Existe una idea muy arraigada que apunta a que los hijos siempre tienen derecho a recibir una parte de la herencia de sus padres. Y, aunque el Código Civil protege a determinados familiares –lo que se conoce como la legítima– y limita la libertad de cualquier personas para decidir quién recibirá sus bienes cuando fallezca, la legislación contempla una serie de circunstancias excepcionales en las que el hijo puede perder tal derecho. En este sentido, la jurisprudencia ha ido marcando los límites, especialmente en los casos de maltrato psicológico, abandono y abuso económico. El resultado es un equilibrio entre dos principios: proteger los derechos de los herederos forzosos y evitar que esa protección ampare comportamientos especialmente graves contra los propios padres.
Una herencia no es solo una casa o una cuenta bancaria
La herencia puede repartirse de dos formas: mediante testamento, cuando el fallecido deja por escrito quién quiere que reciba sus bienes, o sin testamento, en cuyo caso es la ley la que determina quién hereda. Sin embargo, ni siquiera hacer el escrito permite decidir libremente el destino de todo el patrimonio.
Esto se debe a la legítima, la parte de la herencia que la ley reserva a determinados familiares, principalmente los hijos y descendientes en el caso de que los haya, a los padres y ascendientes y una parte queda reservada al cónyuge viudo. En el caso de los hijos, el Código Civil establece que, por regla general, les corresponden dos tercios de los bienes de sus padres. Aun así, existen excepciones que permiten privar a un familiar de su derecho a heredar cuando concurren determinadas causas legales. Las dos principales figuras son la indignidad para suceder y la desheredación.
Las vías para perder el derecho a heredar
Aunque suelen confundirse, son dos mecanismos distintos. La indignidad para suceder impide heredar a quienes han cometido determinadas conductas especialmente graves, como atentar contra la vida del fallecido o utilizar la violencia, el fraude o el engaño para impedirle hacer o modificar su testamento. La desheredación, en cambio, es una decisión que toma el propio testador y que debe dejar expresamente recogida en su testamento, siempre que exista una causa reconocida por la ley. En el caso de los hijos, el Código Civil contempla, entre otros motivos, haber negado injustificadamente alimentos a sus padres o haberlos maltratado físicamente o injuriado gravemente. Además, durante mucho tiempo, el maltrato se interpretó principalmente como una agresión física. Sin embargo, los tribunales han ampliado dicha interpretación y han reconocido que el maltrato psicológico también puede ser motivo para desheredar.
El Supremo amplía el concepto de maltrato
Uno de los cambios más relevantes en el derecho sucesorio español llegó de la mano del Tribunal Supremo, que terminó reconociendo que el maltrato psicológico podía encajar en la objeto legal de maltrato de obra –causar violencia sin llegar a producir una lesión–. La interpretación judicial partió la idea de que el daño causado a una persona no tiene por qué dejar marcas físicas para ser jurídicamente relevante, pues el menoscabo de su salud emocional y mental también puede constituir una forma de maltrato. De este modo, determinadas conductas continuadas de hostigamiento, menosprecio o abandono pueden justificar que un progenitor prive a un hijo de su legítima.
Pero no cualquier conflicto familiar permite adoptar esta decisión. Un enfado, una discusión o un distanciamiento puntual no son suficientes. Para que el maltrato psicológico tenga relevancia jurídica debe existir una conducta de especial gravedad, continuada y atribuible al heredero, que provoque un sufrimiento moral real en el progenitor. La diferencia entre una relación familiar deteriorada y un supuesto de maltrato jurídicamente relevante resulta, por tanto, decisiva.
La desheredación
La jurisprudencia ofrece ejemplos de situaciones en las que los tribunales han considerado justificada la pérdida de la legítima; por ejemplo, el Tribunal Supremo sentó un precedente en un caso que examinaba la desheredación de un hijo por el trato dispensado a su madre, una mujer de avanzada edad. Según los hechos, el hijo utilizó maniobras engañosas para conseguir que su madre le donara ante notario, tanto a él como a sus descendientes, prácticamente todo su patrimonio personal. La operación la dejó sin ingresos ni recursos suficientes para afrontar dignamente la última etapa de su vida. La madre decidió desheredarlo en su último testamento. Sin embargo, la Audiencia Provincial había anulado inicialmente esa decisión al considerar que el daño psicológico no encajaba en la expresión literal de maltrato de obra recogida en el Código Civil.
El Tribunal Supremo corrigió ese criterio y confirmó la validez de la desheredación. El magistrado, entendió que el comportamiento del hijo, marcado por el trato desconsiderado y el hostigamiento económico, había sumido a la madre en un estado de profunda afectación emocional. El alto tribunal consideró que ese sufrimiento constituía maltrato psicológico y que, por tanto, podía justificar la privación de la legítima.
