Otra votación al borde del abismo en el Congreso. Y otra vez en manos de Junts. El partido experto en buscar foco y en exprimir la rentabilidad de sus siete diputados en Madrid. La suerte del macrodecreto de vivienda, el que agrupa en sus 96 páginas la inmensa mayoría de las medidas ya en vigor desde este mismo jueves, depende de los posconvergentes. Ellos deciden, como ha ocurrido en tantos otros rincones de una legislatura tortuosa y especialmente agotadora para el Ejecutivo. La ejecutiva de Carles Puigdemont se reúne desde las nueve de la noche y tiene la sartén por el mango después de que en las últimas horas se despejaran tres dudas fundamentales: el voto de Podemos —que será sí, en línea con lo demandado por el Sindicato de Inquilinas—; el del PNV —otro sí, también esperable—, y el de Coalición Canaria —otro sí, con el que se podía contar igualmente— . El resto de socios ya se habían alineado con el Ejecutivo, así que es Junts la que decantará la balanza este viernes en la Cámara baja. Sus siete parlamentarios, y solo ellos, si es que no hay sorpresas en la votación, determinarán si se salva el decreto ley principal, porque el segundo, el de prórroga indefinida de los contratos, ya está sentenciado a muerte después de que los nacionalistas vascos adelantaran su rechazo.

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La última formación en posicionarse, antes de Junts, fue Coalición Canaria. Y lo hizo en la línea previsible. En sintonía plena con el PNV. Por un lado, por tanto, apoyo al primer decreto, el que contiene iniciativas como la protección frente a los desahucios, la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la prórroga por dos años de los contratos de arrendamiento, las bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios, el IVA al 10% de los pisos turísticos o las ayudas a la compra de primera vivienda. Y por otro, no al segundo decreto, el de renovación automática e indefinida de los contratos de alquiler. En resumidas cuentas, voto a favor en un texto, el más amplio, y en contra en el otro: eso es lo que tendrá que pulsar desde su escaño la diputada nacionalista canaria Cristina Valido. CC forma parte del bloque de investidura aunque gobierna en las islas con el PP, y su sí al primer decreto era previsible porque ya en abril respaldó la prórroga de los alquileres por dos años.

Tras comunicar su decisión CC, los números eran justos. Muy justos. El Gobierno tendría asegurados 172 síes —los de PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), Bildu (6), PNV (5), Podemos (4), la diputada de Compromís (1), BNG (1) y CC (1)—, por los 171 noes de PP (137), Vox (33) y Unión del Pueblo Navarro (1). Bastaría una abstención de los siete parlamentarios para permitir la convalidación del decreto ley principal. También valdría que esos siete diputados no votaran (en la práctica, funciona como una abstención, y ya ocurrió en otra votación crítica al comienzo de la legislatura, en enero de 2024). Pero un no conduciría el texto a la basura. Y el contexto, hoy, no es el mismo que en otras ocasiones, ni mucho menos.

Porque España vive conmocionada todavía por las imágenes de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal, sacada a la fuerza de la casa en la que había vivido durante más de siete décadas, conducida en camilla directamente al hospital por su extrema fragilidad, en el que aún permanece. La sacudida fue tan inmediata y tan gigante que el malestar existente con la vivienda estalló y llenó las calles y plazas de todo el país, irradiando su fuerza desde una Puerta del Sol convertida desde el sábado en una acampada transversal que no solo no languidece sino que cada día va haciéndose más grande.

(Noticia en ampliación)