Superadas las negociaciones de la investidura Pere Aragonès se enfrenta a su particular soledad en el Parlament. El presidente de la Generalitat afronta el último año de mandato -las elecciones autonómicas deben celebrarse a más tardar en febrero de 2025- con PSC y Junts como máximos rivales y a la vez únicos socios viables para alcanzar mayorías en el Parlament. Y con este escenario presenta las que serán sus últimas cuentas autonómicas con un gancho para atraer a socialistas y junteros: rebaja del tramo autonómico del IRPF a las rentas inferiores a los 33.000 euros.

La consejera de Economía, Natàlia Mas, anunció este lunes la medida, que no ha sido trasladada formalmente a ninguno de sus eventuales socios. Mas exhibió la condonación de 15.000 millones de la deuda de la Generalitat con el FLA para defender una rebaja fiscal a la que Esquerra se negó en rotundo hace un año. "En un momento de negociación de investidura con el Estado en la que hemos conseguido una corrección del déficit fiscal, esta mejora tiene q revertir en la ciudadania, en los mas afectados por el aumento del coste de la vida".

Una medida acogida con sorpresa desde Junts y críticas de los Comunes, los únicos que han apoyado todos los presupuestos de Aragonès. En 2021 los de Ada Colau garantizaron con su abstención la aprobación de las cuentas firmadas por el juntero Jaume Giró, tras el portazo de la CUP. Esquerra aprobó sus últimas cuentas con el concurso de PSC y CatEC, tres meses después de que Junts abandonara el Govern.

Ahora el ejecutivo de Aragonès vuelve a señalar a los grupos independentistas -Junts y la CUP- como socios prioritarios, pero anuncia negociaciones también con socialistas y comunes. Los dos partidos que gobiernan España gracias a los votos de Esquerra -entre otros- y en el caso de los socialistas también el Ayuntamiento de Barcelona, donde Jaume Collboni está tan solo como Aragonès.

Lo último que interesa a Salvador Illa, que ya ganó por la mínima las últimas elecciones autonómicas, es salvar las cuentas de Aragonès a un año -si se agota la legislatura- de las elecciones autonómicas. El PSC ganó holgadamente las elecciones municipales y generales de este año en Cataluña y aspira a hacerse con la Generalitat en las próximas autonómicas. Pero el pacto de investidura puede dificultar enormemente una labor de oposición que los grupos de PP, Vox y Cs tachan ya de inexistente.

Alicia Romero

"Si no se cumplen los acuerdos de 2023 no negociaremos los presupuestos de 2024" ha advertido la portavoz parlamentaria del PSC, Alicia Romero. La socialista se refiere a la aprobación del proyecto hotelero Hard Rock, en Tarragona, la conclusión de la carretera B-40 en Barcelona y un acuerdo para la ampliación del Aeropuerto de El Prat. Tres compromisos aceptados por el Govern hace un año para conseguir el apoyo del PSC a sus cuentas, que siguen sin cumplirse.

Los socialistas insisten en que el Govern no ha ofrecido nigún avance en las reuniones de balance de cumplimiento de los acuerdos y apuntan, no sin ironía, que "confiamos en la palabra de Aragonès, pero necesitamos hechos". La negociación, añade Romero, exige "generar confianzas basadas en acuerdos cumplidos".

Advierten además que "el tiempo no es infinito, tenemos unos plazos para cumplir el acuerdo". Unos plazos que en el caso de Hard Rock ya llevan cinco meses de retraso, puesto que el proyecto urbanístico debía aprobarse antes del 30 de junio. Sin el cumplimiento de estos tres pactos "a nosotros se nos hace imposible iniciar una negociacion. Govern sabe cuales son nuestras condiciones, se lo digo en reuniones de seguimiento, si no se cumplen compromisos Govern sabe que no puede contar con nosotros para iniciar una negociacion presupuestaria".

Empieza en trámite

La Ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes ya pasó por el Consejo técnico del Govern este martes y ha sido remitida al Consejo Económico y Social, antes de abrirse las negociaciones formales con los posibles socios de Esquerra. El Govern prevé aprobarla en el Consell Executiu de esta semana, la próxima como tarde, según avanzó la portavoz Patricia Plaja.

El texto, que prevé esa rebaja del IRPF anunciada por Mas, incluye también bonificaciones fiscales a las víctimas violencia machista. También ayudas para el acceso a la vivienda y la ampliación de los beneficiarios de la deducción por vivienda habitual, apuntan desde el Govern. En los últimos años Junts ha virado en términos de política económica y se ha sumado a las denuncias de PP o Cs sobre la elevada carga fiscal que soportan los catalanes. Una presión que Esquerra ha defendido hasta ahora, alineándose con Comunes y la CUP.

Desde Junts dan "la bienvenida" al giro republicano y su apuesta por las rebajas de impuestos, de los que aseguran que "nos enteramos por la prensa". Su portavoz, Josep Rius, recuerda en este sentido que la rebaja del IRPF para paliar los efectos de la inflación fue una de las cuestiones que Junts planteó hace un año. Entonces el Govern "se negó en redondo". Ahora "falta ver si esta rectificación de ERC es una propuesta en firme".

Pese a las suspicacias expresadas, Junts se reunirá con la consellera Mas la próxima semana para abrir la negociación de los presupuestos. "Entonces podremos valorar" la propuesta, apuntan, asegurando que el partido está abierto a los presupuestos catalanes.