La "oportunidad" es "única" y no se va a desaprovechar. Justo ahora no va a hacerlo. El Gobierno quiere que la ola a favor y la indignación social que ha provocado el desahucio de Maricarmen Abascal le ayude a un doble objetivo: a lograr la convalidación en el Congreso, el próximo viernes, de los dos reales decretos leyes de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este martes y de paso, forzar a que los grupos, con una clara presión social de la calle, se retraten ante los ciudadanos. Además, pretende sortear, en la medida de lo posible, la "inseguridad jurídica". Esto es, dejar que esté en vigor durante un mes un texto que probablemente acabará decayendo.

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Todavía no se conoce la letra pequeña de los dos decretos leyes que ayer aprobó el Gabinete tras otro nuevo episodio de tensión entre PSOE y Sumar, resuelto no obstante de manera más expeditiva que en marzo, cuando el socio minoritario de la coalición escenificó un plante. Sí se saben las líneas generales de ambos, qué contiene uno y otro, cuál es el que tiene más probabilidades de salir respaldado de la Cámara baja. Pero el Gobierno, junto a ese avance del contenido, adelantó que había solicitado al Congreso que ambas normas se sometieran a debate y votación este próximo viernes, 2 de octubre. Un salto ultrarrápido y bastante excepcional. Tanto que en la sala de máquinas de la Moncloa no recordaban el paso del Consejo de Ministros a la carrera de San Jerónimo con tanta celeridad. Y es que Pedro Sánchez ha optado por que esta vez el Parlamento delibere en caliente, que discuta sobre los dos decretos bajo la conmoción del desalojo de la anciana de 87 años y de la enérgica protesta en la calle que acabó cristalizando el pasado sábado en una acampada en la madrileña Puerta del Sol que todavía continúa. En el equipo del presidente reconocen que quieren utilizar ese "contexto social" a su favor.

Las negociaciones de los socialistas con Sumar todavía estaban abiertas a la hora en que estaba programado el arranque del Consejo de Ministros, a las 9.30 de este 29 de septiembre. El socio minoritario había trasladado al PSOE un último borrador con las exigencias que consideraba irrenunciables: la regulación del alquiler de habitaciones y el punto más conflictivo, la renovación automática de los contratos. Esta última era una propuesta importada del Sindicato de Inquilinas, la organización que ha asistido a Maricarmen en todos sus años de lucha contra el fondo de inversión que compró su casa, Urbagestión, y que ha espoleado la protesta social. Tras una hora de debate en el seno del Ejecutivo, los socios acercaron posturas y cerraron un acuerdo mellizo (por las formas) al del pasado marzo: en un primer decreto ley se agruparon todas las medidas que generan consenso y en un segundo texto se llevó la que suscita más rechazo y que tendrá más difícil aceptación por parte de los grupos, la renovación indefinida de los contratos de arrendamiento, inspirada por cierto en las experiencias de países como Reino Unido.

El decreto ley principal comprende medidas como la protección frente a los desahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, el tope del 2% a las subidas anuales de arrendamiento, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la fijación del IVA del 10% (y no del 21%, como se pretendía) de los pisos turísticos, los préstamos de hasta 50.000 euros al 0% de interés para ayudar a la compra de primera vivienda o la bajada al IVA superreducido (4%) de las viviendas protegidas sujetas a calificación permanente.

También queda en este superdecreto la prohibición a fondos buitre de la compra especulativa de vivienda hasta 2028, las deducciones fiscales a los caseros para que bajen la renta de sus arrendatarios, las bonificaciones para los inquilinos o el incremento en la tributación de las socimis. El segundo texto queda reservado para la prórroga indefinida de los contratos, una iniciativa mucho más estructural y que para Sumar podría suponer un cambio en el modelo del alquiler. Con el troceo, la parte socialista del Gobierno quiere asegurarse de que el tronco de las medidas, las que están más trabajadas con los grupos y las que suscitan un mayor acuerdo, salga adelante y obtenga el visto bueno del Congreso.

Para el Sindicato de Inquilinas, un "avance"

Pero casi tan relevante como el contenido de las dos normas lo es la estrategia. El acelerador que ha pisado el Gobierno al imponer un debate rápido, apenas 72 horas después de su aprobación por el Consejo de Ministros. Todavía con la acampada en Sol operativa, con la sacudida del desahucio de Maricarmen bien fresca. "El contexto social influye. Queremos aprovechar ese contexto social, el hecho de que esta es una oportunidad única", subrayan en la Moncloa.

Dicho de otro modo, que los grupos ahora mismo, con la agenda política dominada por completo por la crisis de la vivienda, tendrán más difícil votar en contra sobre todo del decreto ley principal, por el coste social que podría tener. El Sindicato de Inquilinas, motor de las protestas, reconoce que los dos textos son un "avance", aunque querría que el Ejecutivo hubiera agrupado todas las medidas en una sola norma, dado que la que definen como más estructural, la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, salvo causa justificada —como sucede con los contratos laborales—, es la que tiene muchas opciones de quedar derogada.