Otro caso relevante fue resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid cuando una hija recurrió el testamento de su padre después de haber sido desheredada. Durante el procedimiento se acreditó que había realizado una declaración inculpatoria contra su progenitor en un proceso penal que el tribunal consideró inverosímil. Pero los hechos no terminaron ahí.
Durante los últimos años de vida del padre, que padecía una enfermedad grave, la hija ignoró reiteradamente sus llamadas y mensajes de auxilio. El progenitor quedó al cuidado de otros familiares y amigos, sin recibir la atención de su descendiente. La distancia llegó hasta el punto de que la hija tampoco acudió a visitarlo en sus últimos momentos ni asistió a su funeral. La Audiencia consideró que aquella desatención voluntaria en una situación de especial vulnerabilidad constituía un supuesto de maltrato psicológico que podía justificar la desheredación.
No hablarse con los padres no basta para perder la herencia
La evolución de la jurisprudencia no significa que los padres puedan desheredar libremente a sus hijos por una mala relación familiar. El Tribunal Supremo ha insistido en que la falta de contacto, el distanciamiento o la ausencia de afecto no constituyen por sí solos una causa legal para privar a un descendiente de su legítima.
Así lo estableció en una sentencia del 2 de junio, en la que examinó la desheredación de tres hijos por parte de su padre. El progenitor había justificado su decisión alegando la falta de relación y el abandono afectivo tras la separación matrimonial. Sin embargo, el Supremo declaró nula la desheredación y reconoció el derecho de los hijos a percibir su legítima.
La razón fue determinante: no puede atribuirse automáticamente a los hijos la responsabilidad por una ruptura familiar. En aquel caso, el distanciamiento había comenzado cuando los descendientes todavía eran menores de edad o acababan de alcanzar la mayoría de edad, en el contexto de una separación conyugal conflictiva promovida y alimentada por el propio padre. Además, este había ocultado su paternidad en los registros médicos. El Tribunal Supremo concluyó que no podía imputarse a los hijos el origen de aquella falta de relación, por lo que no concurrían los requisitos necesarios para considerar que existía maltrato psicológico.
La sentencia refuerza así un criterio fundamental: para que el distanciamiento familiar pueda justificar una desheredación, debe ser exclusivamente imputable a los hijos de forma reprobable y provocar un menoscabo psíquico acreditado en el progenitor. No basta, por tanto, con que un padre y un hijo hayan dejado de hablarse. También importa por qué se rompió la relación y quién fue responsable de esa ruptura.
Quién tiene que demostrar el maltrato ante un juez
Cuando una desheredación llega a los tribunales, la prueba adquiere una importancia decisiva. El testador debe identificar en su testamento la causa legal por la que decide privar de la legítima a uno de sus herederos forzosos. Si, tras su fallecimiento, el hijo desheredado niega los hechos y recurre la decisión, corresponde a los herederos instituidos demostrar que la causa alegada es cierta. Es decir, la carga de la prueba recae sobre quienes defienden la validez de la desheredación.
Si no consiguen acreditar de manera suficiente la existencia del maltrato, las injurias o la conducta que justificaba la decisión, la desheredación puede declararse injusta. En ese supuesto, la institución de heredero deberá modificarse en lo necesario para satisfacer la legítima estricta que corresponde al descendiente excluido. La exigencia de prueba constituye una garantía fundamental para evitar que una decisión tan trascendente como privar a un hijo de su legítima se base únicamente en la voluntad o en las afirmaciones del testador.
El perdón también puede cambiar el destino de una herencia
La legislación contempla, además, una última circunstancia que puede dejar sin efecto una desheredación: la reconciliación entre el ofensor y el ofendido. El Código Civil establece que, cuando se produce esa reconciliación, el testador pierde el derecho a desheredar y queda sin efecto la desheredación que ya hubiera realizado. El perdón puede manifestarse expresamente o desprenderse de hechos concluyentes que acrediten la recuperación de la relación familiar. En cualquiera de esos casos, el causante no puede recurrir posteriormente a los agravios anteriores para privar al descendiente de los derechos hereditarios que la ley le reconoce.
El derecho sucesorio español mantiene una protección rigurosa de la legítima, pero la jurisprudencia ha demostrado que esa garantía no es absoluta. El maltrato psicológico, el hostigamiento económico y el abandono grave e injustificado de un progenitor en una situación de especial vulnerabilidad pueden justificar la pérdida del derecho a heredar. Ahora bien, los tribunales también han dejado claro que una mala relación, la falta de comunicación o el distanciamiento familiar no bastan por sí solos.
La clave está en las circunstancias concretas, la gravedad de los hechos, su atribución al heredero y la posibilidad de acreditarlos judicialmente. En definitiva, la ley protege a los hijos frente a decisiones arbitrarias de sus padres, pero también ofrece mecanismos para impedir que esa protección se convierta en un escudo frente al maltrato. La legítima sigue siendo un derecho esencial en la sucesión, aunque no una garantía incondicional frente a cualquier comportamiento.
Te puede interesar