El jefe de la Policía de Ceuta asegura que no se activó el protocolo de 2021 para entradas masivas porque "nunca llegó la orden"

El inspector jefe de la Policía Nacional Lorenzo Juan Fages, que estuvo en activo durante la entrada masiva de Ceuta ha declarado este lunes ante la Audiencia Nacional que afrontó este suceso del pasado 30 de julio "sin alerta previa ni un dispositivo extraordinario" y que el protocolo de la Policía Nacional previsto para circunstancias como las de una entrada masiva no llegó a activarse porque "nunca llegó la orden". Su declaración ante la juez María Tardón, a la que ha tenido acceso El Independiente, coincide en un punto clave con la del teniente coronel de la Guardia Civil Miguel Lobo, ya que ninguno de los dos mandos que estaban sobre el terreno recibió un aviso de que al día siguiente se produciría una entrada de la magnitud que finalmente tuvo lugar.

Los dos testimonios dejan al descubierto una primera incógnita que se une a las de los últimos meses y la gestión por parte del Ministerio del Interior de la entrada masiva. Ahora, ambos cuerpos, tanto el policial como el Instituto Armado, aseguran que la información no llegó. Ni por la cadena de mando, ni por el CENIF. Por lo que surge la duda sobre qué información llegó a los responsables de seguridad desplegados en Ceuta y quién debía convertir las alertas que manejaban los órganos centrales en una orden operativa para reforzar la frontera.

Un protocolo específico

Juan Fages explicó durante su declaración que la Policía Nacional tenía un protocolo específico para este tipo de situaciones, pero que "no se activó". Durante su declaración dijo que nunca llegó la orden para que se pusiera en marcha dicho plan de actuación y que, según confirmó, él desconoce quién debía haber ordenado que se activase ese plan. También ha destacado de su declaración que el inspector no recibió comunicación de su cadena de mando como jefe de Brigada durante la entrada.

El protocolo del que hablaba Fages es un recurso interno de la Policía Nacional que, según explicó el propio mando, existe desde 2021, justo cuando fue la otra gran crisis migratoria en Canarias. Este manual contempla una respuesta reforzada ante una entrada masiva, incluyendo, tal y como destacó, la posibilidad de reclamar apoyo a otros cuerpos y a las Fuerzas Armadas. Su activación, por tanto, suponía pasar de la gestión ordinaria de la frontera a un dispositivo extraordinario.

¿Quién debía activar el manual?

Aunque la normativa pública no atribuye de forma expresa un artículo concreto a la activación de este manual, sí se establece una cadena de mano clara dentro del Ministerio del Interior.

La activación del manual y de sus planes de contingencia urgentes correspondía formalmente, según han explicado fuentes del Ministerio del Interior a este periódico, a la Dirección General de la Policía y a la Secretaría de Estado de Seguridad. Eran ellos quienes debían certificar el desborde en la frontera para, a partir de ahí, activar la cadena legal que permite al Ministerio del Interior y al de Defensa reclamar el auxilio urgente de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas.

La Secretaría de Estado de Seguridad es el órgano superior del que dependen la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil. A la Secretaría de Estado le corresponde la dirección, coordinación y supervisión de los órganos dependientes y el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre sus funciones figura además la coordinación de los servicios y misiones de ambos cuerpos.

Por debajo de ella, el director general de la Policía ejerce el mando directo del cuerpo y tiene atribuidas la dirección, impulso y coordinación de los servicios y órganos centrales y periféricos, así como la distribución de los medios personales y materiales. También le corresponde obtener, centralizar, analizar, valorar y difundir la información necesaria para el desarrollo de las misiones policiales. Es decir, la declaración de Fages sitúa el problema en la cadena de mando policial. Y ahí es donde la documentación desclasificada por el Gobierno adquiere importancia.

Interior tenía información antes del 30 de julio

La Moncloa publicó en septiembre 40 informes, alertas y comunicaciones emitidos durante julio por la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y otros organismos. La propia documentación permite conocer no solo qué información existía, sino también sus destinatarios.

En el caso de la Policía Nacional, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) había elaborado diferentes documentos antes de la entrada. El 23 de julio consta un informe sobre inmigración marítima remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad. El 28 de julio aparece una nota interna y el 29 una actualización. Y el 29 de julio, a las 21.09 horas, el CENIF emitió además una nota informativa dirigida a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla.

La propia secuencia oficial incluye, además, una comunicación del CNI del 29 de julio a la Guardia Civil. A las 13.53 horas, el servicio de inteligencia explicó que disponía de información sobre "un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono" y que había varios grupos de Facebook y WhatsApp alentando esas entradas.

El problema es que esa información no parece haber llegado de la misma manera a los dos mandos que estaban en primera línea. El teniente coronel Lobo aseguró también este lunes que la Guardia Civil "no tenía aviso de que hubiera entradas masivas" y que en las reuniones de coordinación celebradas durante esa semana no se trató una convocatoria para entrar en Ceuta el día de la Fiesta del Trono. Lobo declaró que la noche anterior había informado de la presencia de seis embarcaciones marroquíes.

Un protocolo pensado para situaciones de desborde

La existencia de mecanismos de contingencia en la Policía Nacional tampoco es una cuestión menor. En una respuesta oficial registrada en el Senado en mayo de 2026, el Gobierno reconoce que la Policía dispone de diferentes planes de contingencia para afrontar incidencias operativas en puestos fronterizos y que, cuando las circunstancias lo requieren, puede trasladar efectivos de la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) para hacer frente a picos de afluencia masiva. La respuesta señala además que las unidades de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras realizan análisis para dimensionar recursos y prever escenarios de gran afluencia.

Esos mecanismos se desarrollaron en un contexto marcado por las crisis migratorias que España había afrontado en los años anteriores, especialmente la presión sobre Canarias y las entradas registradas en Ceuta en mayo de 2021. La crisis canaria de 2020 y 2021 obligó al Estado a reforzar recursos policiales y de acogida ante un volumen de llegadas que desbordó en distintos momentos las capacidades.