUERDO AL 10% DE PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | PSOE → PP | 1.748 | 172.000 | 17.200 |
| Girona | Junts → PP | 363 | 10.500 | 1.050 |
| Cantabria | Vox → PP | 428 | 14.000 | 1.400 |
| Salamanca | PP → PSOE | 938 | 6.000 | 600 |
| Tarragona | PSC → Junts | 1.284 | 11.000 | 1.100 |
| Albacete | Vox → PSOE | 1.412 | 17.000 | 1.700 |
| Santa Cruz de Tenerife | PSOE → Sumar | 1.550 | 24.300 | 2.430 |
Unos pocos centenares de voto pueden mover cualquier escaño territorial, especialmente en aquellas que más reparten, donde hay más pluralidad de partidos con opciones. Pero en base a las provincias más disputadas por el último escaño en la noche electoral, más allá del que el PP arrebató al PSOE en Madrid, hay un par de ejemplos más que en vista del incremento del censo CERA pueden verse impactados. En Girona, sin que el voto exterior tuviese la última palabra, el PP quitó a Junts su octavo diputado por solo 363 votos. De los nacionalizados del exterior, la provincia catalana recibe 10.500, por lo que 1.050 votantes de acuerdo a ese 10% de participación podrían influir en un escaño. El PP también se lo quitó a Vox un último escaño en Cantabria por 428, y allí hay 14.000 nuevos registados de los que 1.400 podrían votar. En Salamanca, el PSOE se quedó a 938 votos de quitarle uno al PP. Allí hay 6.000 nuevos electores, 600 activos.
Y hay tres ejemplos más, mayores que esos dos últimos y algo menores a la diferencia de voto entre los partidos para ese escaño, en comparación con Madrid. Es el caso de Tarragona, Albacete y Santa Cruz de Tenerife, en el que ese último diputado se movió por 1.284 y 1.412 en los dos primeros casos, y 1.550 en el último. Del PSC pasó a Junts, de Vox al PSOE y del PSOE a Sumar, por ese orden. En la provincia catalana hay 11.000 nuevos inscritos CERA, por lo que habría 1.100 votantes potencialmente activos, 17.000 en Albacete, de los cuales 1.700, y 24.300 en Tenerife, lo que dejaría 2.430. Tenerife es la cuarta circunscripción más afectada por esas nacionalizaciones. Si se amplía la mirada a 3.000 votos, hasta 13 escaños pueden depender de ese voto exterior.
Los efectos en las autonómicas de Madrid
Los efectos en la Comunidad de Madrid son claros, incluso con episodios como el de Tres Cantos, donde el censo ha crecido en 200 personas pese a su creación en 1991, como municipio segregado de Colmenar Viejo. Teniendo en cuenta que los nacionalizados también podrán ejercer el voto en las autonómicas, a la espera de nuevos procedimientos, esos 172.000 nuevos madrileños, 17.200 si cogemos la décima parte del electorado activo.
En las elecciones autonómicas de mayo de 2023, hubo cuatro escaños que pudieron haber cambiado de partido con un margen amplio de menos de 17.200 votos. El más claro, uno de competencia directa entre PP y Vox. Los de Santiago Abascal podrían haber arrebatado el escaño número 71 a Isabel Díaz Ayuso por solo 656 votos. Por 6.913 a la inversa, con el décimo escaño de Vox. El PP podría haber quitado a Más Madrid uno por 7.903 votos, y ya la popular haber hecho lo mismo con el PSOE, pero con un margen holgado de 16.348.
Vista la tendencia en las generales, se puede decir que mientras hay un equilibrio derecha-izquierda en los escaños más vulnerables a nivel estatal, en la competencia madrileña es Ayuso quien podría salir beneficiada si hay una tendencia de voto más conservadora que progresista el próximo mes de mayo. Todo bajo los parámetros de 2023, con el comportamiento electoral del próximo 2027 aún como una incógnita. En las generales de 2023, con ese voto CERA en Madrid, el PP duplicó al PSOE en votos, mientras que Sumar ganó a Vox.
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