PNV y Junts no adelantaron el sentido de su voto a la espera de leer con detenimiento los dos decretos. Podemos tampoco lo hizo, aunque sí exigió al Ejecutivo que vuelva a reunirse en Consejo de Ministros y apruebe todas las medidas en un solo texto, porque llevar los dos a debate y convalidación en el Congreso es, a juicio de la líder del partido, Ione Belarra, una "trampa" que tiene "un único objetivo: lavarle la cara al Gobierno y contener la movilización social, que es histórica". "Si el Gobierno quisiera resolver el problema de la vivienda, estaría expropiando viviendas de fondos buitre, estaría bajando los precios del alquiler por ley… Si lo que ha hecho es dividir un decreto que ya era de medidas mínimas de protección social, lo que está haciendo es una trampa", remachó la dirigente morada.

Al resto de socios de izquierdas tampoco les gusta que la renovación automática de los alquileres se haya desgajado del texto principal, pero ponen menos pegas y admiten que hay cuestiones de la norma principal que sí les gusta. Lo resumió gráficamente Gabriel Rufián, portavoz de ERC: uno de los dos decretos leyes es para "aprobar" en el Congreso con el respaldo de Junts y el otro para que "lo tumbe Junts" y "frustrar" a la izquierda. Lo cierto es que si los planes del Ejecutivo se cumplen, al menos el viernes sí conseguirá una foto de gran carga simbólica: la de la vuelta del bloque de investidura. Lo recalcó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete: el acuerdo de PSOE y Sumar tiene mucha relevancia política y social porque se "reconstruye" una mayoría en el Parlamento que sirve a su vez a una mayoría social. Había un "consenso social", por tanto, que debía culminar en un "consenso político", de ahí que reclamara a los grupos "altura de miras" y "responsabilidad" para facilitar la convalidación de las dos iniciativas.

Pero además de meter presión a todos los partidos —PP y Vox votarán no, aunque de ambos el Gobierno no espera "nada"—, el Ejecutivo busca ahorrarse un problema jurídico. En marzo, también el Consejo de Ministros aprobó dos decretos leyes: uno, el de medidas de respuesta a la guerra de Irán, que llevó a convalidación a la semana siguiente, y el de prórroga de los alquileres, que estuvo algo más de un mes en vigor, hasta que decayó por el voto en contra de Junts, PP y Vox. Hubo entonces mucho debate sobre si los inquilinos debían aprovechar esa ventana de oportunidad de escasamente un mes para comunicar a sus caseros su voluntad de renovar sus contratos. Ahora, ese debate apenas estará vivo. La ministra no precisó la entrada exacta en vigor de los dos textos —la redacción se había ido cambiando hasta el último minuto y en todo caso quedará fijada en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado—, pero en cualquier caso si no obtiene los votos decaería el viernes. "Queremos evitar las dudas y la inseguridad jurídica", indicaban fuentes de la Moncloa.

"A ver quién se atreve a votar en contra"

En el Ejecutivo confían en que al menos el primer decreto ley encontrará camino y obtendrá la convalidación. Todos los votos de los socios son necesarios. Ninguno puede votar en contra. Si Junts vota sí, Podemos puede irse a la abstención, y a la inversa."Pero con un tema tan polarizador como este, solo veo voto a favor o en contra, y a ver quién se atreve a votar en contra", comenta un alto cargo del Ejecutivo que, como otros compañeros, se confiesa cómodo en un debate, aunque duro, más propio de la izquierda. Mucho más que la gestión del Gobierno en Ceuta, plagada de errores y muy contestada desde todas las esquinas. Maricarmen ha sepultado, siquiera por unos días, la mirada hacia la ciudad autónoma.

En la Moncloa restan importancia a la tensión vivida con Sumar en las últimas horas, también su rueda de prensa paralela a la del Consejo de Ministros —lo achacan al afán de sus socios de querer diferenciarse en plena rampa electoral— y minimizan el hecho de que la reunión tuviera que retrasarse una hora. "No hubo boicot. Y cuando comenzó el Consejo ya estaban todos los ministros de Sumar dentro". En Sumar, mientras, se sienten satisfechos porque, pese al troceo, han conseguido que medidas que se veían como inimaginables hace tan solo unos meses ahora ya forman parte del decreto que tiene más papeletas para prosperar, como la prórroga de dos años de los alquileres.

Y todo ha sido posible por el chispazo que ha generado el caso Maricarmen. La historia de un "fracaso colectivo", en palabras de la ministra de Vivienda, que no se puede repetir, pero que ha hecho que "todo el mundo se moviera". "Su sufrimiento ha merecido la pena, no ha sido en vano", sostuvo Rodríguez, antes de defender el "equilibrio" alcanzado en la redacción y que debe ser, a su juicio, valorado por los grupos. Tendrán poco tiempo para rumiar su decisión. En unas horas deberán apretar el botón en el Congreso. Con toda España mirándoles. Sobre todo en Sol. Sobre todo Maricarmen, la mujer que con su lucha de años ha dado la vuelta por completo a la política española en menos de una semana.