La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las presuntas presiones por parte de la cúpula de la Guardia Civil a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mientras investigaban causas vinculadas al Gobierno entra ahora en una de sus cuestiones más delicadas. El juez ha pedido conocer qué sabía Mercedes González de las actuaciones internas impulsadas por su número dos, el DAO Manuel Llamas, contra miembros o actuaciones de la UCO. El magistrado ha reclamado los documentos que permitan determinar si la directora general fue informada de la apertura y resolución de las tres informaciones reservadas abiertas por otras unidades del Instituto Armado a instancias del DAO y en qué momento recibió, en su caso, esa información.
La diligencia tiene especial relevancia porque no aparece aislada. Llega después de que la instrucción haya reconstruido una sucesión de actuaciones internas contra la unidad que investigaba las principales causas de corrupción que afectaban al entorno del Gobierno, de los contactos mantenidos por la entonces nueva directora general con Leire Díez y de las declaraciones prestadas ante Pedraz por los principales mandos de la Guardia Civil.
El juez pide ahora al DAO que aporte los oficios mediante los cuales se comunicó a Mercedes González, si se hizo, la apertura y resolución de esas tres informaciones reservadas, "según se hizo en las IR 1/24 y 1/25". Es decir, Pedraz no da por resuelta la cuestión de si la directora conocía esas actuaciones y quiere comprobar documentalmente cómo circuló esa información dentro de la cadena de mando.
Las tres informaciones reservadas
La pregunta adquiere sentido al observar la cronología reconstruida en la causa. Las tres informaciones reservadas se sitúan entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. La primera, la IR 1/24, fue ordenada por Llamas en diciembre de 2024 a raíz de la publicación de información sobre la cuenta de correo institucional de Begoña Gómez en el llamado caso Badajoz. La segunda se abrió en mayo de 2025 después de la publicación de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. La tercera, la IR 1/25, fue incoada en septiembre de 2025 y llevaba la firma digital de Mercedes González desde el 30 de agosto.
Sobre estas tres actuaciones concretas, el magistrado Santiago Pedraz está tratando de aclarar quién ordenó cada cosa, contra quién, por qué hechos y qué conocimiento tenía la cadena de mando.
Mercedes González y Leire Díez
La primera señal de alarma sobre esta dinámica aparece en la propia investigación de la UCO sobre Leire Díez. Poco después del nombramiento de Mercedes González como directora general, en septiembre de 2024, la UCO documentó contactos entre ambas. El primer encuentro registrado se produjo el 30 de septiembre, pocos días después de la llegada de González al cargo. La agenda del teléfono de Díez recogía la reunión como "Reunión Mercedes González (directora GC)" y su dispositivo la situaba en las inmediaciones de la Dirección General.
La relación cobró una dimensión mucho más relevante en los meses siguientes. Según uno de los atestados de la UCO, Díez utilizaba su relación con González para intentar promover actuaciones internas contra la unidad que estaba investigando asuntos sensibles para el Gobierno. En una conversación del 2 de abril de 2025, después de reunirse con la directora, Díez escribió que iba a "seguir aumentando esa vía". El propio atestado recoge anotaciones manuscritas en las que hablaba de "armar lo que quiero hacer con la UCO a nivel administrativo" y de una "Investigación interna G.C. para filtraciones".
Las filtraciones vienen de la UCO
La secuencia de mayo resulta todavía más significativa. El 9 de mayo, la abogada Leticia de la Hoz remitió a Leire Díez una información relacionada con Koldo García y le indicó que se la pasara a Mercedes "a ver qué opina". Díez respondió: "Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO". Al día siguiente se publicaron los mensajes entre Sánchez y Ábalos y el 11 de mayo se documentaron nuevas interacciones entre Díez y González. Ese mismo día, a las 11.30 horas, Llamas se reunió con el general Cortés y le encargó una información reservada para investigar el origen de la supuesta filtración.
La UCO ya había detectado entonces que el objetivo de Díez era conseguir una investigación interna contra la unidad. De hecho, el atestado sitúa entre el 9 y el 14 de mayo la incoación de una información reservada dirigida contra investigadores de la UCO y recoge que un agente tuvo conocimiento de ella el 16 de mayo.
"No ser proactivos"
La Fiscalía considera que esta sucesión de actuaciones debe analizarse junto a otra pieza clave que tiene que ver con las instrucciones que, según los mandos de la Guardia Civil, recibieron los responsables de la Policía Judicial y de la UCO para rebajar su iniciativa en asuntos políticamente sensibles. El general López Malo y el coronel Yuste declararon ante el juez que tanto el anterior director general, Leonardo Marcos, como el DAO Llamas les habían conminado a "ponerse de perfil" y a "no ser proactivos" en causas con "afectación política", en particular la relativa al hermano del presidente del Gobierno. Ambos describieron además como "excepcionales" y "no habituales" las informaciones reservadas concentradas sobre la UCO.
La nota de despacho
La investigación también ha puesto sobre la mesa una nota de la Jefatura de Información de la Guardia Civil del 29 de abril de 2025. El documento advertía al DAO de una campaña destinada a desacreditar a la UCO, identificaba a Leire Díez como dinamizadora y señalaba expresamente que la directora general tenía conocimiento de esa operación. Según la documentación examinada en la causa, Llamas no trasladó inicialmente esa nota a la UCO y solo reconoció su existencia cuando el general López Malo le presentó días después un documento de contenido idéntico elaborado por la propia unidad.
Todo ello explica por qué la condición de Mercedes González dentro de la causa ha adquirido una importancia distinta. El 2 de julio, Pedraz acordó citarla como investigada junto a Llamas al apreciar, provisionalmente y sin perjuicio del resultado de la instrucción, indicios que podían presentar caracteres de prevaricación administrativa y delito contra la Administración de Justicia.
Versiones diferentes
Las declaraciones de ambos responsables ante el magistrado permitieron además confrontar sus respectivas versiones sobre el funcionamiento de la cadena de mando. Y ahora Pedraz vuelve sobre uno de los puntos que necesita cerrar sobre si las decisiones de Llamas sobre las informaciones reservadas llegaban formalmente hasta González o si algunas de ellas se desarrollaron sin conocimiento de la directora general.
Por eso la nueva providencia no solo reclama los oficios relativos a las tres IR. También pide un informe sobre la IR 1/24, para determinar si, además de la nota de despacho del 29 de noviembre de 2024, existieron mensajes telefónicos mediante los que Llamas amplió aquella información, tal y como declaró el propio DAO.
Te puede interesar