El reconocimiento de Cataluña como minoría nacional con solución posible para encajar las aspiraciones de Junts en el pacto de investidura, apuntado por La Vanguardia, ha abierto un nuevo frente de debate en torno a las negociaciones que el PSOE pivota a varias bandas. Una propuesta que ni los socialistas han querido entrar a valorar, mientras los Comunes directamente la descartan y desde el partido de Carles Puigdemont mantienen su hermetismo.

Pero esa propuesta, caso convertirse finalmente en el punto de encuentro entre socialistas e independentistas, descansará necesariamente en la lengua catalana como elemento cohesionador de esa "minoría nacional" que no tiene otra distinción del resto de España más allá del acervo cultural que incluye la lengua propia.

El Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales (FCNM por sus siglas en inglés) del Consejo de Europa no recoge una definición de minoría nacional porque no fue posible fijar un marco consensuado por todos los estados miembros. Establece que esa condición puede ser adoptada por acuerdo de las partes implicadas, y que se base a criterios objetivos como la religión, la etnia o la lengua.

Y el reconocimiento del catalán ha sido la primera de las batallas libradas por el independentismo en esta larga negociación para investidura de Pedro Sánchez, que arrancó con la negociación de la Mesa del Congreso, el pasado agosto.

Reconocimiento del catalán

Un acuerdo que tiene su próxima etapa este martes, con la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea. El pasado 19 de septiembre, en la primera reunión del Consejo convocada por la presidencia española de la UE, el Gobierno arrancó el compromiso de estudiar la medida por parte de sus socios europeos.

No hubo veto a la propuesta del Gobierno, que se ofreció a dar prioridad al catalán, en detrimento de euskera y gallego, para satisfacer la exigencia planteada por Junts para votar a Francina Armengol como presidenta del Congreso. Un avance que Puigdemont valoró positivamente, mientras Esquerra denunciaba que el Gobierno no se había esforzado lo suficiente para conseguir el apoyo de los socios comunitarios. El Consejo de Asuntos Generales invirtió apenas 45 minutos de debate para acordar estudiar los costes económicos y legales de la medida.

Este martes la promesa del Gobierno vivirá un nuevo examen, en el que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, tendrá que emplearse a fondo para demostrar ante Junts y ERC que el Gobierno no ha olvidado su promesa. El pasado 5 de septiembre, Puigdemont ya dejó claro en la conferencia en la que fijó el marco de su negociación con el PSOE que el avance del catalán en Europa será el barómetro con el que mida la fiabilidad de las promesas socialistas.

Minorías reconocidas por la UE

Más allá del catalán, el reconocimiento de Cataluña como minoría nacional ha sido un argumento recurrente en la defensa jurídica de Puigdemont tanto ante el Tribunal General de la Unión Europea en cada uno de los envites para conservar su inmunidad como europarlamentario como ante la justicia belga, para rechazar las euroórdenes dictadas por el Tribunal Supremo. Las tesis defendidas por el equipo jurídico que lidera Gonzalo Boye parten de la premisa de que Puigdemont forma parte de una "minoría nacional perseguida" por el Estado español.

Recurren así a un concepto jurídico reconocido tanto por el Consejo de Europa, que lo consolidó en un tratado de 1998, como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. El artículo 21 de la Carta reconoce en su punto primero el concepto jurídico de minoría nacional, al advertir que: "Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual".

Desde ámbitos independentistas, sin embargo, no han tardado en alzarse voces que advierten de que ese reconocimiento no implica el reconocimiento del derecho de autodeterminación, sino más bien al contrario. Ese es el análisis que hace también el profesor Juan Manuel Bautista Jiménez, quien señala en un trabajo para el Centro de Estudios Políticos y Sociales que el Convenio del Consejo de Europa "consolida la integridad territorial y la soberanía del Estado como límites que encauzan el disfrute de los derechos de las personas integrantes de las minorías".

En el mismo sentido se expresaba el ex director de la Oficina de Derechos Civiles de la Generalitat, Adam Majó. El concepto jurídico de minoría nacional "sirve para proteger a las personas que forman parte de esa minoría y para promover su identidad y cultura. No está pensado en clave de derecho colectivo y no incluye el derecho de autodeterminación" advertía en redes sociales.