La acampada de Sol se muda a "los barrios" tras atribuirse el adelanto electoral y se desvincula de quienes se niegan a desalojar

Algo más de un mes después de que el Sindicato de Inquilinas levantara las primeras tiendas de campaña a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, la acampada por el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol ha iniciado su disolución. La mayoría de las comisiones organizadoras integradas en Acampada 26S han acordado abandonar el céntrico kilómetro cero madrileño para emprender una "mudanza a los barrios" y reconvertirse en el Movimiento 26S, un repliegue escalonado que deja sobre el terreno un escenario de notable tensión: en la plaza ya solo permanecen las personas en situación de calle y grupos no adscritos que se niegan a desalojar.

En un comunicado conjunto, las comisiones dan por amortizada su presencia física continuada en Sol para enfocar sus esfuerzos en la preparación de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. "Comenzamos la llamada 'mudanza' a los barrios para transmutar en un movimiento social y de clase trabajadora [...], finalizando así nuestra actividad en Puerta del Sol", recoge el texto. Los portavoces aseguran que su pulso continuará "salga quien salga y esté quien esté en el Congreso de los Diputados después de las elecciones del 29N".

A modo de balance, el colectivo se atribuye hitos como haber "cambiado el marco del relato" en torno a la vivienda, la aprobación de dos reales decretos y haber forzado "una convocatoria de elecciones anticipadas". "Nos despedimos de esta etapa cargadas de aprendizajes y con la certeza de que los procesos colectivos no terminan necesariamente cuando cambia el espacio que los acoge. La acampada ha sido "un punto de partida", señalan, recalcando que "esto es tan sólo un comienzo".

Desvinculación de los sin techo

El levantamiento del campamento no se está produciendo de manera ordenada. Los propios promotores admiten que el protocolo de desmontaje por etapas no se ha podido ejecutar "como habrían deseado" por "distintas circunstancias" y por el propio desgaste de las fuerzas tras semanas de ocupación.

Sobre el asfalto de la plaza, el ritmo de retirada es muy lento y se registran momentos de fricción entre quienes recogen sus pertenencias y aquellos manifestantes sin adscripción que rehúsan marcharse. A este núcleo se suma la 'Asociación de personas sin hogar', un colectivo surgido al calor de la propia acampada pero con "su propia organización y horizonte político".

Ante este escenario, Acampada 26S ha marcado distancias de forma expresa, advirtiendo de que cualquier acción que emprenda a partir de ahora este colectivo responderá únicamente a su "voluntad y responsabilidad", sin que exista ningún vínculo de "representación, coordinación u organización" entre ambas partes.

Miedo a los altercados

A la división interna se añade el temor manifestado por varios de los acampados ante el riesgo de que se produzcan incidentes y saqueos en la zona centro, ante las recientes convocatorias de la plataforma radical Blocus, que han llevado a desplegar alertas de seguridad en ejes comerciales cercanos como la calle Alcalá.

La desmovilización llega, además, tras un endurecimiento del cerco administrativo y judicial sobre la acampada. El pasado lunes, la Delegación del Gobierno en Madrid remitió una comunicación formal a la comisión legal de la protesta advirtiendo de que, transcurrido un "tiempo razonable" y habiendo mutado las reivindicaciones iniciales, "podría resultar legítimo ponerle fin" a la concentración. La advertencia fue una de las últimas firmas estampadas por el anterior delegado, Francisco Martín, antes de presentar su dimisión, una línea de actuación que mantiene su relevo, Pilar Trinidad.

En paralelo, la Comunidad de Madrid elevó el conflicto a los tribunales este viernes al interponer una denuncia penal ante el Tribunal de Instancia contra el propio Francisco Martín. El Ejecutivo regional le acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos por no haber ordenado el desalojo policial de lo que consideran una "acampada ilegal".