Conde-Pumpido urge a firmar la sentencia de la amnistía para apremiar al Supremo a ejecutarla

La Presidencia del Tribunal Constitucional, que ostenta Cándido Conde-Pumpido, ha urgido a los magistrados a firmar cuanto antes la sentencia que ampara a la exconsellera catalana Dolors Bassa y abre la puerta a aplicar la amnistía al delito de malversación del procés. Según ha podido saber El Independiente, desde Presidencia se han realizado llamadas a las secretarías de los miembros del Pleno para acelerar la firma de la resolución, aprobada este mismo martes por siete votos frente a cinco.

El objetivo de esta premura es que la doctrina fijada por la resolución del Constitucional se traslade cuanto antes al Tribunal Supremo y se aplique a los líderes del independentismo catalán cuya situación depende de la misma cuestión jurídica, según apuntan fuentes del órgano de garantías a este periódico. A su juicio, se trata de apremiar al alto tribunal, y señalan que no es habitual que desde Presidencia se produzcan este tipo de llamadas para urgir las firmas.

La sentencia del Constitucional fija una doctrina que corrige directamente la interpretación que hizo la Sala Penal del Supremo para excluir la malversación de la amnistía por considerar que concurría un supuesto "beneficio personal de carácter patrimonial" que contempla la ley. La resolución, redactada por el propio Conde-Pumpido, estima el recurso de Bassa y concluye que el Supremo realizó una interpretación "claramente expansiva" de esta excepción. Para el presidente del Constitucional, esto se aparta de la finalidad de la propia ley de amnistía, por lo que indica al Supremo "que se declare amnistiado el delito de malversación de caudales públicos" con "carácter preferente y urgente".

Cinco magistrados en contra

El Pleno de este martes tenía previsto inicialmente deliberar sobre el recurso de amparo de Jordi Turull. No obstante, el magistrado José María Macías retiró su ponencia. La ha asumido el propio Conde-Pumpido, que será quien redacte también esa sentencia para su debate en el próximo Pleno. Sobre las doce del mediodía, el tribunal ha aprobado la de Bassa, con cinco votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y Macías.

Poco después, el juez del Supremo Pablo Llarena ha levantado provisionalmente la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. En su auto, el instructor del procés subraya que todavía no dispone del texto íntegro de la sentencia, necesario para determinar su alcance. El Supremo espera, por tanto, a que el Constitucional firme y publique la resolución para decidir cómo aplica la doctrina. Esa espera coincide con la urgencia que se ha trasladado a los magistrados, aunque una de las fuentes consultadas descarta que la prisa guarde relación con el auto de Llarena.

Los cinco magistrados que han formulado voto particular cuestionan precisamente que el Constitucional haya ido más allá de anular las resoluciones del Supremo y le haya indicado el sentido exacto de la nueva decisión que debe adoptar, con carácter preferente y urgente. A su juicio, la sentencia supone una "suplantación" del papel del Supremo como intérprete de la legalidad ordinaria, y puede generar "una colisión institucional absolutamente injustificada e innecesaria", tal y como recogen en su escrito, al que ha tenido acceso este periódico. Reprochan además el tono de la resolución, en la que ven "animadversión o virulencia" hacia la Sala Segunda, y sostienen que los autos del Supremo podrán ser discutibles, pero no irrazonables ni arbitrarios, por lo que el Constitucional se convierte, dicen, en una "cuarta instancia".

La vía para el regreso de Puigdemont, líder de Junts

Apenas una hora después de que el Constitucional fijara su doctrina, el juez del Supremo Pablo Llarena dejó sin efecto, con carácter provisional, las órdenes nacionales de detención que pesaban sobre Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, procesados en rebeldía, según han confirmado a El Independiente fuentes del Tribunal Supremo. Esas órdenes estaban vigentes desde el 1 de julio de 2024 y quedan suspendidas "con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa".

El instructor del procés reconoce en su auto una "coincidencia sustancial" entre los hechos y la cuestión jurídica que ha resuelto el Constitucional para Bassa y los que afectan a los tres dirigentes. Aun así, insiste en que su decisión "no es ejecución anticipada de la sentencia constitucional ni extensión automática de su fallo". Lo que hace es revisar provisionalmente las medidas ante el cambio de escenario, porque mantener las órdenes mientras estudia la sentencia podría llevar a que alguno de los tres fuera detenido y que después se comprobase que esa privación de libertad no era procedente, un perjuicio que "no quedaría eliminado por su posterior alzamiento".

Llarena subraya que todavía no dispone del texto íntegro de la sentencia, necesario para determinar su alcance, y que resolverá "sin demora" qué hacer con las órdenes cuando lo reciba, con una nueva resolución motivada en la que podrá mantener el levantamiento o modificarlo. Ha ordenado comunicar la decisión de inmediato a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra. El Supremo espera, por tanto, a que el Constitucional firme y publique la sentencia para decidir cómo aplica la doctrina.

Quedan además pendientes los recursos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Comín, Puig y el propio Puigdemont. Fuentes del órgano de garantías señalan que, una vez fijada la doctrina, esos procedimientos podrán resolverse aplicando el mismo criterio. Conde-Pumpido ya había confirmado en público que el Constitucional pretendía establecer una doctrina "clara, precisa y contundente", que la decisión se comunicaría "a la mayor brevedad" al órgano encargado de ejecutarla, y que corresponde al Supremo decidir cuándo procede aplicarla.

Por su parte, fuentes cercanas a Puigdemont aseguran que el expresident no volverá a España hasta que se le declare amnistiado. Lleva casi nueve años en Bélgica tras huir después del 1-O.