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Escuela de Todos reclama al Gobierno que lleve al TC las leyes del catalán para aplicar el 25% de castellano

Aragonès ve en la decisión del TSJC una "victoria" de la Generalitat porque permite posponer la aplicación de la sentencia

Ana Losada, José Domingo y Rafael Arenas, presidenta y responsables jurídicos de Escuela de Todos

Escuela de Todos, la plataforma que lidera la exigencia de que se cumpla la sentencia del 25% en castellano en la educación en Cataluña, ha exigido hoy al Gobierno que lleve la nueva normativa de la Generalitat al Tribunal Constitucional para suspenderlas. No es la única vía, pero sí la más viable, para conseguir que se aplique el próximo curso la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo el pasado noviembre.

Los responsables de la entidad han acusado a la Generalitat de «idear una trama para burlar la ejecución de la sentencia» y al Gobierno de «no mover un papel para no molestar» a sus socios de ERC. La consecuencia, han advertido, es una «vulneración de derechos» inaceptable en un estado de derecho.

El TSJC dictó el pasado viernes una providencia, conocida este lunes, en la que cuestiona la constitucionalidad de la Ley de uso de las lenguas oficiales en la enseñanza y el Decreto de aprobación de los proyectos lingüísticos, con los que la Generalitat ha buscado frenar la aplicación del 25% en castellano. El Tribunal entiende, sin embargo, que a la vista de estas nuevas normas no se puede aplicar la sentencia, como defiende la Generalitat.

Una interlocutoria que ha sido acogida con euforia desde el Govern. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la ha definido en su perfil oficial de twitter como una «victoria parcial» que permite «que prevalezcan los criterios pedagógicos, académicos y educativos para defender el catalán en la escuela».

«La Generalitat ha ideado una trama para burlar la ejecución de la sentencia estamos ante situación anómala y de extrema gravedad» ha lamentado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano. Domingo ha señalado, en este contexto, que «el Gobierno es el responsable máximo de garantizar la viabilidad del estado d derecho en España» y le ha reclamado que «asuma sus compromisos» recordando las múltiples ocasiones en las que la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que «las sentencias se cumplen en España».

Responsabilidad del Gobierno

El Gobierno «tiene ahora la oportunidad de dejar claro que está comprometido con la defensa de la Constitución y el estado derecho» ha añadido Domingo.

La presidenta de la Asamblea por la Escuela Bilingüe, Ana Losada, ha lamentado por su parte que «la lucha por conseguir la igualdad de derechos lingüísticos está en manos de las personas de a pie» porque el ejecutivo de Pedro Sänchez «no mueve un papel que pueda molestar a sus socios».

«Esto no es política, esto son derechos y pedimos a Gobierno que ponga fin a esta situación» ha añadido Losada. La líder de la AEB ha reconocido, además, que «duele ver como esta estrategia consigue dilatar la situación y como los políticos se han puesto de acuerdo para evitar la ejecución de sentencia».

Críticas al PSC

Losada ha sido especialmente dura con los socialistas catalanes, que apoyaron la ley sobre uso del catalán en la escuela aprobada por el Parlament. El PSC «se hizo la foto con aquellos que defienden la escuela monolingüe y hoy el TSJC les ha dicho que esa ley es inconstitucional» ha recordado.

«No se puede estar en todas las fotos» ha añadido, exigiendo a los socialistas catalanes que escojan «en qué foto quiere estar». y al Gob q elija si quiere gobernar o no de vulneración de dchos.

El catedrático y miembro de Impulso Ciudadano Rafael Arenas ha reconocido que lo que preocupa a la organización es que la cuestión de constitucionalidad que plantea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña posponga la aplicación de sentencia. «La cuestión constitucionalidad supondrá un retraso en la efectividad de la sentencia que lo que hace es declarar derechos constitucionales que están siendo vulnerados» ha advertido.

«La solución es clara», ha añadido. Si el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional tanto la ley como el decreto se suspenden ambas normas. Por tanto «desaparece el problema para ejecutar la sentencia. Está en manos del Gobierno poner fin a esta situación lamentable de burla del estado derecho en la que una administración se niega sistemáticamente a dar cumplimiento a una sentencia».

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