La campaña electoral del 29-N ya está en marcha y los españoles votarán en exactamente dos semanas. Pero fue este domingo cuando el PSOE presentó su programa electoral para estas generales. 114 páginas, un total de 500 compromisos para la próxima legislatura si Pedro Sánchez puede volver a gobernar, una hipótesis que por ahora la mayoría de las encuestas no dibuja. El presidente ya apuntó las principales líneas del documento, focalizando la atención en vivienda —un impuesto contra la especulación de los fondos buitre—, en una nueva prestación retribuida para el cuidado de los menores de ocho años o la creación de una nueva figura jurídica, la unión de amistad, para reconocer los vínculos de quienes no son pareja o familia pero sí se cuidan y acompañan. Pero hay muchas más medidas y estas son algunas de las principales.
Un 1% del PIB para vivienda. El PSOE asegura que se plantea una política "ambiciosa" para garantizar el derecho a la vivienda, primera inquietud de los ciudadanos y la razón de ser de estas elecciones del 29-N. Entre las medidas, pone sobre la mesa la reforma de la Constitución para que la vivienda se considere un derecho fundamental. Un cambio en la Carta Magna —lo proponen los socialistas para otros derechos, como el acceso al aborto o la revalorización de las pensiones— que requiere del concurso del PP, necesariamente. El documento plantea asimismo movilizar anualmente un 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda, dado que la vivienda a precio asequible "será la principal prioridad de la legislatura, con objetivos que se evaluarán de forma periódica".
Asimismo, se destinará, promete el PSOE, el 1% de la licitación anual de obra pública a constituir un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible. El partido prevé constituir "un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante la construcción y adquisición para incrementar la oferta de vivienda para la venta o alquiler estable a precio asequible, que se sumarán a las promovidas por las comunidades autónomas y las entidades locales en el ejercicio de sus
competencias". Los ingresos de ese parque estatal se reinvertirán en "nuevas actuaciones de vivienda asequible". Sánchez propone igualmente movilizar suelo público para desarrollar "en promoción directa, en concesión de obra pública o en colaboración público-privada". Alberto Núñez Feijóo ha prometido construir un millón de viviendas de aquí a 2030, aunque no ha dado detalles de cómo pretende hacerlo.
Los socialistas plantean potenciar la construcción industrializada —ha sido otro de los objetivos en esta legislatura de la ministra Isabel Rodríguez— y aprobar una ley de sostenibilidad y movilización del suelo, "para agilizar y simplificar los procesos de desarrollo urbanístico, manteniendo las garantías sociales y ambientales". Es otra de las cuestiones pendientes de este último mandato, imposible de salir adelante por la oposición de Sumar y los socios de izquierda y también del PP.
Ampliación de los contratos de alquiler. El programa socialista va menos lejos que el real decreto ley de prórroga automática de los alquileres que aprobó el Consejo de Ministros por la presión de Sumar (y del Sindicato de Inquilinas) y que tumbó por dos veces el Congreso. El texto plantea "ampliar la duración de los contratos de arrendamiento, reforzando la estabilidad residencial" de los inquilinos. Sí que se apunta a la congelación del precio de los alquileres, como ya está en vigor, para evitar así "incrementos abusivos en los mercados tensionados". El PSOE también recoge del decreto ley de vivienda que sí fue convalidado otras medidas: propone "actualizar las deducciones fiscales" para los inquilinos y "consolidar las bonificaciones fiscales" para los caseros que reduzcan los precios del alquiler. Se ofrece a ampliar la dotación del programa TuCasa en caso de que se agoten los 10.000 millones de euros de la línea de préstamos de hasta 50.000 euros sin intereses para la adquisición de una primera vivienda.
Más impuestos para los grandes tenedores. Es la medida que anunció Sánchez este domingo por la mañana en su mitin de Alcorcón. El programa alude a un impuesto contra la especulación de los fondos buitre y los grandes propietarios. Así, "se gravará con un impuesto progresivo la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler residencia asequible. Las viviendas que se dediquen a fines turísticos, que estén vacías, o que se pongan en alquiler a un precio abusivo serán objeto de este nuevo impuesto. Su objetivo", señala el PSOE, "es frenar la acumulación especulativa de vivienda y movilizarla hacia el alquiler asequible". Además, se mantendrá y garantizará "la limitación de la compra de viviendas por fondos especulativos".
En el programa figura asimismo que el Ejecutivo permitirá a los municipios que lo deseen que pongan un impuesto sobre las pernoctaciones en las viviendas de uso turístico que genere recursos para esos ayuntamientos. Una especie de tasa turística que ya opera en algunas ciudades y que se cobra en los hoteles para que también se pueda pagar por alojarse en pisos turísticos.
Un marco más estable frente a los desahucios. El desalojo de Maricarmen Abascal del piso en Madrid en el que vivía desde hacía más de siete décadas ocasionó una protesta social sin precedentes que cristalizó en manifestaciones y en una acampada en la Puerta del Sol que pervivió más de un mes. El Gobierno ya introdujo medidas de protección frente a los desahucios en su decreto ley principal de vivienda, finalmente convalidado, pero ahora el PSOE propone "un marco estable de protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional y creación de un mecanismo de garantía y protección frente al desalojo que dé respuesta a las emergencias habitacionales". El coste de la prohibición de los desahucios a las familias vulnerables seguirán corriendo a cargo de las administraciones, no del pequeño propietario.
"Seguir combatiendo" a los okupas. Una medida más del gusto de la derecha. Los socialistas prometen, "sobre la base de la puesta en marcha de juicios rápidos para el allanamiento de morada y la usurpación que existen desde 2025, seguiremos combatiendo las mafias de la ocupación y dando recursos a los juzgados de guardia para tramitar de forma ágil y efectiva estos delitos".
(Noticia en ampliación)
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