La Fiscalía critica la "precipitación" del juez Peinado en el 'caso Begoña Gómez': "No es habitual ni normal la celeridad"

La Fiscalía ha criticado la "precipitación y celeridad" del juez Juan Carlos Peinado en algunos de sus señalamientos del 'caso Begoña Gómez'. En un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 41, al que ha tenido acceso El Independiente, el representante del Ministerio Público ha cargado contra los tiempos del magistrado, que a su juicio han dejado a las partes "en situaciones ciertamente extrañas" a lo largo de la investigación a la esposa del presidente del Gobierno, iniciada a principios de 2024.

"No es usual, habitual ni normal en los usos conocidos esta precipitación y celeridad en el señalamiento de ciertos trámites, e incluso horarios (...) obligando además a intensos y afortunados viajes", manifiesta el fiscal. Entre estos trámites cita en concreto la audiencia preliminar señalada para el 8 de septiembre, a la que la exasesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, había argumentado que no podía acudir porque se encontraba de viaje y no tenía previsto regresar a España hasta el 28 de septiembre.

"Es cierto que la investigada podría haber estado presente (...) Ahora bien, el hecho de encontrarse fuera del territorio nacional y tener previsto su regreso para el 28 de septiembre afectaría quizás a esa idea o principio rector de proceder con celeridad", señala el Ministerio Público.

La Fiscalía se pronuncia así sobre el recurso presentado el día anterior a la vista por la defensa de Cristina Álvarez contra la decisión de Peinado de celebrar la audiencia preliminar sin esperar a su regreso. El fiscal admite que los tiempos fijados por el magistrado no son "usuales" y que la situación generada resulta poco habitual, pero considera que la ausencia de la exasesora no le ocasionó una situación de indefensión que obligue a repetir el trámite.

La audiencia preliminar estaba fijada inicialmente para las 18.00 horas del 8 de septiembre. Ni Begoña Gómez ni Cristina Álvarez acudieron personalmente, ya que su presencia no era obligatoria en este tipo de señalamiento. Sus respectivas defensas sí estuvieron representadas ante el juzgado. Se trataba de un trámite previo a la apertura del juicio oral por los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias por los que el juez Peinado propuso que Gómez fuera juzgada por un jurado popular.

La defensa de Gómez había solicitado el aplazamiento de la cita, después de que su abogado, Jaime Campaner, comunicara al juzgado que tenía previsto un viaje profesional a Barcelona y no podría acudir. La petición fue finalmente rechazada por el magistrado. El caso de Cristina Álvarez era diferente. Su abogado, José María de Pablo, sí acudió a la audiencia, mientras que la exasesora se encontraba fuera de España y había comunicado que no regresaría hasta el 28 de septiembre, un día después de la jubilación de Peinado.

La Fiscalía considera que esta circunstancia podía afectar al principio de celeridad que el juez había aplicado al fijar la fecha de la comparecencia, pero entiende que no basta por sí sola para invalidar el trámite. El Ministerio Público sostiene que la investigada tuvo representación letrada y pudo ejercer sus derechos procesales a través de su abogado.

El juez Peinado colgó su toga finalmente el pasado 25 de septiembre tras haber acordado enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, en relación con dos bloques de hechos: el supuesto uso para fines privados del trabajo de una empleada pública y las irregularidades que el instructor atribuye al desarrollo y posterior cesión del software de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

También acordó sentar en el banquillo a Cristina Álvarez, aunque únicamente como cooperadora necesaria en la malversación relacionada con el software. Peinado descarta que Álvarez Rodríguez tenga que responder por tráfico de influencias y deja fuera del procedimiento las acusaciones por corrupción en los negocios —ya sobreseída—, y por apropiación indebida y administración desleal, delitos que la Audiencia Provincial de Madrid ya había descartado antes del verano.