Nunca antes estuvo tan cerca de ocurrir, pero tampoco esta vez se hará realidad. El PNV había puesto en Pedro Sánchez toda su esperanza en poder ver completado el desarrollo del Estatuto de Gernika de 1979. Su cumplimiento íntegro ha sido un 'mantra' repetido en las negociaciones mantenidas con los sucesivos gobiernos, desde la Transición hasta nuestros días. Transferencia a transferencia, competencia a competencia, el goteo de nuevas materias que gobiernos del PP y el PSOE han ido cediendo al País Vasco en estas décadas a cambio de apoyo parlamentario ha sido una constante.

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La gran esperanza estaba puesta en esta legislatura. El PNV, como en la anterior, había pactado su apoyo al candidato Sánchez a cambio de un compromiso firme, real y con fechas para desarrollar por fin un estatuto aprobado hace 47 años. Los nacionalistas estaban convencidos de que el compromiso del PSOE terminaría con el lastre de incumplimiento de un estatuto que es el único que no solo no ha sido renovado, sino que ni siquiera se ha terminado de cumplir.

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Cuando el PNV dejó caer a Mariano Rajoy en la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa, vieron la gran oportunidad de poder por fin completar el Estatuto de Gernika. Apenas unos meses más tarde, ambos gobiernos mantuvieron el primer encuentro y poco después se redactó el primer cronograma de transferencias que debía completar el Estatuto íntegro -Seguridad Social incluida- a finales de 2020. Desde entonces, los incumplimientos se han acumulado, las revisiones de calendarios han sido constantes y las promesas de acelerar se han visto frustradas.

Balance: más de una veintena de traspasos

El balance, pese a todo, no es baladí. Euskadi ha recibido con los gobiernos de Sánchez más de una veintena de transferencias. Algunas de ellas de gran relevancia, como la gestión de las cárceles vascas, la gestión de Cercanías, el Ingreso Mínimo Vital, las prestaciones por desempleo, las pensiones no contributivas o Salvamento Marítimo. Pero en el tintero siguen esperando algunas de las más complejas, entre ellas, la gestión de las pensiones, los puertos y los aeropuertos. Sin embargo, la convocatoria de elecciones el 29-N vuelve a frustrar las esperanzas de los nacionalistas.

Desde el propio Gobierno vasco confiaban en que Sánchez cumpliera su palabra. Incluso que mantuviera una última reunión con el lehendakari Imanol Pradales, a la que se había comprometido. Pero no se celebrará. La relación entre ambos Ejecutivos se fue enfriando a medida que se alejaba el pleno de investidura en el que el PNV había firmado su apoyo a cambio de compromisos como el Estatuto. El anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, denunció en varias ocasiones la frialdad con la que el Gobierno del PSOE empezaba a abordar la cuestión, así como la reiteración de los retrasos e incumplimientos. Con Pradales, pese a que la sintonía parecía haberse recuperado, la relación se fue enfriando hasta la congelación actual.

Pese a que la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias podría llegarse a celebrar en este periodo con las cámaras disueltas, en Euskadi saben que es prácticamente imposible que suceda y que deben dar por terminado el periodo de traspasos. La Seguridad Social, los puertos y los aeropuertos habrá que plantearlos al próximo Gobierno que determinen las urnas. Y si es del PP y Vox, saben que será muy complicado.

Dos lehendakaris, cinco ministros y tres consejeros

En los ocho años transcurridos desde 2018, en las relaciones por hacer realidad el desarrollo estatutario completo han participado dos lehendakaris, cinco ministros de Política Territorial y tres consejeros de Autogobierno vasco. La ministra Meritxell Batet (2018/19), Carolina Darias (2020/21), Miquel Iceta (2021), Isabel Rodríguez (2021/23) y el actual ministro Ángel Víctor Torres. Por el lado vasco, los contactos comenzaron con los gobiernos de Iñigo Urkullu y sus consejeros Josu Erkoreka y Olatz Garamendi, y continúan ahora con Imanol Pradales al frente del Ejecutivo autonómico y su consejera, María Ubarretxena.

El balance con cierto tono de frustración lo hace ahora el Ejecutivo de Imanol Pradales. El propio lehendakari confiaba en que aún cabía un resquicio para intentarlo. Esta semana reclamó a Sánchez que aplique la “misma velocidad y valentía” que ha demostrado para aprobar en la Diputación Permanente los decretos de vivienda rechazados por la Cámara Baja e imprima un “sprint final” de legislatura al desarrollo del estatuto vasco. Poco después su portavoz, María Ubarretxena, la consejera que ha negociado los últimos traspasos, reconocía que no hay margen y que se debe perder toda esperanza de un nuevo acuerdo en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias.

Materias pendientes

Lo que ha quedado pendiente es lo más simbólico para el autogobierno vasco. A excepción de la gestión de las prisiones, el resto de las materias transferidas en estos años han sido de menor calado. El nacionalismo tocaba ya con las manos la posibilidad de completar la cesión de las materias pendientes que restaban de la Seguridad Social. Hasta ahora el País Vasco había logrado que se cediera la gestión del Ingreso Mínimo Vital, las prestaciones y pensiones no contributivas y la gestión y pago de las prestaciones por desempleo. El siguiente paso era el FOGASA y las pensiones por jubilación, el núcleo central y más complejo.

También se quedará pendiente la cesión de la gestión de los aeropuertos, una materia a la que AENA se había opuesto y que había provocado tensiones en el seno del Gobierno y en la relación de este con el Ejecutivo de Pradales. Los puertos también seguirán como estaban: las terminales marítimas de Bilbao y Pasaia finalmente no han podido completar su traspaso a Euskadi. Y en la lista de asignaturas pendientes también figuran otras materias como la cesión de la gestión de los paradores de Argómaniz (Álava) y Hondarribia (Gipuzkoa) y la función de supervisión y ordenación en materia financiera.