El jurado declara culpable a Caba del asesinato de dos empresarios por unanimidad

Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha declarado este martes culpable a Antonio Caba Vázquez del asesinato de los empresarios Jesús María González Borrajo y Juan Miguel Isla, desaparecidos en Manzanares en 2019 y 2022, respectivamente. Según informa Europa Press, los nueve integrantes del jurado, que comenzaron a deliberar a puerta cerrada el lunes, han concluido por unanimidad que el acusado acabó de forma violenta con la vida de ambos por motivos económicos y ocultó posteriormente sus restos en pozos de distintas fincas.

El veredicto da por probada la responsabilidad de Caba en los dos crímenes, aunque todavía queda pendiente la sentencia judicial, que establecerá la pena que deberá cumplir. La Fiscalía solicita para él 46 años de prisión como autor material de ambos asesinatos.

El primero de los crímenes tuvo lugar en junio de 2019. Jesús María González Borrajo, de 54 años y vinculado al negocio de las máquinas recreativas, viajó desde Vitoria para cobrar 14.000 euros en efectivo por la venta de un vehículo Mercedes en la que Caba había actuado como intermediario. Según los hechos que el jurado ha considerado probados, el acusado ya debía a la víctima más de 24.000 euros por préstamos personales anteriores. Caba lo citó en una nave alquilada y lo asesinó para apropiarse del dinero que iba a cobrar por la operación.

La desaparición de González Borrajo permaneció sin resolver durante tres años, hasta que en julio de 2022 se perdió la pista de Juan Miguel Isla, de 58 años. En este segundo caso, Caba había intermediado en una operación inmobiliaria por la que Isla recibió un pago parcial de 50.000 euros en metálico. El jurado ha considerado probado que ambos se dirigieron a una finca de Valdepeñas después de cobrar el dinero, donde Caba asesinó a Isla para quedarse con el efectivo.

Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil resultaron determinantes para conectar las dos desapariciones y desmontar la coartada del principal acusado. Los investigadores recurrieron a intervenciones telefónicas, geolocalizaciones y micrófonos ocultos instalados en el coche de Caba. Estas actuaciones permitieron localizar el vehículo de Isla en Albacete y detectar los desplazamientos de vigilancia a la finca donde se ocultaba el cadáver.

El papel de la UCO

Durante la quinta sesión del juicio, celebrada el pasado 13 de octubre, uno de los agentes de la UCO calificó a Caba como un ''psicópata de manual'', al considerar que había actuado con ''falta de empatía'' y un ''desprecio absoluto hacia la vida de las personas''. El investigador sostuvo ante el jurado que el acusado había planificado la muerte de Isla y que posteriormente había intentado presentar lo ocurrido como una desaparición voluntaria. Además, los agentes señalaron las deudas y dificultades económicas de Caba como posible móvil de los asesinatos.

El esclarecimiento del crimen de 2019 también estuvo relacionado con la confesión del segundo procesado, Gaspar Rivera Escuderos, que permitió localizar los restos de González Borrajo en una finca de Manzanares. El jurado ha establecido una diferencia en el grado de responsabilidad de Rivera en cada uno de los casos. Por siete votos a dos, lo ha declarado cómplice del asesinato de González Borrajo, al considerar probado que conocía las intenciones de Caba y que recibió dinero por colaborar en el descuartizamiento y la ocultación del cadáver.

En el caso de Juan Miguel Isla, sin embargo, Rivera ha sido declarado por unanimidad culpable de encubrimiento, ya que el jurado entiende que ayudó a trasladar el cuerpo y el vehículo siguiendo las órdenes de Caba, pero que desconocía previamente que se fuera a cometer el asesinato. Por estos hechos, la Fiscalía solicita para él 19 años de prisión, con la aplicación de la atenuante de confesión.

Durante el juicio, Caba negó haber cometido los asesinatos y atribuyó las muertes a terceras personas no identificadas. Rivera, por su parte, sostuvo que había colaborado por miedo y bajo amenazas. Frente a ambos, los otros dos encausados por un presunto delito de encubrimiento han sido declarados no culpables, al no haber formulado acusación contra ellos el Ministerio Público.

Con el veredicto del jurado popular concluye la fase de deliberación sobre la culpabilidad de los acusados. El procedimiento queda ahora pendiente de la sentencia del juez, que deberá fijar las penas correspondientes a partir de las responsabilidades establecidas por el jurado.