Este martes la Junta de Castilla y León presentó dos recursos contra dos reales decretos del Gobierno vinculados a la inmigración. Uno contra el Real Decreto 316/2026, aprobado para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular, y contra el Real Decreto 556/2026, que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas, al considerar que suponen un "incumplimiento" por parte del Ejecutivo central.
Así lo ha manifestado el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, que ha insistido en que la Administración autonómica se opone "frontalmente" a las políticas migratorias "nefastas y negligentes" del Gobierno central. De esta manera, la Junta pretende enfrentarse a la política migratoria promovida por Pedro Sánchez con "todos sus mecanismos políticos, administrativos y judiciales", algo que tiene respaldo en el pacto de Gobierno autonómico. Dicha política migratoria, ha añadido, tiene su "máximo exponente" en la situación que se vive en Ceuta, que ha considerado "absolutamente inaceptable".
"El gobierno de Pedro Sánchez corre y acelera solamente por sus intereses políticos, reales decretos de un día para otro, pero la situación de Ceuta y de los ceutís sigue sin arreglarse", ha recalcado y ha insistido en la necesidad de que los menores extranjeros no acompañados vuelvan con sus familias o sean las instituciones tutelares marroquíes las que se hagan cargo de ellos. Todo, una semana después de que en Vox reconociesen que no podrán frenar la llegada de esos menores a las comunidades.
En este contexto, Carlos Pollán ha puntualizado que el reparto de los menores que plantea el Ejecutivo central no sería "indiscriminado": "A sus socios que le mantienen el gobierno no les traslada el problema y sí nos lo traslada o pretende trasladarlo a todas las demás comunidades autónomas que, bueno, pues estamos haciendo oposición a esas nefastas políticas", ha apostillado.
Al ser preguntado las cuestiones en las que afectan negativamente dichos decretos a Castilla y León, el vicepresidente primero de la Junta ha respondido que suponen un "incumplimiento" por parte del Gobierno de España y ha insistido en que los menores no acompañados deben estar con sus familias, según las normativas nacional e internacional.
"Creo que es suficiente un incumplimiento del Gobierno de España, que crea problemas al resto de comunidades y traslada un problema que nosotros no debemos de atender porque, además, la capacidad está superada y no se puede atender", ha concluido. Carlos Pollán se ha pronunciado de este modo en León, donde ha visitado el Hospital San Juan de Dios y ha mantenido una reunión con responsables de la entidad.
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